La indignación de la familia de la mujer asesinada en Benalmádena: "El sistema ha fallado"

"El sistema ha fallado", se queja Daniel Ríos, primo de la mujer asesinada este domingo presuntamente por su marido en Benalmádena (Málaga), tras conocer que la Justicia le denegó una orden de alejamiento. "El sistema no ha protegido correctamente a mi prima, una víctima de violencia de género", comenta Daniel, y "hoy no podemos más que lamentar su pérdida", añade.

"Había sospechas, pero nadie se esperaba semejante desenlace", dice mientras asegura que en la familia se encuentran "abatidos", pero también "totalmente indignados" tras conocer los detalles de la decisión judicial. "La situación se tornó límite ya desde hace tiempo y ella fue valiente y decidió denunciar", indica respecto a la fallecida, una mujer de 48 años madre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad -dos niñas de 7 y 9 años, y un niño de 11- hijos de su presunto asesino y que se encontraban presentes en el momento del crimen.

La muerte le ha alcanzado esperando un juicio en el que la víctima -casada desde hace once años con un ciudadano nigeriano, detenido este martes y acusado del crimen- "pedía poder cambiar el bombín de la puerta" de la casa donde vivía con su presunto asesino, relata este familiar. Daniel, al igual que muchos de sus allegados, considera que "cambiar ese bombín le habría salvado la vida".

Los niños estaban en la casa cuando se produjo el crimen y uno de ellos, con apenas 11 años, llegó a presenciar la agresión, se interpuso entre su madre y el agresor y resultó herido, lamenta Daniel Ríos. El niño "está totalmente en estado de shock y con ayuda psicológica", explica.

La mujer asesinada la madrugada de este domingo en Benalmádena -la primera víctima de violencia machista de Andalucía en 2025- había interpuesto una denuncia contra su marido, del que había manifestado su intención de separarse, el pasado 21 de enero. Solicitó una orden de alejamiento de su marido, pero la juez consideró que en este caso no concurrían los supuestos exigidos por la ley y consideró que no corría un riesgo alto, ha explicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

Se pensó que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones y de un delito leve de vejaciones, pero no se estimó que requiriese la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial, abundan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Por este motivo el procedimiento acabó en el Juzgado de lo Penal número 12 de la capital y se tramitó como un juicio rápido, que estaba pendiente de celebrarse.