Nueve detenidos en Málaga y Jaén por la distribución ilegal de contenidos audiovisuales con beneficios de 5 millones
La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, tres en Jaén y seis en Málaga y ha llevado a cabo seis registros, también en ambas provincias andaluzas, cinco en Málaga y uno en Marmolejo (Jaén) accediendo a diferentes inmuebles, locales y una nave utilizada como almacenamiento de material. Se trata de una organización criminal formada por un clan familiar asentada en Málaga y Jaén dedicada a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales que operaba por todo el país para la venta ilícita de acceso a distintas plataformas de pago y de televisión . El sistema de distribución consistía en la venta de decodificadores y paneles de administración con acceso a servidores de cardsharing (método para compartir tu acceso a servicios de pago), las cuales eran introducidas en cientos de miles de decodificadores que la organización suministraba a miles de clientes en todo el país. Además, se les facilitaba instrucciones precisas de cómo manipular dichos decodificadores mediante la instalación de firmware para el acceso ilegal a los contenidos de televisión y audiovisuales. La organización había diseñado un entramado empresarial del que se valían para llevar a cabo un gran número de movimientos bancarios procedente de los pagos de miles de usuarios. Con los beneficios obtenidos de la distribución ilegal de los contenidos, adquirían numerosos bienes muebles e inmuebles que ponían a nombre de la matrona del clan familiar y empresarial y que estiman que podrían estar valorados en más de 3.252.000 euros . Las investigaciones se iniciaron en el mes de diciembre de 2023 cuando los agentes recibieron una denuncia por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en la que se denunciaba la comercialización no autorizada de determinados servicios a través de una página web. Tras la denuncia, la investigación económica sobre los servicios ofertados por el clan llevó a la Policía Nacional a analizar más de 60 cuentas bancarias y cinco sociedades de las que se valía el grupo criminal con diferentes objetos sociales. Estas operaciones arrojaron un beneficio neto de 5 millones de euros en el periodo investigado. A ello hay que sumar el perjuicio económico que han sufrido los titulares de los derechos de autor de los contenidos vendidos ilícitamente.
La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, tres en Jaén y seis en Málaga y ha llevado a cabo seis registros, también en ambas provincias andaluzas, cinco en Málaga y uno en Marmolejo (Jaén) accediendo a diferentes inmuebles, locales y una nave utilizada como almacenamiento de material. Se trata de una organización criminal formada por un clan familiar asentada en Málaga y Jaén dedicada a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales que operaba por todo el país para la venta ilícita de acceso a distintas plataformas de pago y de televisión . El sistema de distribución consistía en la venta de decodificadores y paneles de administración con acceso a servidores de cardsharing (método para compartir tu acceso a servicios de pago), las cuales eran introducidas en cientos de miles de decodificadores que la organización suministraba a miles de clientes en todo el país. Además, se les facilitaba instrucciones precisas de cómo manipular dichos decodificadores mediante la instalación de firmware para el acceso ilegal a los contenidos de televisión y audiovisuales. La organización había diseñado un entramado empresarial del que se valían para llevar a cabo un gran número de movimientos bancarios procedente de los pagos de miles de usuarios. Con los beneficios obtenidos de la distribución ilegal de los contenidos, adquirían numerosos bienes muebles e inmuebles que ponían a nombre de la matrona del clan familiar y empresarial y que estiman que podrían estar valorados en más de 3.252.000 euros . Las investigaciones se iniciaron en el mes de diciembre de 2023 cuando los agentes recibieron una denuncia por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en la que se denunciaba la comercialización no autorizada de determinados servicios a través de una página web. Tras la denuncia, la investigación económica sobre los servicios ofertados por el clan llevó a la Policía Nacional a analizar más de 60 cuentas bancarias y cinco sociedades de las que se valía el grupo criminal con diferentes objetos sociales. Estas operaciones arrojaron un beneficio neto de 5 millones de euros en el periodo investigado. A ello hay que sumar el perjuicio económico que han sufrido los titulares de los derechos de autor de los contenidos vendidos ilícitamente.
