Vicentin perdió u$s 70 millones tras 27 meses sin poder cerrar su concurso

Pasaron casi dos años y medio desde que la concursada Vicentin presentó las mayorías necesarias en la Justicia santafesina para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. No obstante, sin un arreglo a la vista, la cerealera ya contabiliza una pérdida de alrededor de u$s 70 millones, entre costos y cancelaciones de pasivos privilegiados y gastos concursales.

A eso se suma, además, que, por su estado judicial, Vicentin trabaja a fasón. Esto quiere decir que, sin herramientas de financiación ni acceso al crédito, sólo tiene la posibilidad de procesar granos para otras compañías. Sin embargo, en un contexto de bajo stock de soja, una de las plantas de la cerealera permanece cerrada, lo que complica aún más la recolección de ingresos.

"Para que Vicentin pueda subsistir y sus activos continúen generando los efectos necesarios, la sociedad tiene que trabajar; aun sin generar ganancias, la grave situación financiera impide continuar con la operación si esta no genera los recursos para pagar las obligaciones", indicó la compañía en un escrito que envió este viernes a la Justicia santafesina.

A su vez, la cerealera reportó un gasto de alrededor de u$s 106 millones correspondiente al pago de sueldos y contribuciones sociales que, si bien representan una obligación concursal para la empresa, resaltan aún más los números en rojo de la empresa.

Además, la compañía reaccionó a la operación que llevó a cabo el Grupo CIMA (hoy CFS Advisors), junto con el acreedor Grassi a mediados de diciembre, cuando compró los casi u$s 450 millones de deuda que Vicentin tenía con bancos internacionales y, de esa forma, se convirtió en el mayor acreedor de su concurso preventivo.

"El acreedor Grassi y el abogado Salvatierra adquirieron los créditos verificados y declarados admisibles de los bancos internacionales cuyo precio fue de 11 centavos por cada dólar estadounidense (11%)", expuso la compañía en el escrito.

Tanto el Grupo CIMA, como Grassi y Commodities SA son tres de los acreedores que más complicaron la resolución del conflicto de Vicentin. De hecho, a pesar de que la empresa logró acuerdos con la mayoría (70%) de sus acreedores, aquellos consideraron la propuesta de la compañía como "abusiva".

"Vale decir que las mismas personas humanas titulares de la sociedad Commodities SA y Grassi SA que solicitan al Tibunal Superior que rechace la homologación por abusividad, adquieren aproximadamente el 40% del pasivo de Vicentin pagando 1/3 de la propuesta concursal", aclaró la compañía que ofreció a sus acreedores el 30% del valor de repago.

La cerealera solicitó a la Justicia echar por tierra el argumento de la abusividad al que recurrieron los acreedores.

A fines de noviembre y con el objetivo de bajar costos y, así, hacer frente al problema que tiene en el flujo de caja, la cerealera pidió a la Justicia abrir un procedimiento preventivo de crisis (PPC). En un escrito presentado en Justicia santafesina, la cerealera advirtió que la situación que atraviesa implicó "continuas y permanentes pérdidas".

El pedido se realizó poco más de un mes después de otro revés para la empresa: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el acuerdo de la cerealera con sus acreedores, lo que supuso un freno al plan para que la compañía fuera absorbida por las agroexportadoras internacionales Bunge y Viterra y la local ACA.

En ese momento, la compañía ya había advertido que se iba a ver obligada a pedir el PPC, una medida que había intentado evitar hasta aquel momento.

Fuentes de la compañía explicaron que cuando se inició el concurso, hace más de cuatro años, Vicentin se encontraba en una posición financiera robusta que le permitió seguir operando con normalidad y no tener conflictos sindicales. Sin embargo, la demora en la homologación del acuerdo con los acreedores, firmado en 2022, hizo que la situación de caja se deteriorara y obligó a la empresa a recurrir a esta medida.