Milei volvió a la carga con su promesa de reforma migratoria: qué busca cambiar
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el Presidente retomó la idea de reformar el sistema migratorio en la Argentina, un punto que ya había adelantado el año pasado el vocero Manuel Adorni

Durante el discurso en el cual abrió las sesiones legislativas ordinarias, el presidente Javier Milei retomó una idea que había sobrevolado la gestión en distintas ocasiones: la reforma migratoria. ¿Cómo se llevará a cabo?
"Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una profunda reforma migratoria", sostuvo el Presidente de forma vehemente ante un Congreso semi vacío y un palco repleto de militancia.
Milei abrió las sesiones ordinarias el sábado por la noche con la presencia de todos sus ministros y sin la presencia del bloque de Unión por la Patria (UP). Asimismo, tampoco estuvieron presentes muchos gobernadores, a excepción del gobernador de Córdoba Martín Llaryora y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.
Inspirado en el discurso anti-inmigratorio de Trump, Milei planea enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Migraciones (25.871), en función de dificultar la obtención de la residencia argentina. Sobre la reforma migratoria, Milei adelantó que las reformas se abordarán durante este período legislativo o el siguiente una vez que tras las elecciones haya más legisladores libertarios en el Congreso.
"Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos", sostuvo el Presidente.
En este sentido, el mandatario indicó que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan. Y anticipó que buscarán "endurecer las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen", remarcó el presidente.
Para el libertario, es necesario recuperar "el imperio de la igualdad ante la ley, terminando con el sistema de cupos de distinto tipo que impone desde a quién emplear hasta a quién votar".
En diciembre, el vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado que el Gobierno buscaría impulsar una reforma del régimen migratorio, que incluiría el arancelamiento de las universidades y la atención sanitaria para los extranjeros no residentes. Además el Ejecutivo había adelantado que tenía previsto sumar más cantidad de delitos a los que hoy impiden el reingreso al país.
"El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos", había dicho el portavoz en la introducción, antes de empezar a enumerar las medidas.
En su exposición no especificó cuáles se serán los instrumentos (decretos, leyes, resoluciones) que se usará para concretar este plan.
"En primer lugar vamos a impulsar que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero", remarcó entonces quien suena como posible candidato en 2025.
Además, en ese momento había dicho que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país.
"Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos", dijo y arengó que con esto se terminarían "los tours sanitarios".
En la reforma se anunció que se van a incorporar más delitos para impedir el ingreso a la Argentina o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. "Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo el delito, o se lo detiene atentando contra el sistema democrático, por ejemplo atacando las instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país", detalló.
El proyecto prevé penas de prisión para los que violen la prohibición de reingresar al país.