Más de cien jueces de violencia machista advierten del "colapso total" al asumir las competencias de violencia sexual
Un total de 135 titulares de estos órganos especializados suscriben un comunicado crítico con la reforma que entrará en vigor en octubre en el que aseguran que tendrá consecuencias para estos juzgados "ya de por sí saturados"Los juzgados de violencia machista asumirán en 9 meses todas las agresiones sexuales a mujeres fuera de la pareja Un total de 135 jueces y juezas titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España han suscrito este lunes un comunicado conjunto en el que vactinan que sufrirán un “colapso total” por la ampliación de competencias que prevé la Ley de Eficiencia de la Justicia aprobada final de año. A partir de octubre, estos órganos pasarán a ver todos los casos de violencia sexual independientemente de la relación entre víctima y agresor –ahora solo se encargan de los enmarcados en la pareja o expareja–. Consideran los magistrados que esto supondrá “un salto cualitativo y cuantitativo” para unos juzgados que “ya de por sí están saturados” y critican que se trate de una reforma a “coste cero” por “la falta de dotación presupuestaria”. Según los propios cálculos del Ministerio de Justicia, esto va a suponer un aumento de la carga de alrededor de un 20% a la que el Gobierno prevé responder con la aprobación de reales decretos que amplíen el número de plazas o posibiliten que jueces de instrucción refuercen a los de violencia machista a través de la nueva organización de la planta judicial que inaugura la norma y que estará dividida en tribunales de instancia. Sin embargo, los jueces y juezas insisten en que la entrada en vigor de la ampliación de competencias se producirá antes de que entren en funcionamiento y más allá del número de titulares, el comunicado ahonda en la “absoluta precariedad de medios” con los que “la mayoría de estos órganos trabaja”: “sin contar con los perceptivos equipos de valoración forense, de asesoramiento y asistencia a la víctima, sin forense de guardia” o con “salas de visitas compartidas”, ejemplifican. Unas carencias “que se vienen arrastrando desde hace años, sin que las peticiones de dotación de más medios personales y materiales hayan sido atendidas”, aseguran. El comunicado también añade que solo en cinco partidos judiciales –Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia– estos juzgados, cuando son exclusivos, tienen servicio de guardia y resuelven estos asuntos por la mañana. El resto del tiempo y en los demás territorios lo hace un juzgado de instrucción normal que tiene competencias en violencia de género, una situación que ya de por sí provoca desigualdad entre víctimas y que lleva siendo años denunciada por expertas y víctimas. Aluden también a que los delitos de violencia sexual fuera de la pareja o expareja –que incluyen trata con fines de explicación sexual– exigen “un tiempo de trabajo y atención directa y personalizada” que reclaman “un tiempo, tranquilidad y sosiego que no se tiene” en estos juzgados.“ Empezando por la toma de declaración de una víctima que necesita tiempo y comprensión para exponer su relato, que no entiende de prisas, ni las merece, y que, particularmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual, es en general más de una, y además, en la mayoría de los casos, extranjera, lo que exige su toma de declaración como prueba preconstituida”, afirman. Los datos disponibles, por su parte, dibujan un mapa desigual: en 2022, de 77 localidades analizadas, en 50 los órganos judiciales exclusivos de violencia de género no alcanzaban el módulo, es decir, no llegaban al número de asuntos que se considera por ley que se puede asumir al año. Sin embargo, 27 lo superaban con creces, entre ellos, siete estaban en una situación crítica: por ejemplo, Alcalá de Henares (145%) o Palma, que se excede hasta un 162% de su capacidad, según las cifras que aportó el Gobierno en una respuesta parlamentaria. El espíritu de la norma va en línea con una concepción amplia de la violencia machista a la que apunta el Convenio de Estambul ratificado por España hace diez años y que implica considerar como tal actos violentos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo más allá de la pareja o expareja. Por eso la idea es que los mismos jueces atiendan tanto el caso de una mujer a la que su marido maltrata psicológicamente como el de la joven a la que agrede sexualmente un compañero de trabajo o un hombre en un bar. Sin embargo, para los jueces y juezas firmantes del comunicado superar el marco actual “supone un desbordamiento de la propia configuración de estos órganos judiciales” por la “absoluta imposibilidad de seguir proporcionando un trato adecuado y sosegado”. Así, temen que la reforma produzca “un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género” en el seno de la pareja o expareja “y pueda generar espacios de desprotección y riesgo” para las víctimas “ante la imposibilidad material de poder antender de manera porm
Un total de 135 titulares de estos órganos especializados suscriben un comunicado crítico con la reforma que entrará en vigor en octubre en el que aseguran que tendrá consecuencias para estos juzgados "ya de por sí saturados"
Los juzgados de violencia machista asumirán en 9 meses todas las agresiones sexuales a mujeres fuera de la pareja
Un total de 135 jueces y juezas titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España han suscrito este lunes un comunicado conjunto en el que vactinan que sufrirán un “colapso total” por la ampliación de competencias que prevé la Ley de Eficiencia de la Justicia aprobada final de año. A partir de octubre, estos órganos pasarán a ver todos los casos de violencia sexual independientemente de la relación entre víctima y agresor –ahora solo se encargan de los enmarcados en la pareja o expareja–.
