Repudian la decisión del Gobierno de suspender pagos a la ex-ESMA: “Campaña pública de desprestigio”
Desde CELS, una de las agrupaciones que conforma el directorio que administra el predio, cuestionaron que el ministerio busca “vaciar las políticas de memoria”; reclamaron que habían tenido una reunión días antes y no se les comunicó la medida
“Nada de lo que dicen es verdad”. El anuncio de la suspensión de pagos al sitio de la memoria de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex-ESMA) provocó críticas y reacciones de parte de los organismos que lo integran. Este jueves, el Ministerio de Justicia denunció supuestos “gastos injustificados” que excedían los 3000 mil millones de pesos y ordenó una auditoría para explicar “en qué se gasta la plata”. “Es parte del plan de vaciamiento de las políticas de memoria del Gobierno, y, para efectuar ese plan, recurren a instalar mentiras”, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Desde el organismo dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos explicaron a LA NACION que la cartera comandada por Mariano Cúneo Libarona no se comunicó previo a la publicación de la medida. “Hacen pasar como si la administración del predio dependiera de los organismos cuando en realidad es pública”, indicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del centro.
Actualmente, el predio de la ex-ESMA es administrado por un ente tripartito: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente de la órbita del Ministerio de Justicia), la Dirección General de Derechos Humanos del gobierno de la Ciudad y un directorio integrado por varias agrupaciones, entre las que se encuentra el CELS. También forman parte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), entre otras.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona miente para avanzar en dos objetivos del gobierno: vaciar las políticas de memoria y atacar a los organismos de derechos humanos. pic.twitter.com/ytAoocPeCi— CELS (@CELS_Argentina) April 3, 2025
En diálogo con este medio, Litvachky detalló que el predio es administrado por un órgano ejecutivo que tiene representantes de cada una de las tres partes. “Hay coordinaciones técnicas a partir de las cuales se arman los presupuestos y se hace una estimación de gastos anuales, la cual se eleva al órgano de ejecución que la aprueba o no; Nación hace un trámite interno y la Ciudad también. El presupuesto 2025 estaba aprobado, con una parte de fondos de Nación y otra parte de la Ciudad”, explicó.
En tanto, especificó: “El presupuesto funciona con una ejecución mes a mes para las tareas de administración del predio que ya están prefijadas. El dinero no va a los organismos, así que no tenemos nada que ver con los ingresos que tiene el ente tripartito. Mes a mes se liberan partidas cuando las coordinaciones técnicas rinden los gastos del mes anterior y así sucesivamente”.
En este sentido, la directora del organismo cuestionó las acusaciones del Gobierno y manifestó que el presupuesto para este año ya había sido aprobado por los canales oficiales. “El directorio de los organismos solo aprueba la memoria y el balance, todo el resto de las tareas de administración necesitan de la firma de las tres partes”, sostuvo y acusó: “No queda clara cuál es la irregularidad, ¿por qué no la tramitaron por los canales habituales? Es falso, si el Ministerio de Justicia detectó algún problema tenía que seguir los canales administrativos que corresponden".
