Bruselas sienta las bases para crear centros de deportación de migrantes fuera de la UE como los de Meloni

En pleno auge de la ultraderecha y con cada vez más gobiernos endureciendo la política migratoria, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió de par en par la puerta a los centros de deportación de personas migrantes que se encuentran en situación irregular en el continente siguiendo la estela de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni en Albania. Ahora el gobierno comunitario sienta las bases para permitir ese tipo de centros de retorno fuera de las fronteras comunitarias, aunque con ligeras diferencias respecto al modelo de Meloni.

“La propuesta introduce la posibilidad de devolver a los nacionales de terceros países a los que se haya dictado una decisión de retorno a un tercer país con el que exista un acuerdo o arreglo para el retorno («centros de retorno»)”, recoge la introducción del texto legislativo al que ha tenido acceso elDiario.es. “La posibilidad de devolver a los inmigrantes irregulares a esos países debe estar sujeta a condiciones específicas que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas”, agrega el documento, que no es especialmente prolijo en ese apartado. La UE tiene acuerdos para el control de los flujos migratorios con países como Túnez o Marruecos, a pesar de las múltiples denuncias de vulneraciones de los derechos de las personas migrantes.

El funcionamiento para los 'centros de retorno' consistirá en un “acuerdo o convenio con un tercer país en el que se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos de conformidad con el Derecho internacional” en el que se establecerán “las modalidades de traslado, así como las condiciones para el período durante el cual el nacional del tercer país permanezca en el país, que podrá ser a corto o largo plazo”. “Dicho acuerdo o convenio irá acompañado de un mecanismo de seguimiento para evaluar la aplicación y tener en cuenta cualquier cambio de circunstancias en el tercer país”, apostilla la propuesta.

En otras palabras, los países de la UE podrán llegar a acuerdos con países extracomunitarios para establecer centros de deportación a los que se enviará a las personas migrantes a las que se le haya denegado el asilo o que no cumplan los requisitos para estar en suelo europeo. La diferencia con los centros de Meloni en Albania, que han sido rechazados por la Justicia italiana, es que a esos centros se envía directamente a las personas que se rescata en el mar, aunque no se haya resuelto su solicitud de asilo, por ejemplo.

El planteamiento de la Comisión Europea es que se queden fuera “los menores no acompañados y las familias con menores quedan excluidos del retorno a un país con el que exista un acuerdo o convenio de retorno”.

Multas para los migrantes que no cooperen en su deportación

La UE se encamina así a dar un paso más en su endurecimiento de la política migratoria al permitir que las personas migrantes sean devueltas a lugares en los que no tienen ningún tipo de arraigo y que son distintos al de origen en la nueva directiva de retornos con la que la Comisión Europea pretende incrementar las devoluciones de personas sin papeles, que actualmente es del 20%.

La pretensión es crear un marco común para el conjunto de la UE, pero sobre todo endurecer aún más las condiciones. Por ejemplo, se aumenta hasta los diez años la prohibición de entrada para las personas que son deportadas y se podrá extender por periodos de cinco años. También establece las condiciones en las que se pueden producir detenciones de personas migrantes y, en el caso de las que las autoridades determinen que suponen un “riesgo para la seguridad”, se amplían los plazos, que pueden ir más allá de los 24 meses si lo autoriza un juez.

El nuevo reglamento, que será de aplicación directa para los estados miembros una vez que sea aprobado, establece una serie de obligaciones para los migrantes a lo largo del proceso de devolución, que pueden derivar en sanciones en el caso de que no cooperen.

Los castigos contemplados en esa legislación van desde la denegación o reducción de determinadas prestaciones y subsidios concedidos, la denegación de los incentivos contemplados para los retornos voluntarios, la incautación de los documentos de viaje, la retirada del permiso de trabajo, la prórroga de la prohibición de entrada en la UE hasta las multas. Para aquellos que dificulten el proceso se contempla directamente la detención. Las detenciones por riesgo de fuga se ampliarán de los actuales 18 meses a los 24 meses. En los supuestos de detención en los que no haya centros específicos, se les podrá derivar a cárceles, aunque separados de los presos comunes.

La propuesta de la Comisión Europea tendrá ahora que negociarse con el Consejo de la UE (donde están representados los gobiernos europeos cada vez más escorados a la derecha) y el Parlamento Europeo, que es también el más derechizado de la historia. “Son inaceptables los 'return hubs' en países terceros que no son ni de origen ni tránsito”, alerta el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar, que considera que los retornos no dependen de una “ley que los endurezca o refuerce su obligatoriedad para los estados miembros sino de una diplomacia UE de acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito, con incentivos mutuos, que posibiliten repatriaciones dignas, voluntariamente aceptadas, con pleno respeto a los derechos humanos”.

El planteamiento, que sigue la estela de una mayoría de países europeos que habían exigido un endurecimiento de la política de deportaciones, hace saltar las alarmas de la ONG. “Esta nueva propuesta será perjudicial y confirma la obsesión de la UE por las deportaciones, en lugar de considerar medidas que puedan fomentar realmente la inclusión social y la regularización. En su lugar, es probable que esperemos más personas encerradas en centros de detención de inmigrantes en toda Europa, familias separadas y personas enviadas a países que ni siquiera conocen”, señala Silvia Carta, de la Plataforma Internacional de Migrantes sin papeles.