Andalucía se opuso a que el juez anulase la licencia del Algarrobico tres días antes del anuncio de expropiación de Montero

El pasado mes de febrero, el Gobierno de Juan Manuel Moreno remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sus alegaciones contra un escrito de la promotora del hotel Algarrobico, en el que esta entidad (Azata del Sol) había solicitado al juez que anulase de oficio la licencia urbanística del inmueble, si el Ayuntamiento de Carboneras se seguía resistiendo a hacerlo.

La promotora Azata del Sol, que pretende una indemnización por su hotel ilegal e inacabado, había pedido por escrito al TSJA que, si el Ayuntamiento no cumplía con la previsible anulación de la licencia, fuera el propio tribunal quien lo hiciera, un escenario que contempla la ley y del que hay precedentes. Pocos días después, los ecologistas se sumaron a esta petición.

Pero el 7 de febrero, tres días antes de que la ministra María Jesús Montero anunciara su intención de expropiar los terrenos del Algarrobico, los letrados de la Junta remitieron al TSJA sus alegaciones en contra de la petición de la promotora, cuyo objeto era finiquitar la maraña judicial que dura años y pasar página al siguiente capítulo, a saber: la demolición del hotel y la posible indemnización a la empresa.

El Gobierno de Moreno se opone frontalmente a la expropiación anunciada por Montero, subrayando que la vía más rápida para la demolición del hotel pasa por que el Ayuntamiento revise y anule la licencia urbanística. Sin embargo, cuando el Alto Tribunal andaluz le instó a posicionarse sobre la posibilidad de agilizar ese trámite -asumiéndolo de oficio el juez, en lugar del Consistorio- el Ejecutivo andaluz se mostró reacio y presentó alegaciones contra esta propuesta.

La Junta respondió al juez subrayando que debe ser el Ayuntamiento de Carboneras, que hasta ahora no ha avanzado en nada ni ha dado muestras de agilidad alguna, el que “admita y tramite ese procedimiento” que lleve a anular la licencia, según el escrito de alegaciones al que este medio ha tenido acceso. El letrado de la Junta defiende en su escrito que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subraya el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

Revisión o expropiación

El propio Juan Manuel Moreno declaró la pasada semana que “el camino más rápido” para tumbar la mole es anular la licencia, y dijo que no contempla otra opción. Lo mismo dijo la portavoz de su Gobierno, Carolina España. La Junta de Andalucía discrepa de la vía recién abierta por el Gobierno de España, que quiere ahora expropiar el 40% de los terrenos (lo situado en zona de dominio público) y que la administración autonómica haga lo mismo con el resto.

El desacuerdo ha provocado un enfrentamiento abierto con el Gobierno de Sánchez, encarnado aquí en María Jesús Montero, vicepresidenta y futura candidata socialista a presidir la Junta, quien a comienzos de febrero anunció por sorpresa la intención de expropiar a los pies de El Algarrobico, dejando descolocado al Ejecutivo de Moreno.

La reunión bilateral de hace unos días aumentó los decibelios de la bronca. Según la Junta de Andalucía, los técnicos del ministerio central no aclaran cómo pretenden ejecutar la expropiación, que hará que El Algarrobico “se eternice”. Por su parte, en el Ministerio acusan a la Junta de falta de “voluntad política” para derribar la mole y de cerrarse a nuevas soluciones que desbloqueen la situación, cuando la vía de revisar la licencia lleva años empantanada.

Hace un año que se activó la ejecución de la sentencia de 2018 que ordena revisar la licencia. El 29 de febrero de 2024 el TSJA dio un mes al Ayuntamiento para que acreditase que ya ha iniciado los trámites. Hasta ahora, eso no ha ocurrido. El pasado 14 de febrero el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) admitió en Canal Sur que el proceso aún no ha empezado, dijo que comenzará pronto y que podría llevarle hasta cinco años. Hace unos días añadió que “está por ver” que el Consistorio vaya a concluir la revisión anulando la licencia.

“En cuanto a que el órgano judicial asuma la ejecución de manera subsidiaria en caso de inacción municipal, la Junta de Andalucía no se ha pronunciado al respecto. Esto no implica que la Junta se oponga, simplemente no hemos emitido una valoración, ya que es una decisión exclusiva del organismo judicial”, explican ahora desde la Consejería de Sostenibilidad, en relación a la falta de apoyo para que los jueces ejecuten si no lo hace el Ayuntamiento.

