Las familias realojadas de la Cañada Real se reparten por más de 50 municipios de Madrid
Los servicios municipales refuerzan la vigilancia para derribar las nuevas viviendas que se intentan construir.

El plan para acabar con el mayor asentamiento ilegal de Europa continúa con los realojos de las personas que residen en la Cañada Real. Las administraciones implicadas cada vez intensifican más los esfuerzos para reubicar a las familias y demoler las viviendas. En los últimos nueve años, los traslados efectuados se han realizado en más de 50 municipios de la región, según los datos de la Comunidad de Madrid. Junto a los desalojos, los servicios municipales refuerzan su vigilancia para evitar que se construyan nuevas casas en la zona.
Desde 2017, se ha realojado a 322 familias, lo que equivale a unas 1.300 personas. Estos traslados "se han producido en varios municipios para favorecer la inserción de estas familias" en las localidades de destino, explican fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Ejecutivo regional. Esta dispersión permite que en el proceso de reubicación no se formen guetos marginales en los barrios. La distribución por municipios no se ha detallado por motivos de seguridad. Actualmente, estas labores de realojo siguen en marcha y se les dio un nuevo impulso mediante el protocolo firmado en 2024 para acabar con la situación de la Cañada Real, que sirve de marco para la cooperación institucional. Así, la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el de Rivas-Vaciamadrid se comprometieron a trabajar de manera coordinada por medio de una comisión para solventar la situación actual, que llevaba décadas encallada.
Las reubicaciones se han centrado en las personas que accedieron a marcharse. Después de trasladarlas a una vivienda social, se demuele el antiguo inmueble por los ayuntamientos competentes. Por su parte, las personas que continúan viviendo allí están recibiendo cartas informándoles sobre la necesidad de abandonar sus casas y trasladarse a otras zonas. Sin embargo, en los 14 kilómetros que ocupa este asentamiento hay habitantes que no quieren abandonar sus viviendas, en estos casos, la administración competente "debe hacer un expediente administrativo y de ser necesario llevar el caso ante los juzgados de los Contencioso-Administrativo", detallan fuentes municipales.
El asentamiento se divide en seis sectores que discurren por los municipios de Rivas, Madrid y Coslada. El objetivo de cara a los próximos 10 años es realojar a sus 7.300 habitantes, según figura en el último censo realizado en 2017. En el protocolo alcanzado se estableció 2034 como fecha para disolver la Cañada Real. Las actuaciones que se contemplan para buscar alternativas habitacionales, desarrollar programas sociales de empleo y crear planes educativos para contribuir a la inserción social deberán definirse en el documento pendiente de aprobarse y para el que todavía no se conoce una fecha. Los técnicos de cada administración deben detallar y consensuar el acuerdo que formalizará las medidas a implementar.
Asimismo, junto a estas actuaciones, las tareas de vigilancia y control en la zona se refuerzan para evitar que se construyan nuevos inmuebles. Para ello, "la Policía Local patrulla por los sectores de la Cañada de manera constante y ante el indicio de una nueva edificación se procede de manera inmediata a una demolición exprés", explican fuentes municipales, para evitar la proliferación de infraviviendas y que el asentamiento continúe expandiéndose.
En las tareas para proporcionar nuevas viviendas sociales se han destinado hasta la fecha 75,5 millones de euros. El compromiso alcanzado hace un año estableció una inversión de 330 millones de euros entre 2024 y 2034 para acometer el realojo de 1.600 familias. De cumplirse las previsiones, cuando se desmantele el asentamiento, la zona podrá reurbanizarse y crearse nuevas dotaciones o zonas verdes.
La problemática de la Cañada Real se remonta hasta los años sesenta, cuando una modificación de la ley sobre el uso de las Cañadas Reales permitió que en ellas se cultivasen huertos y edificasen casa para guardar el material de labranza o como puntos de descanso para los pastores de la trashumancia. Sin embargo, poco a poco el número de viviendas se fue multiplicando, adquiriendo un uso residencial con el tiempo y traspasando su utilización de padres a hijos.