Los 46 del mundo

La semana en la que el Goya fue para “El 47”, nos enterábamos de que España está la 46 en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional (TI). Cuanto más alto en el ranking, menor es la corrupción (percibida) en el país. Así que no quedamos muy bien. España ha perdido diez posiciones en comparación con el año pasado y más de veinte en relación a principios de siglo.

Cuando salen estas clasificaciones, los gobiernos de los países que mejoran sacan pecho. Y los de los que no mejoran dicen que estos indicadores no sirven porque están basados en percepciones subjetivas y no en realidades objetivas de la corrupción. Pero hay que recordar a quienes ahora quitan hierro a la situación – y, sobre todo a la evolución a la baja de España – que las percepciones importan, pues nos movemos por percepciones tanto o más que por realidades (sobre todo, si no son cuantificables). Si eres un inversor, no llevas tu dinero allá donde en verdad no hay corrupción, sino allá donde crees que no hay corrupción.

Como señala una plétora de estudios, las consecuencias de estar bien o mal situado en este ranking de TI son notables. Bueno, en este indicador o en otros similares, como los elaborados por el Banco Mundial o el de la Comisión Europea que construimos en el Quality of Government Institute; porque, y esto es relevante: todos los indicadores están altísimamente correlacionados. En otras palabras, las percepciones heterogéneas parecen obedecer a una variable latente. Algo que podemos llamar “calidad de gobierno”.

Empleando metodologías diversas, las investigaciones apuntan a que, cuanto más alto apareces en un ranking como el de TI, mejor valorarán las agencias de calificación la deuda pública de tu país, más inversores atraerás, más crecerá tu economía y se reducirán las desigualdades; más años vivirán tus ciudadanos y gozarán de mejor salud; y un largo etcétera de efectos beneficiosos. Con lo que la posición de España, en la parte media-baja de la Unión Europea, junto a Chipre o República Checa, y por debajo de Letonia o Portugal, no es reconfortante.

Según los expertos, las causas del deterioro de la posición española en el CPI son múltiples. La fundamental es que los órganos que luchan contra la corrupción en España son muchos, demasiado poco coordinados y demasiado poco autónomos de los gobiernos (centrales o autonómicos). Pero hay responsabilidades concretas, tanto de la administración central como de las autonómicas y de los partidos.

En primer lugar, las reformas anticorrupción están paradas a nivel nacional. Para empezar, y lo que quizás es más importante, España aún no ha puesto en marcha un plan nacional de lucha contra la corrupción integral y participativo. La Estrategia Nacional Anticorrupción no se ha acabado de desarrollar y no se han desplegado otras leyes. Me gustaría destacar la ley reguladora de la protección de los denunciantes y de la lucha contra la corrupción, de la que se ha hablado mucho, pero su implementación dista mucho de proporcionar una protección efectiva de los funcionarios que deciden alertar sobre un comportamiento sospechoso de un colega o un superior en la administración. En algunos casos, parece que vamos para atrás y ahora ya no son seguros ni los Whatsapps que se envían los trabajadores de la administración con periodistas. Tampoco ha habido avances remarcables en la legislación relativa a los grupos de presión, que, para cumplir con los estándares de la OCDE, debería incluir, además del establecimiento de un registro público obligatorio de grupos de interés, información sustantiva sobre las actividades de los lobbies. Queda también trecho recorrer en el desarrollo de la regulación sobre conflictos de intereses. Por ejemplo, la Oficina de Conflictos de Intereses carece de potestad sancionadora. Y, en lo que respecta al acceso a la información, perduran unos límites muy serios que deberían llevar a una revisión (ambiciosa) de la Ley de Secretos Oficiales.

En segundo lugar, también hay un claro retroceso a nivel subnacional en algunas comunidades – donde, gracias a los acuerdos con Vox, se han desmantelado los mecanismos de lucha contra la corrupción. Se ha enterrado la oficina anticorrupción de Baleares, que se ha convertido en la primera autonomía (en España y quizás en Europa) en eliminar su oficina contra la corrupción. Y se ha intentado controlar políticamente otras, como la antifraude de Valencia, donde, por ejemplo, se ha derogado el comité de ética y, al menos temporalmente, el código ético, como denunciaba en estas páginas Joan Llinares.

En tercer lugar, existe también una parte de la culpa que recae en los partidos políticos. Las constantes (y muchas veces infundadas o, como mínimo, precipitadas) acusaciones mutas de corrupción tienen un efecto, tanto en los medios de comunicación como entre los propios expertos. No se trata de esconder los escándalos bajo la alfombra, pero tampoco de exagerarlos hasta el punto de pedir dimisiones por acusaciones poco sólidas a parientes o incluso amigos de parientes.

En España hay seguramente menos corrupción objetiva que en naciones que nos superan en este ranking, como Ruanda o Botswana. Pero no sólo se trata de que no haya, sino, también, de que no lo parezca.