La crisis alimentaria que impulsó la primera ley en España para la defensa del consumidor
Se cumplen 40 años de la primera gran crisis sanitaria de España: la intoxicación masiva de miles de personas provocada por el consumo de aceite de colza...
Hace casi 44 años, la ingesta de aceite de colza adulterado por parte de miles de españoles desató una crisis alimentaria sin precedentes que forzó al entonces gobierno socialista encabezado por Felipe González a la aprobación de la primera ley española que garantizaba los derechos de consumidores y usuarios.
Este próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y desde 20minutos hemos querido rescatar de la memoria aquellos tristes y lamentables hechos que a la postre sirvieron para poner a los ciudadanos en el foco y garantizar su defensa en situaciones de indefensión ante los poderes públicos y las empresas privadas.
La intoxicación masiva de miles de personas tuvo su origen en una partida de garrafas procedentes de Francia, cuyo aceite de colza -un aceite más barato que el de oliva- fue desnaturalizado con anilina para uso industrial y vendido a granel como si fuese aceite de oliva en mercadillos a un precio bastante económico, causando de esta forma la muerte de unas 5.000 personas y envenenando a más de 30.000.
El primer fallecido fue un niño de 8 años de Torrejón de Ardoz (Madrid), el 1 de mayo de 1981. Aunque no fue hasta el mes de junio cuando se confirmó que la causa del mal: el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT).
La dolencia, que saturó los hospitales públicos, provocaba sobre todo una neumonía inusual, aunque la gravedad de los síntomas variaba en cada persona. También se constataron otras afecciones, como manifestaciones cutáneas, dolencias músculo-esqueléticas, fatiga y dolor crónico generalizado y deformidades articulares.
"Desde entonces, al menos 12.000 personas en España continúan sufriendo las consecuencias devastadoras de aquel suceso, enfrentándose cada año a nuevas dificultades y obstáculos que entierran nuestro futuro y nuestra salud maltrecha", asegura la Plataforma Seguimos Viviendo, que agrupa a las víctima de aquella tragedia.
"No había una ley que se ocupara de los consumidores"
"La gran tragedia de la colza en España marco un antes y un después en materia de protección de los derechos de los consumidores. Fue un acontecimiento que puso de manifiesto la urgente necesidad de proteger de forma adecuada la salud y seguridad de los consumidores", explica Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por entonces, continúa García, "España no contaba aun con una ley que se ocupara específicamente de los consumidores, existía el código penal que castigaba delitos, una legislación administrativa que regula diferentes mercados, pero no había una ley que se ocupara de los consumidores" y todo ello "provocó que se diera impulso y se aprobará pocos años después la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que vio luz en julio de 1984".
"Los productos, actividades y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores o usuarios no implicarán riesgos para su salud o seguridad, salvo los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización", rezaba el punto primero del artículo tercero del capítulo segundo dedicado a la protección de la salud y seguridad.
"Con carácter general, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza y de las personas a las que van destinados, deben ser puestos en conocimiento previo de los consumidores o usuarios por medios apropiados (...)", precisa el punto segundo.
"Es una Ley que sigue vigente en muchos aspectos, aun después de una notable reforma en 2006. En ellas se consagran los principales derechos de los consumidores, información, formación, protección a la salud, seguridad y a los intereses económicos de los consumidores y el derecho de representación a través de las asociaciones de consumidores", concluye el portavoz de la OCU.
Larga batalla judicial
El 30 de marzo de 1987 arrancó en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid el juicio a los 38 empresarios aceiteros procesados por la Audiencia Nacional por la crisis de la colza.
La Audiencia condenó en una primera sentencia a 13 de ellos a penas de entre seis y veinte años de cárcel y estableció que no hubo homicidios sino delito contra la salud pública e imprudencia temeraria.
El Alto Tribunal determinó que 330 personas murieron por el aceite tóxico, frente a los 605 contabilizados oficialmente, y estableció unas indemnizaciones de 15 millones de pesetas (90.151€) para los herederos por fallecido, y de 150.000 pesetas (901€) a 90 millones (540.910€) para el resto afectados en función de su sintomatología y grado de invalidez.
Posteriormente, se inició una larga batalla judicial en varios frentes que culminó en 1997, cuando el Tribunal Supremo condenó al Estado como responsable civil subsidiario a pagar a los afectados indemnizaciones por más de 540.000 millones de pesetas (3.253.012 euros), a la vez que ampliaba la lista de los beneficiarios a todos los afectados.
