La Airef alerta del lío contable que se avecina con la quita: puede forzar al Gobierno a un recorte sin precedentes de gasto

El Gobierno está dispuesto a que las cuentas del Estado asuman 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, y a estas alturas ya está claro que el movimiento no reducirá la deuda pública española sino que solo trasladará un pasivo que a día de hoy figura en el endeudamiento de las diferentes autonomías hacia las cuentas del Estado, que, bien es cierto, se financia a un coste inferior. La operación, ya lo han recordado las agencias de rating, reducirá la carga creciente de intereses que se les venía encima a las comunidades autónomas -en una cuantía que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estimó el pasado miércoles en una horquilla de entre 6.500 y 7.000 millones de euros- y al mismo tiempo elevará también la cuenta de intereses del Estado, que ya se ha advertido también puede enfrentarse a un mayor coste de financiación en los mercados . Sin embargo, no serán estas las únicas consecuencias de la operación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido este jueves en una nota técnica sobre la tormentosa (en lo político) reunión del pasado miércoles entre Hacienda y los gobiernos autonómicos de un efecto contable, que es probable que se les haya pasado a los promotores de la condonación de deuda pero que puede comprometer de forma muy seria la gestión presupuestaria del Gobierno en los próximos años. «Hay otro aspecto que resulta importante en este proceso de consolidación de la deuda y es el tratamiento que en contabilidad nacional tienen este tipo de operaciones «, advierte la institución que vela por el rigor de la gestión presupuestaria y contable en España. Al parecer, en términos de contabilidad nacional, que es la metodología que utiliza la Comisión Europea para medir el cumplimiento fiscal de los países, las condonaciones de deuda se consignan como una transferencia de capital que computa como ingreso para las comunidades autónomas y como gasto para el Estado. «La naturaleza de la transferencia afectaría al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central que podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones en el año de la condonación«. La Airef subraya que el impacto dependerá «de la naturaleza de esta transferencia», pero la absorción imprevista de 83.ooo millones de euros de gasto dentro del ya limitado margen que permiten las nuevas reglas fiscales europeas obligarán al Gobierno, de no conseguir un aval europeo para esquivar esta trampa contable, a un recorte del gasto público del Estado sin precedentes. La Airef, de hecho, advierte también al Gobierno de que tendría que limitar de alguna forma la utilización por parte de las comunidades autónomas de esos ingresos virtuales, posiblemente al objeto de evitar que se utilicen para alcanzar los objetivos de déficit esquivando la obligada contención de sus gastos. La preocupación por la disciplina fiscal atraviesa todo el informe de la Airef sobre la condonación de deuda planteada por el Gobierno. «No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales«, señala el organismo presidido por Cristina Herrero. Por ese motivo, como ya avanzó María Jesús Montero, la institución ha instado al Gobierno a establecer algún tipo de condicionalidad sobre las comunidades autónomas beneficiarias de la operación para garantizar que ajusten al menos sus gastos a lo que exige Bruselas.A la Airef tampoco le convence que la condonación de deuda se haga al margen del sistema de financiación autonómica porque entiende que difícilmente se resolverá el problema si no se corrige el origen del mismo y objeta el criterio de reparto. En este sentido, aconseja al Gobierno eliminar el premio que se garantiza a las CC.AA. que subieron el IRPF entre 2010 y 2022 por alguna fórmula que también tenga en cuenta el gasto. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, participó este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde trasladó a los participantes las condiciones que la institución, como garante de la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas, considera que debe incluir el acuerdo para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas (CCAA). Para la autoridad independiente, «no está de más» reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales con una condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda toda vez que, además, el fondo de liquidez autonómico no desaparece, de manera que se seguirían financiando a través de él tanto los déficits registrados en el ejercicio como los excesos de déficit generados en años anteriores. Para la AIReF, la condicionalidad fiscal exigible debería tener en cuenta la posición de partida de cada comunidad , así como su posición relativa respecto a un sistema de financiación cuya reforma todavía no se ha resuelto. Así, la AIReF considera que la condonación que se propone «no resulta suficiente» para acabar con la permanente interinidad de los mecanismos que nacieron como extraordinarios en la crisis financiera de 2008 y se convirtieron en permanentes. Por otra parte, la AIReF considera que el criterio de distribución de la fase 3 contiene «un enfoque muy parcial», al tener solo en cuenta el ejercicio al alza de las competencias normativas en materia de IRPF como aproximación del esfuerzo realizado por las comunidades. Por ello, con todas las limitaciones que pueda presentar, el organismo considera que la variable que mejor refleja este esfuerzo sería, precisamente, el gasto computable, puesto que el esfuerzo puede venir tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. El hecho de que el gasto computable se defina como gasto neto de medidas ingreso permitiría tener en cuenta ambas opciones. Hay otro aspecto que también resulta importante en este proceso de consolidación de la deuda, según la AIReF, y es el tratamiento que en contabilidad nacional tienen este tipo de operaciones. Según ha explicado el organismo, en contabilidad nacional, la contrapartida de una condonación de deuda es una transferencia de capital que va, en este caso, del Estado a las comunidades autónomas. Esto implica que, en el año de la condonación, se produce un aumento de los ingresos de las comunidades autónomas y un aumento del gasto del Estado por importe de 83.000 millones . El impacto de esta transferencia en el gasto dependerá de la naturaleza de esta transferencia y de que no se produzca en la práctica, como en años anteriores, una primacía de los objetivos de déficit sobre la regla de gasto. La naturaleza de la transferencia afectaría al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central, que podría ver restringida su capacidad de gasto en 83.000 millones en el año de la condonación. Por el lado autonómico, la AIReF cree que sería necesario romper con la tradicional primacía que el objetivo de déficit tiene en la práctica, a pesar de no contar con respaldo normativo. En este sentido, la autoridad independiente ve necesario limitar el uso del incremento de los ingresos autonómicos en el año de la condonación, lo que podría realizarse a través, precisamente, de la condicionalidad fiscal que debe acompañar al proceso de condonación. Por su parte, la AIReF ha apuntado que la condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas.