Montero y Díaz mantienen su pulso por la tributación del salario mínimo a horas del fin del plazo para evitar el choquePSOE-Sumar

El choque entre PSOE y Sumar por sus discrepancias sobre el salario mínimo está cada vez más cerca de consumarse. Este viernes finaliza el plazo que otorga la ley al Gobierno para vetar la tramitación de las tres proposiciones de ley (una de Sumar, otra del PP y una tercera de Podemos) que pretenden revertir la decisión del Ministerio de Hacienda de obligar a quienes cobran el sueldo mínimo a pagar IRPF. Y la negociación entre la propia Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que lleva abierta toda la semana, ha encallado en las últimas horas: PSOE y Sumar han pactado eximir de tributación a estos trabajadores en 2025, pero no logran ponerse de acuerdo en qué debe ocurrir a partir del año que viene.

De no desatascar las conversaciones antes de que termine este viernes, Hacienda vetará las proposiciones de ley que buscan torcerle el brazo argumentando que supondrían una merma de ingresos al Estado. Ese movimiento provocaría una colisión inédita entre PSOE y Sumar, puesto que sería la primera vez que una parte del Gobierno intentaría impedir por las bravas a la otra que tramite una ley en el Congreso. Aunque no sería el final del camino: en la reunión que celebrará la Mesa de la Cámara Baja el próximo 8 de abril, Sumar tendría la opción de aunar fuerzas con el PP para levantar dicho veto, algo que ya ha amenazado con hacer y que supondría un nuevo choque con el PSOE.

Para evitar ese escenario, ambas alas del Gobierno siguen intentando alcanzar un acuerdo. El conflicto, en realidad, comenzó hace poco más de un mes, pero hasta esta última semana el ministerio que lidera María Jesús Montero no se ha avenido a intentar reconducirlo a través de una negociación con el de Trabajo, que comanda Yolanda Díaz. Inicialmente, Montero se negaba a rebajar su decisión de que los perceptores del salario mínimo empezaran a pagar IRPF —unos 22 euros al mes, de los 50 euros mensuales que se elevó este indicador el pasado febrero—, pero en los últimos días ha cedido y se ha abierto a implementar una deducción para estos trabajadores que, en la práctica, les permitiría recuperar el 100% de lo pagado al hacer la declaración de la renta.

No obstante, Hacienda quiere que este mecanismo esté vigente tan solo un año, el 2025, y que, a partir de ahí, los perceptores del salario mínimo tributen con normalidad. Y Trabajo discrepa: para Yolanda Díaz, si Hacienda no eleva el mínimo de ingresos exentos de pagar IRPF, al menos debería garantizar que la Agencia Tributaria les devolviera el total de lo pagado en concepto de IRPF hasta que el salario mínimo equivalga al 60% del sueldo medio español. Y ese porcentaje se debe calcular, como reclamó este jueves la propia Díaz, en términos netos y no brutos, es decir, una vez descontados los impuestos.

Esa es la clave de la diferencia que ahora mismo separa a Hacienda y Trabajo y está bloqueando el acuerdo. Montero considera que el salario mínimo —que, tras la última subida, es de 1.184 euros en 14 pagas— ya equivale al 60% del sueldo medio español. Según los datos de la Encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), es así, puesto que dicho promedio equivale a 1.924 euros brutos mensuales. Pero Díaz difiere: este jueves argumentó que la cuenta debe hacerse tomando como referencia el salario mínimo neto, que es el que realmente percibe el trabajador en su nómina.

Lo cierto, no obstante, es que tomando como referencia el Informe de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo, el estudio del propio Ministerio de Trabajo en el que se apoyó Díaz para elevar la cuantía de este indicador el mes pasado, el salario mínimo seguiría por encima de la cuantía equivalente al 60% del salario medio incluso aunque los trabajadores tuvieran que tributar unos 300 euros al año en concepto de IRPF. Dicho estudio revela que el salario medio durante el año 2024 fue de poco más de 25.500 euros al año, mientras el nuevo salario mínimo, después de tributar por IRPF, sería de algo más de 16.600 euros.

Fuentes de Trabajo, sin embargo, aseguran que la cuantía del salario medio es muy complicada de estimar y apuntan a que otras interpretaciones académicas arrojan cifras diferentes, algunas de las cuales sitúan el sueldo mínimo por debajo del 60% del medio. Y, en cualquier caso, Díaz defendió este jueves que "no es justo que una renta de 16.500 euros al año" pague "un tipo marginal de IRPF del 43%, el mismo que una renta salarial de 100.000 euros", especialmente cuando "en España no se puede vivir con dignidad con 1.599 euros al mes", la cuantía en la que se sitúa la mediana (no la media) salarial en España después de impuestos.

Hacienda reclama a Trabajo que ceda

Montero sostiene que ya se ha movido suficiente de su posición al ofrecer una compensación para el 20% de perceptores que tributan el salario mínimo, por lo que cree ahora es Díaz la que tiene que poner de su parte. Según la vicepresidenta primera, si la intención es seguir subiendo el salario mínimo, no puede elevar "hasta el infinito y permanentemente" el ahorro de estas rentas porque haría que la recaudación "cayera en su totalidad".

Además, Hacienda sostiene que el salario mínimo ya se está acercando a los sueldos más frecuentes y se remiten al mencionado informe de la comisión de expertos para reiterar que ya se sitúa en el 60% del salario medio neto. Señalan que tanto Hacienda como Trabajo formaban parte de este grupo y que los cálculos y ajustes que realizaron concluyen que para situar el de 2025 en el 60% del salario medio neto de 2024, habría que aumentar un 3,44% o del 4,41% el sueldo mínimo de este año y, finalmente, el Consejo de Ministros optó por subirlo un 4,4%.

No obstante, la ministra socialista insiste en llegar a un acuerdo en el seno de la coalición, aunque sin por ahora moverse de su propuesta de compensar a través de deducciones fiscales a ese 20% de trabajadores que tributan por el nuevo sueldo mínimo. Montero incluso ha puesto cifras sobre la mesa: el impacto en las arcas públicas podría elevarse a algo más de 200 millones de euros, dijo este jueves, con las conversaciones ya muy encalladas.

No obstante, sostiene que aún habría tiempo para negociar en el caso de que no alcancen un acuerdo antes de presentar el veto. La negociación continuaría hasta el 8 de abril y aunque la intención es no llegar sobre la bocina, desde Moncloa tratan de presionar a Sumar advirtiendo de que utilizarán todas las herramientas para defender su criterio. Aseguran que si Díaz bloquea el veto de Montero en la próxima reunión de la Mesa, la decisión acabaría en el Tribunal Constitucional por un "conflicto de atribuciones".