La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para declarar a la RAM como organización terrorista

Con las renovadas sospechas de la intencionalidad del fuego que arrasa miles de hectáreas en el sur del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avanzó decididamente en la declaración del grupo autodenominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. La funcionaria firmó una resolución que establece que la RAM “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

En ese texto, que ahora deberá ser refrendado por la Cancillería de acuerdo con los pasos legales necesarios para incorporar a una agrupación en la lista de actividades terroristas, se argumentó que “desde el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas”.

Se consignaron, además, una serie de eventos que, según las autoridades, marcan un encadenamiento de acciones violentas durante más de una década. “Tal listado es el que surge, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror”, se argumentó en la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional.

El documento agrega una contundente mención dirigida al “líder de la RAM”, Facundo Jones Huala, ya que señaló la reivindicación que este hizo de la metodología del estrago mediante incendios como herramienta de presión política. Por esas palabras, el Ministerio de Seguridad Nacional había presentado una denuncia penal el 5 del actual.

No es esa una mención menor, ya que, el Código Penal tiene previsto una pena mínima de 10 años para los jefes de asociaciones terroristas.

El Código Penal establece también penas que oscilan entre los cinco y los 20 años de prisión para quienes integren una organización terrorista, tal como fue definida ahora la RAM. Esas posibles condenas son solo por el hecho de pertenecer a una asociación que tiene como fin intimidar a la sociedad y amenazar al Estado, ya que frente a otros delitos, como homicidios, las penas pueden subir a los límites previstos para esos hechos.

Además, pueden ser investigados aquellos que aporten dinero o logística a esa organización criminal, ya que se iniciarían expedientes judicial por financiamiento de actividades terroristas.

Jones Huala cumplió las penas impuestas en Chile y regresó a nuestro país donde fue detenido el mes pasado en El Bolsón, después de que policías lo observasen en el momento de intentar forzar la cerradura de un vehículo. Fue liberado casi de inmediato. En esa localidad de Río Negro poco después se desató de manera intencional un incendio que aún los brigadistas intentan controlar.

“La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue inscripta en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Este grupo pseudomapuche atacó nuestra soberanía, prendiendo fuego nuestros bosques y aterrorizado a nuestros ciudadanos. En nuestro gobierno, no hay lugar para los violentos. A los violentos que desafían la ley: su tiempo se les acabo. Vamos contra ellos hasta las últimas consecuencias”, detalló la ministra Bullrich a su cuenta de la red X.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial se estableció, además, “que desde que se derogó el Decreto Nº 805/21, que había prorrogado los plazos establecidos en la Ley Nº 26.160 que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años, los incendios en los bosques del sur argentino, especialmente en las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut fueron en aumento, en diversos casos se probó que se iniciaron de manera intencional y, por otro lado, abundan las denuncias en tal sentido”.

Más allá de los argumentos legales utilizados en la resolución para señalar a la RAM como grupo terrorista, en las cercanías de la ministra Bullrich se fundamentó la decisión diciendo: “La RAM constituye un grupo etno-nacionalista que actúa con extrema violencia, cuyos activistas cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra la naturaleza, contra el orden público, contra las personas y contra la infraestructura crítica, infundiendo el temor en las zonas territoriales donde actúan, con el objetivo de promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”.

Y se agregó: “Una clara ilustración de lo señalado lo constituye el conjunto de incendios forestales iniciados de manera deliberada y coordinada en la Comarca Andina del Paralelo 42, que está generando una catástrofe ambiental junto a un profundo daño a la economía local, dado que atenta de manera directa contra la industria del turismo, genera daños graves a los bienes de los habitantes, causa fallecidos, atenta contra la infraestructura local y sobre todo logra generar temor e inseguridad en la población frente a un agresor difuso”.

En los últimos días, la ministra Bullrich visitó El Bolsón y anticipó su posición de endurecer la posición del Estado. “Con quienes queman propiedades y bosques que son importantísimos, vamos a ser implacables”, dijo.

Esa línea también fue marcada en El Bolsón por el ministro de Defensa, Luis Petri: “Está claro que los incendios son actos intencionales que buscan atemorizar a la población, Y a partir de allí son terroristas”.

Poco después de las declaraciones de los ministros, las fuerzas de seguridad federales realizaron una serie de allanamientos en Esquel, Trevelin, El Maitén y Corcovado, en una investigación sobre el incendio intencional que afectó este año al establecimiento agropecuario Amancay. Uno de los operativos se concretó en el Lof Mapu Pillan Mahuiza, donde fue detenida una mujer de 36 años bajo la acusación de haber sido parte de ese estrago. Se encontraron allí, detallaron las autoridades en un comunicado de prensa, combustible y elementos para acelerar el fuego.

Ese incendio intencional en la estancia Amacay es uno de los 136 eventos que el Ministerio de Seguridad Nacional detalló entre los fundamentos para colocar a la RAM en el listado de organizaciones terroristas.

Los incendios intencionales fueron parte trascendente de los argumentos para colocar al grupo de Jones Huala como organización terrorista. “Así lo hicieron en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios. Muchas personas han perdido sus casas e incluso, algunas murieron. Estas acciones criminales replican las que llevaron a cabo en la República de Chile, donde incendiaron numerosas viviendas y templos, tanto de la Iglesia Católica como de las comunidades evangélicas”, indicó el Ministerio de Seguridad Nacional.