Consideran los magistrados que esto supondrá “un salto cualitativo y cuantitativo” para unos juzgados que “ya de por sí están saturados” y critican que se trate de una reforma a “coste cero” por “la falta de dotación presupuestaria”. Según los propios cálculos del Ministerio de Justicia, esto va a suponer un aumento de la carga de alrededor de un 20% a la que el Gobierno prevé responder con la aprobación de reales decretos que amplíen el número de plazas o posibiliten que jueces de instrucción refuercen a los de violencia machista a través de la nueva organización de la planta judicial que inaugura la norma y que estará dividida en tribunales de instancia.
Sin embargo, los jueces y juezas insisten en que la entrada en vigor de la ampliación de competencias se producirá antes de que entren en funcionamiento y más allá del número de titulares, el comunicado ahonda en la “absoluta precariedad de medios” con los que “la mayoría de estos órganos trabaja”: “sin contar con los perceptivos equipos de valoración forense, de asesoramiento y asistencia a la víctima, sin forense de guardia” o con “salas de visitas compartidas”, ejemplifican. Unas carencias “que se vienen arrastrando desde hace años, sin que las peticiones de dotación de más medios personales y materiales hayan sido atendidas”, aseguran.
El comunicado también añade que solo en cinco partidos judiciales –Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia– estos juzgados, cuando son exclusivos, tienen servicio de guardia y resuelven estos asuntos por la mañana. El resto del tiempo y en los demás territorios lo hace un juzgado de instrucción normal que tiene competencias en violencia de género, una situación que ya de por sí provoca desigualdad entre víctimas y que lleva siendo años denunciada por expertas y víctimas.
Aluden también a que los delitos de violencia sexual fuera de la pareja o expareja –que incluyen trata con fines de explicación sexual– exigen “un tiempo de trabajo y atención directa y personalizada” que reclaman “un tiempo, tranquilidad y sosiego que no se tiene” en estos juzgados.“ Empezando por la toma de declaración de una víctima que necesita tiempo y comprensión para exponer su relato, que no entiende de prisas, ni las merece, y que, particularmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual, es en general más de una, y además, en la mayoría de los casos, extranjera, lo que exige su toma de declaración como prueba preconstituida”, afirman.
Los datos disponibles, por su parte, dibujan un mapa desigual: en 2022, de 77 localidades analizadas, en 50 los órganos judiciales exclusivos de violencia de género no alcanzaban el módulo, es decir, no llegaban al número de asuntos que se considera por ley que se puede asumir al año. Sin embargo, 27 lo superaban con creces, entre ellos, siete estaban en una situación crítica: por ejemplo, Alcalá de Henares (145%) o Palma, que se excede hasta un 162% de su capacidad, según las cifras que aportó el Gobierno en una respuesta parlamentaria.
El espíritu de la norma va en línea con una concepción amplia de la violencia machista a la que apunta el Convenio de Estambul ratificado por España hace diez años y que implica considerar como tal actos violentos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo más allá de la pareja o expareja. Por eso la idea es que los mismos jueces atiendan tanto el caso de una mujer a la que su marido maltrata psicológicamente como el de la joven a la que agrede sexualmente un compañero de trabajo o un hombre en un bar.
Sin embargo, para los jueces y juezas firmantes del comunicado superar el marco actual “supone un desbordamiento de la propia configuración de estos órganos judiciales” por la “absoluta imposibilidad de seguir proporcionando un trato adecuado y sosegado”. Así, temen que la reforma produzca “un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género” en el seno de la pareja o expareja “y pueda generar espacios de desprotección y riesgo” para las víctimas “ante la imposibilidad material de poder antender de manera pormenorizada y detallada cada asunto”.
