Prácticamente desde el inicio de la instrucción en el Tribunal Supremo, en octubre del año pasado, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han cuestionado la legalidad de los registros en los despachos de Álvaro García Ortiz y de la fiscal Pilar Rodríguez con la vista puesta en el Tribunal Constitucional. No en vano esa diligencia constituye la columna vertebral de la causa en el que se investiga al fiscal general del Estado y a dos subordinados por revelación de secretos, y el análisis de lo incautado en esos registros, especialmente el teléfono de Pilar Rodríguez, ha apuntalado los indicios que a día de hoy pesan contra el fiscal general. La defensa de García Ortiz está esperando a que...
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