Para José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas desde que en 2006 un juez paró la obra, insistir en que sea el Ayuntamiento el que tome las riendas aboca a otro “callejón sin salida”, de modo que la postura de la Junta es una muestra de “cinismo”: “A la opinión pública le dicen una cosa y en los tribunales hacen la contraria”. Domínguez subraya que la intervención del TSJA acortaría el trayecto al derribo: “Porque si es el Ayuntamiento el que revisa y concluye que la licencia es legal, recurriremos nosotros y si decide que la licencia es ilegal recurrirá Azata. En cambio, si es el TSJ el que declara nula la licencia nos ahorramos cinco años de pleitos”.

El TSJA debe ahora pronunciarse. Si admite revisar él mismo la licencia abrirá un escenario sorprendente: un proceso en el que ecologistas y promotora están de acuerdo, y que de momento no tiene el apoyo de la Junta de Andalucía, que sin embargo públicamente insiste en que la revisión es el único camino. No está claro en qué posición quedaría el Gobierno central, que ahora defiende con entusiasmo la expropiación y rechaza la revisión. 

La postura de la promotora, los ecologistas y la Junta

En el Gobierno de Moreno llevan semanas insistiendo en que revisar la licencia sigue siendo el camino más corto y rápido a la demolición. Pero tras la bronca política se desarrolla una guerra judicial más discreta. Y allí hay ahora un frente principal, en el que la Junta ha evitado sumarse a la petición de que sean los propios jueces los que lo hagan si Carboneras, como hasta ahora, no lo hace, remarcando (literalmente) que eso sólo debe hacerlo el Ayuntamiento.

La secuencia de escritos judiciales, a los que este medio ha tenido acceso, es la siguiente: el pasado 17 de diciembre la promotora pidió al TSJA que “requiera formalmente al Señor Alcalde”, dándole un plazo de un mes para que acredite que ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio como se le pidió en febrero de 2024. Si no lo hace, Azata pide que el propio tribunal lleve a cabo la revisión, aplicando el artículo de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que le permite “ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada”. Azata termina pidiendo que la resolución que declare la nulidad de la licencia reconozca también “las indemnizaciones que procedan a mi representada si se dan las circunstancias previstas” en la ley.

Consultados por el tribunal, los ecologistas se mostraron conformes con esta vía, y aprovecharon para recordar que el Ayuntamiento de Carboneras lleva nueve años demorando “con gran habilidad” la ejecución de otra sentencia firme, que le obliga a modificar su PGOU para reclasificar el suelo de El Algarrobico como no urbanizable. Ahí, dicen los ecologistas, los tribunales no pueden sustituir al Ayuntamiento, porque se trata de modificar el PGOU. Pero en la revisión de la licencia, sí.

Aquí es donde la Junta de Andalucía se ha desmarcado. El pasado 7 de febrero el letrado de la administración autonómica respondió a la propuesta aludiendo al principio que obliga a ejecutar la sentencia “en sus propios términos” y recordando (en negrita) que lo que la sentencia dice literalmente es: “Imponer al Ayuntamiento de Carboneras la obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo previsto en el art. 106 de la Ley 39/2015”. “El Tribunal habrá de adoptar todas las medidas legales hasta la plena ejecución de lo resuelto: que el Ayuntamiento de Carboneras admita y tramite ese procedimiento”, pidió la Junta, separándose así de la pretensión de que los jueces sustituyan al Ayuntamiento y revisen la licencia.

“Nuestra postura ha sido clara: hemos solicitado que el Ayuntamiento, como primer obligado, ejecute la revisión y que, para ello, la Junta ha solicitado que se empleen todos los medios coercitivos que permitan la ley con el fin de garantizar su cumplimiento lo antes posible”, explica la Consejería. Es decir, mantener la presión sobre el consistorio, y evitar que los jueces lo sustituyan.

Salvador Hernández, alcalde de Carboneras (Ciudadanos), es favorable a que se valore dar un uso al edificio y ya ha dicho públicamente que revisar la licencia le llevará no menos de cinco años. Alega que tiene carencias de personal (secretario y arquitecto municipal) capaz de llevar a cabo el proceso. Algo que los ecologistas interpretan como un nuevo movimiento dilatorio.