Una mina de corazón negro que desde hace décadas no se puede sostener sin millonarios subsidios

En el extremo sur de la Patagonia hay una montaña de corazón negro que tiene más túneles que la Ciudad de Buenos Aires. Debajo de las calles porteñas se cavaron 56,7 kilómetros desde 1913 para que circule el subterráneo, extensión que llega a 70,7 kilómetros si se suman los talleres y el Premetro. A 2700 kilómetros del Obelisco, en Río Turbio, las galerías negras de la mina de carbón tienen 72 kilómetros en su totalidad.

Semejante estructura de la cuenca carbonífera más grande de la Argentina recaudó $333 millones por la venta del mineral al mundo en los primeros nueve meses de 2024; en ese período fueron necesarios $53.837,7 millones para pagar los costos operativos, especialmente, los sueldos del personal.

Esos números rojos, que surgen de la Oficina Nacional de Presupuesto, estarán en el primer renglón que mirarán los eventuales interesados en comprar Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la mina ubicada en la provincia de Santa Cruz, una vez que el Gobierno decidió someter la estructura a un cambio societario para pasar a ser de una empresa estatal a una sociedad anónima.

El cambio de encuadre legal no implica, per se, ninguna cosa más que eso. Pero, según confiaron fuentes oficiales de Casa Rosada, el propósito es vender el activo que, a grandes trazos, está integrado por el yacimiento, una vieja usina Skoda que daba electricidad a la cuenca y la central térmica, inconclusa, sospechada y millonaria, que debía alimentarse a carbón y entregar energía a la red interconectada federal.

Ahora bien, con semejantes números, ¿es posible que hayan compradores? Pues eso parece. El interesado más importante es el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que siempre mira con inquietud qué pasa en ese último mojón argentino antes de cruzar a Chile, a la altura de Puerto Natales. Sucede que la cuenca que conforman Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour es un lugar que vive de dos actividades centrales: la administración pública y la mina de carbón. Hoy ambas están en difíciles condiciones de solventar. El cierre de la mina podría generar una enorme crisis social.

La historia moderna de la mina empezó con el peso de la muerte y con la carga de la culpa. En 2004, catorce mineros murieron por un incendio en una de las galerías. Néstor Kirchner, el hijo pródigo de aquella meseta patagónica, decidió acallar las voces que lo criticaban. Desde entonces jamás se escuchó un “no” para los reclamos de los mineros. Los millones llegaron mensualmente y los beneficios también. La jornada laboral se redujo de ocho a seis horas por turno y se dejó de trabajar los sábados. Los mineros se repartieron el día en cuatro turnos rotativos diarios. Todos en la zona quieren ser empleados de YCRT.

El kirchnerismo llenó de dinero y de promesas la cuenca. La mina de carbón funciona casi marginalmente desde aquel 2004. La producción se cayó ante la falta de un mercado para venderle la producción. Era una fábrica de casettes en épocas de MP3. Kirchner decidió mantener la producción y, para darle sentido, inició la construcción de una central térmica que consuma el combustible de la mina. De regreso a aquella metáfora, se construyó un grabador para que funcionen las cintas.

Pero el tema es que a la luz de aquella solución se consumó la corrupción más rancia. A través de YCRT se canalizó dinero que terminaba en manos de unos pocos. Julio De Vido terminó preso por esta causa, después de que en la Cámara de Diputados aprobaran su desafuero. También procesaron a Roberto Baratta, Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA); Jorge Mayoral, exsecretario de Minería, y Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio y exinterventor de YCRT.

Durante años se compró silencio con dinero. Todos contentos con sueldos de privilegio y contrataciones a raudal. Se duplicó la dotación y la producción no llegó jamás a un volumen que hiciese rentable la operación.

La central térmica tampoco se inauguró nunca. Más aún, en 2015, antes de dejar el poder, se prendió una caldera sólo para que Cristina Kirchner tenga su acto de campaña. Se rompieron varias cosas por aquel capricho electoral.

Desde entonces, jamás se avanzó en ningún proyecto sustentable. Pasaron administraciones polémicas como la de Aníbal Fernández, al inicio del cuarto gobierno kirchnerista que comandó Alberto Fernández, o la que terminó en septiembre pasado, a poco de empezar, cuando el presidente Javier Milei echó a Thierry Decoud, entonces interventor de Yacimientos Río Turbio, en medio de un escándalo de pedido de coimas.

De acuerdo a lo que informó la Sindicatura General de la Nación, en una auditoría que pidió el gobierno de MIlei y a la que LA NACION accedió, se verificó “la carencia de un Plan Estratégico, de planes operativos y de inversión, de un plan de compras y contrataciones y de manual de organización con misiones y funciones, debidamente formulados y aprobados”.

Además, había “falta de planificación presupuestaria e inconsistencias en el registro de la ejecución contable-presupuestaria”. Obviamente, como se dijo, ”la operatoria de YCRT no resulta suficiente para solventar su gestión, debiendo recurrir a la ayuda financiera del gobierno nacional”.

Para el final, la Sigen recuerda que “el yacimiento mantiene importantes deudas de tributos nacionales y de la seguridad social de larga data con sus respectivos intereses, habiéndose adherido a planes de facilidades de pago; también tiene deudas con la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y de tributos municipales”.

Ese es el panorama con el que tendrá que convivir el eventual comprador del complejo. ¿Habrá interesados? No parece que tantos, pero con uno alcanza.