Sánchez cede con Puigdemont: le otorga a Cataluña la devolución de extranjeros y los Mossos vigilarán las fronteras con la Guardia Civil y la Policía

El acuerdo firmado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias de migración incluye que los Mossos D'Esquadra controlen la seguridad de los puertos, aeropuertos y "zonas críticas" en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Además, la Generalitat de Cataluña pasará a gestionar "integralmente" los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tendrá el control de las autorizaciones de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración y también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, por lo que podrá expulsar a los migrantes cuando tengan prohibición de entrada.

El texto, firmado por el PSOE y Junts tras más de un año de negociación, llegará al Congreso de los Diputados en forma de ley orgánica con el fin de delegar las competencias migratorias para que Cataluña pueda "desarrollar un modelo propio y una política integral", dado que en todas las fases de la relación de los migrantes con la Administración, las instituciones catalanas tendrán una posición "determinante" en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español.

De esta forma, Cataluña se configurará como "ventanilla única" de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español y también se incrementará el número de Mossos de 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

La Generalitat, que desde el pasado verano preside el líder del PSC, Salvador Illa, ejercerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, incluida la resolución y ejecución, instruyendo y ejecutando expulsiones que no requieran expediente, es decir, devoluciones. Mientras que las que sí lo requieran se resolverán y se ejecutarán a través de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña.

También pasará a decidir sobre las contrataciones de extranjeros en origen. En concreto, Cataluña determinará, junto con empresas y sindicatos, los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros. Los Mossos también ejercerán la competencia para la "prevención, persecución, protección y asistencia" a las víctimas de trata y explotación de seres humanos. Y, en materia lingüística, se aplicarán las previsiones de la legislación vigentes al ejercicio de las competencias delegadas.

El acuerdo concluye que, para llevarlo a cabo, el Gobierno transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega.

El texto ha sido remitido a los medios con minutos de diferencia y por cada partido por separado, es decir, sin una firma conjunta. En todo caso, el documento es casi idéntico y ambos justifican la delegación de competencias señalando que Cataluña ha acogido siempre a mucha población migrante a la que ha tenido la capacidad de integrar en su "modelo de catalanidad". En concreto, recuerdan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña.

"La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población", señala el pacto. Además, ambas partes aseguran que Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la "necesaria plena integración en el país", incluida la integración lingüística, basada en un marco de "derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales".

También puntualizan que la cesión se hace de acuerdo al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".