La Casa de Alba admite el uso de pozos ilegales pero niega haber sobreexplotado el acuífero Aljarafe Sur
La Casa de Alba ha admitido que en su finca de Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), a las puertas del Parque Nacional de Doñana, existen nueve pozos sin licencia que han operado sin medidores de control. Sin embargo, defiende que nunca ha extraído más agua de la permitida y sostiene que, lejos de perjudicar al acuífero Aljarafe Sur, su uso lo habría beneficiado. A pesar de esta afirmación, un informe de la Guardia Civil estima que el daño ambiental causado por la extracción ilegal de agua asciende a seis millones de euros y podría ser irreversible. Dicho cálculo, tal como ha adelantado elDiario.es, se basa en la cantidad de agua extraída sin autorización durante la última década, estimada en 6.600 millones de litros, generando un beneficio ilícito equivalente a la cifra del perjuicio ambiental. Así que la defensa da por hecho que no ha gastado más agua de la permitida y que la Guardia Civil no puede certificar lo contrario, por lo que da un paso más allá y afirma que el uso de los nueve pozos ilegales le ha venido bien a la masa subterránea. "Lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero", ya que se están "evitando extracciones fuertes en sólo dos puntos". Un informe técnico en su defensa Para rebatir estas acusaciones, la empresa Eurotécnica Agraria -empresa que gestiona la finca- ha presentado su propio informe pericial que cuestiona los cálculos de la Guardia Civil y han considerado que no se ha podido demostrar que se hayan extraído más de los 605.150 metros cúbicos por años que tiene permitido y defiende que la existencia de múltiples pozos ha beneficiado al acuífero. Según este informe, distribuir la extracción entre varios puntos ha mejorado la hidrodinámica del acuífero Aljarafe Sur, evitando sobreexplotaciones localizadas. La empresa sostiene que, en lugar de afectar negativamente al subsuelo, el uso de los pozos ha reducido el impacto al generar un cono de descenso menos pronunciado. Medidas judiciales Las inspecciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han detectado en varias ocasiones la extracción ilegal de agua en la finca, calificándola de "despilfarro". Ante esta situación, el juez instructor ordenó el sellado de los pozos, medida que fue levantada en junio pasado tras considerar los argumentos técnicos sobre la mejora hidrodinámica. Sin embargo, al confirmarse meses después que los pozos seguían en uso, se restableció la prohibición. En su último auto, el juez instructor también ha señalado que estas extracciones ilegales podrían haber tenido un "impacto colateral en Doñana" y en su avifauna. Pese a la causa judicial abierta, la CHG ha dado su visto bueno inicial a la regularización de los pozos, siempre que no se extraiga más agua de la permitida. Esta decisión ha generado polémica, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente se ha opuesto al proceso, advirtiendo del posible impacto en el ecosistema de Doñana.
La Casa de Alba ha admitido que en su finca de Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), a las puertas del Parque Nacional de Doñana, existen nueve pozos sin licencia que han operado sin medidores de control. Sin embargo, defiende que nunca ha extraído más agua de la permitida y sostiene que, lejos de perjudicar al acuífero Aljarafe Sur, su uso lo habría beneficiado. A pesar de esta afirmación, un informe de la Guardia Civil estima que el daño ambiental causado por la extracción ilegal de agua asciende a seis millones de euros y podría ser irreversible. Dicho cálculo, tal como ha adelantado elDiario.es, se basa en la cantidad de agua extraída sin autorización durante la última década, estimada en 6.600 millones de litros, generando un beneficio ilícito equivalente a la cifra del perjuicio ambiental. Así que la defensa da por hecho que no ha gastado más agua de la permitida y que la Guardia Civil no puede certificar lo contrario, por lo que da un paso más allá y afirma que el uso de los nueve pozos ilegales le ha venido bien a la masa subterránea. "Lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero", ya que se están "evitando extracciones fuertes en sólo dos puntos". Un informe técnico en su defensa Para rebatir estas acusaciones, la empresa Eurotécnica Agraria -empresa que gestiona la finca- ha presentado su propio informe pericial que cuestiona los cálculos de la Guardia Civil y han considerado que no se ha podido demostrar que se hayan extraído más de los 605.150 metros cúbicos por años que tiene permitido y defiende que la existencia de múltiples pozos ha beneficiado al acuífero. Según este informe, distribuir la extracción entre varios puntos ha mejorado la hidrodinámica del acuífero Aljarafe Sur, evitando sobreexplotaciones localizadas. La empresa sostiene que, en lugar de afectar negativamente al subsuelo, el uso de los pozos ha reducido el impacto al generar un cono de descenso menos pronunciado. Medidas judiciales Las inspecciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) han detectado en varias ocasiones la extracción ilegal de agua en la finca, calificándola de "despilfarro". Ante esta situación, el juez instructor ordenó el sellado de los pozos, medida que fue levantada en junio pasado tras considerar los argumentos técnicos sobre la mejora hidrodinámica. Sin embargo, al confirmarse meses después que los pozos seguían en uso, se restableció la prohibición. En su último auto, el juez instructor también ha señalado que estas extracciones ilegales podrían haber tenido un "impacto colateral en Doñana" y en su avifauna. Pese a la causa judicial abierta, la CHG ha dado su visto bueno inicial a la regularización de los pozos, siempre que no se extraiga más agua de la permitida. Esta decisión ha generado polémica, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente se ha opuesto al proceso, advirtiendo del posible impacto en el ecosistema de Doñana.
