Usaban el servicio de mudanzas para argentinos que volvían de los EE.UU. para contrabandear mercadería
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de siete sospechosos por su presunta participación en la maniobra ilegal
Una organización criminal, integrada por personal aduanero, está cerca de enfrentar un juicio oral y público por el delito de contrabando. Para ingresar en la Argentina mercadería de forma ilegal y burlar los controles, la banda utilizaba el servicio de mudanzas para argentinos que regresaban al país después de haber vivido en los Estados Unidos, cuyo régimen de importación se encuentra exento de gravámenes.
En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de siete sospechosos. La medida había sido dictado a fines de abril del año pasado por el juez Marcelo Aguinsky, magistrado a cargo de la investigación. Entre los imputados hay seis aduaneros.
“Los elementos de prueba incorporados al legajo principal al que corresponde este incidente, que fueron valorados por el señor juez a quo, apreciados de forma conjunta e integrada de acuerdo con las reglas de la lógica, de la experiencia y del sentido común, constituyen un cuadro probatorio idóneo y suficiente”, sostuvieron los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos al confirmar los procesamientos.
La causa tiene un octavo imputado que no apeló el procesamiento firmado por el juez Aguinsky, según se desprende del expediente judicial.
“La presente instrucción tuvo como propósito investigar la presunta actuación de una asociación ilícita que habría simulado diversas mudanzas internacionales de ciudadanos argentinos residentes en el exterior, cuyo régimen de importación se encuentra exento de gravámenes, con el fin de ingresar al país mercadería de origen extranjero destinada a ser comercializada. De esta manera se pretendió evadir el pago de los derechos que gravan las importaciones para consumo”, había explicado el magistrado de primera instancia al procesar a los sospechosos.
Los contrabandistas intentaron ingresar de forma ilegal insumos médicos, ecógrafos, consolas de juegos, notebooks, joysticks, palos de hockey, zapatillas, ropa, cascos, telas y otro tipo de mercadería.
“En lo que respecta a los presuntos hechos ilícitos que habrían llevado a cabo los sospechosos, se ha podido determinar, con base en la organización y distribución de roles, que habrían ingresado he intentado ingresar irregularmente en la Argentina mercadería nueva de origen extranjero con fines de ser comercializada en el país, estibada en los contenedores vinculados a los 35 hechos individualizados en la presente causa, burlando necesariamente, para ello, el control aduanero. En ese contexto, para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercaderías, se habría procurado simular operaciones de transporte internacional de mercaderías bajo el régimen de mudanzas internacionales, que en el territorio nacional se encuentra exento de gravámenes para los argentinos residentes del exterior que pretendan regresar a la Argentina”, había sostenido Aguinsky al fundamentar el procesamiento de los imputados.
Tres años en Miami
Por ejemplo, Luis Ernesto P. vivió tres años en Miami. En julio de 2016, junto con su esposa, decidieron regresar a la Argentina. Para poder mudar todas sus pertenencias contrató a una empresa especializada. En septiembre de ese año fue al puerto de Buenos Aires para retirarlas. Pero no pudo.
En el contenedor que había llegado desde los Estados Unidos no solo estaban sus cosas: había, también, una gran cantidad de mercadería que no era suya y que alguien intentaba ingresar ilegalmente en el país. No fue un caso aislado: era parte de un plan criminal, un modus operandi de una banda de contrabandistas.
Si bien Luis Ernesto P., que después se fue a vivir a España, fue imputado, al avanzar el proceso fue sobreseído. Al igual que les sucedió a otros argentinos que vivían en los Estados Unidos y oportunamente decidieron regresar a la Argentina, su nombre y su trámite de mudanza legal fue utilizado para poder concretar la operación de contrabando.
“En julio de 2016, luego de residir tres años en Miami, con mi esposa decidimos regresar a la Argentina. Por haber vivido más de dos años en otro país se nos permitía hacer una mudanza [exenta de impuestos], para lo cual contacté al señor [Aldo] Limardo para que nos realice la operación. Para ello fuimos llevando nuestras pertenencias a su depósito en Aventura, Florida. Todo el detalle de nuestras cosas fue entregado en una lista. Llegamos con mi esposa a Buenos Aires el 26 de julio de 2016 y tuvimos que esperar nuestras pertenencias hasta el 21 de septiembre de 2016, día en el cual me citaron en la terminal Río de La Plata 1 para abrir el contenedor. Cuando se abrió el contenedor me di cuenta de que la mayoría de la mercadería que había no me pertenecía, y que tampoco coincidía con el packing list. Cuando se cerró el contenedor en Miami yo ya me encontraba en la Argentina con mi familia; por lo tanto, no pude saber qué había en el interior”, explicó Luis Ernesto P. en su declaración indagatoria.
Limardo, propietario de la empresa Venner Trade Company LLC, radicada en Miami, fue el imputado que no apeló el procesamiento que dispuso Aguinsky.
En el expediente, el Ministerio Público está representado por el fiscal Jorge Dahl Rocha. En un primer momento, participó de la investigación su colega María Gabriela Ruiz Morales.
“Para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercadería en el país, se habría procurado simular operaciones de transporte internacional bajo el régimen de mudanzas internacionales, que en el territorio nacional se encuentra exento de gravámenes para los argentinos residentes del exterior que pretendan regresar a la Argentina. Se habría recurrido a los servicios de flete internacional que prestaba Limardo con su empresa. La compañía habría utilizado los nombres de sus clientes y/o interesados en mudar sus pertenencias desde los Estados Unidos hacia la Argentina, como consignatario de los contenedores –con los elementos a mudar–. Es decir, Limardo efectivamente llevaba a cabo el servicio de mudanzas de particulares de un país a otro, ofreciendo además toda la gestión legal y de traslado para que las pertenencias de aquellos individuos lleguen a destino. Para ello, entonces, mediaban entre las oficinas de la ciudad Miami, presididas por él, y su oficina en la Argentina, donde se ocupaban de todos los trámites en el país y de la recepción del contenedor y la salida del mismo a plaza”, explicó Aguinsky en la citada resolución.
El magistrado sostuvo que a lo largo de la investigación se pudo demostrar que “los documentos de transporte internacional resultaron ser apócrifos en cuanto a la especie de la mercadería transportada, y fueron así presentados ante los organismos aduaneros con el claro propósito de burlar el control aduanero ingresando mercadería nueva de todo tipo y variedad con fines comerciales y sin abonar los tributos que realmente correspondían”.
Según el expediente judicial, la documentación presentada ante las autoridades aduaneras se repetía en forma constante, solo se cambiaban las identidades de los ciudadanos argentinos que decidían regresar al país.
La repetición sistemática de los formularios quedó expuesta en un error de tipeo que se encontraba siempre en la documentación: “tricilo”, en vez de triciclo.
Sobre el rol de los aduaneros bajo sospecha y su vínculo con las operaciones de contrabando, el tribunal de alzada explicó: “No resultaría coherente que una organización de las características y la magnitud que presenta la investigada en esta causa haya realizado las inversiones importantes de dinero y de recursos necesarias para la compra y el traslado al país de la mercadería y que haya dejado librado al azar el resultado de las operaciones de importación elegidas especialmente para evitar el pago del derecho de importación correspondiente, sobre todo por lo evidente de la maniobra y lo fácilmente detectable que se presentaba para un verificador responsable y cumplidor de sus deberes”.
