La Junta de Andalucía cita al Gobierno el 4 de marzo para abordar la demolición del Algarrobico

La Junta de Andalucía y el Gobierno central volverán a sentarse juntos para abordar la futura demolición del hotel ubicado en el paraje del Algarrobico, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, y la posterior regeneración de la playa del entorno. Y ello después de que hace unos días la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, anunciara de forma unilateral el derribo del edificio previa expropiación de los terrenos, fórmula que la Junta sigue rechazando.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, que ha detallado que la Junta ha convocado para el 4 de marzo, a las 11.00 horas, la comisión mixta que ambas administraciones crearon en el año 2011, tras llegar a un acuerdo por el que el Gobierno central se comprometía a financiar la demolición del hotel y la Junta asumía la gestión de los residuos y la regeneración de la playa.

A dicho encuentro asistirán, por parte de la Junta, las consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; mientras que por parte del Estado asistirá, según ha adelantado España, la Dirección de Costas y Mar del Ministerio para la Transición Ecológica.

La consejera portavoz ha reiterado que la Junta "siempre apostará por la vía del diálogo" y por ello, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para "ofrecerles" su colaboración para que el Consistorio pueda ejecutar la sentencia de Tribunal Supremo de 2023 que ordena a la administración local revisar la licencia de obras concedida a la promotora del hotel.

"Queremos una solución realista y pragmática", ha reiterado España, tras insistir en que el del Algarrobico es un "conflicto heredado que arrastramos desde hace más de 20 años". Por ello, acudirán a las reunión del 4 de marzo para "poner encima de la mesa todas las opciones", para "dialogar y escuchar" al Gobierno que, ha recordado, ya se manifestó en contra de la expropiación en marzo del año pasado y también en 2009, cuando el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició ese proceso y lo archivó al considerar que la nulidad de la licencia era un método "más rápido y seguro".