Así es el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género: tipificar la violencia económica y la digital como delitos

El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido aprobado este miércoles con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Entre los cambios más destacados que introduce respecto al primer pacto, aprobado en 2017, se encuentran el reconocimiento de la violencia económica y de la violencia digital, la petición de eliminar el uso del llamado síndrome de alienación parental en los informes o el requerimiento de mejorar los protocolos laborales para proteger a las víctimas de violencia de género en su lugar de trabajo. 

Entre las 462 medidas aprobadas, también cobra importancia la violencia vicaria. El texto pide reformar la ley de 2004 para incluir a los menores como víctimas directas. Además, se insta a acometer cambios en el sistema penal —como suprimir la atenuante de confesión del delito.

El acuerdo contempla una financiación estatal de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años, 500 más que el pacto de 2017. Cabe recordar que el texto aprobado contempla una serie de compromisos políticos, pero es necesario un desarrollo legislativo específico.

Violencia económica

El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género señala que la violencia económica “no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal”. 

En definitiva, la conceptualiza como “limitar, suprimir o controlar el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos”. 

Uno de los compromisos es reformar el artículo 227 del Código Penal, sobre el impago de pensiones, para ampliar el tipo penal, incluyendo otras formas de explotación económica en el marco de la violencia de género. Pero, también, para que ese tipo penal contenga modalidades agravadas. “Por ejemplo, que se considere de especial gravedad el impago de pensiones cuando impida el acceso a recursos básicos para la vida o suponga la pérdida de la vivienda (por impago de alquiler o hipoteca, que puede desembocar en un desahucio)”, como explica a Newtral.es la magistrada Lucía Avilés, vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Violencia digital

La inclusión de la violencia digital también es una de las novedades que destacan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que acaba de ser aprobado. El texto la define así: “Todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este, como los teléfonos móviles, internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer por el hecho de serlo”. 

Uno de los acuerdos alcanzados es sancionar los deepfakes “de contenido sexual o gravemente vejatorios”, pero también tipificar como delito los supuestos de violencia digital o ciberdelincuencia de género. Eleonora Espósito, investigadora de la Universidad de Navarra especializada en violencia digital de género, celebra que se incluya en el nuevo Pacto de Estado, pues “la tecnología es un facilitador de violencia”. “Sin caer en el determinismo”, advierte, “pues no es internet quien odia a las mujeres, sino que son los hombres a través de internet”. 

Respecto a estos compromisos concretos, Espósito considera que sería clave a la hora de legislar contemplar “la responsabilidad de las empresas tecnológicas”, por ejemplo, obligándolas a “mejorar los sistemas de detección y a detectar los sistemas que permiten que ese contenido violento se haga viral”. En cuanto a incorporar la violencia digital al Código Penal, esta investigadora recuerda que “crear tipos delictivos muy amplios puede dificultar la persecución porque si todo es violencia, nada lo es”.

La criminóloga y jurista Patricia Hernández, profesora e investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya, considera necesario incidir en que “en el mundo digital tenemos una falsa sensación de seguridad”, por lo que “más allá de tipificar como delito determinadas conductas, hay que formar a la ciudadanía en estrategias de autoprotección”.

Violencia vicaria

Uno de los problemas que ocupa más espacio en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el referente a la violencia vicaria. Uno de los principales compromisos es reformar la ley de 2004 para incluir a los menores como víctimas directas de la violencia de género. También se propone que sean los propios menores los que puedan denunciar, para lo cual cabría “adaptar los servicios policiales a sus circunstancias”. Otro de los compromisos es perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo de violencia de género para que incluyan indicadores específicos sobre violencia vicaria.

Sistema penal

Reformar el Código Penal también forma parte del pacto aprobado. En concreto, se propone suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género y también la atenuante de reparación del daño. 

En este sentido, Patricia Hernández apunta que la atenuante de confesión “está prevista para todos los delitos y nunca se ha contemplado suprimirla, ni siquiera en casos de homicidios y asesinatos a menores de edad”. “Habría que justificar por qué la quitamos aquí y no en otros casos”, añade la criminóloga.

Hernández analiza de forma similar la supresión de la atenuante de reparación del daño: “No parece del todo adecuado eliminarla en todas las situaciones, de forma tan generalista, sino que habría que analizar caso por caso. Puede haber contextos y casos en los que esa reparación del daño, bien gestionada y supervisando su viabilidad por especialistas, podría ser incluso positiva para la víctima si se lleva a cabo en las condiciones adecuadas”.

Otras medidas

De entre las 462 medidas aprobadas en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además de las expuestas, destacan otras en ámbitos como el laboral, el sanitario o el de vivienda.

• Trabajo. Mejorar los protocolos para la prevención y para la protección de las víctimas de violencia de género en lugar de trabajo.
• Vivienda. Asegurar que las comunidades autónomas cuenten con recursos habitacionales suficientes y dignos para las mujeres víctimas. 
• Sanidad. Adaptar los protocolos sanitarios para que, en caso de sospecha de que la sintomatología de una paciente pueda estar asociada a maltrato, se activen formas de identificar casos de violencia de género. Como ya explicamos en Newtral.es, los centros de salud y los hospitales son vías de detección temprana.

Otro compromiso del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género sería elaborar “un protocolo de actuación para la prevención y protección de las víctimas de violencia de género en situaciones de catástrofe o emergencia” —casos como la erupción del volcán de La Palma o las inundaciones de la dana. 

También se pide que los operadores jurídicos supriman el uso del llamado síndrome de alienación parental por carecer de base científica. En este sentido, se insta también a eliminarlo de los informes que elaboran los equipos psicosociales.  Fuentes

• Pacto de Estado contra la Violencia de Género
• Informe del grupo de trabajo sobre el llamado síndrome de alineación parental