Juana vive sola, se ha intentado suicidar varias veces y quiere ser ingresada, pero aún debe esperar por falta de recursos

Juana –el nombre es ficticio– tiene 70 años, una discapacidad y desde hace tres décadas vive sola en un piso de Jinámar, un populoso barrio en la linde entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En junio de 2024, mientras estaba siendo valorada por una médica forense, expresó su deseo de ingresar en una clínica o en una residencia. “Quiero que me curen de esto”, dijo. Juana padece cuadros depresivos recurrentes y en los dos últimos años ha tenido que ser asistida varias veces en las urgencias del Hospital Doctor Negrín por intentos de suicidio. 

Desde diciembre de 2023, hasta tres profesionales sanitarios han recomendado su ingreso en algún centro de atención a la salud mental o sociosanitario del Archipiélago para mantener sobre ella una vigilancia constante, pero hasta la fecha Juana sigue a la espera por la falta de recursos que arrastra Canarias en materia de cuidados.   

El primero en aconsejar su ingreso fue el psiquiatra privado que la atendió desde 2005 hasta finales de 2023. “Dada la severidad del episodio actual y el riesgo autolítico, puede ser subsidiaria de ingreso para tratamiento en unidad de hospitalización breve”, recoge su informe. En aquel momento, Juana ya se había intentado suicidar en cinco ocasiones. 

Tres meses después, en febrero de 2024, su médica de familia firmó otro informe que advertía de que la paciente tenía “un alto riesgo de continuar con dichos intentos de autolisis y de que alguno de ellos conlleve un desenlace fatal”, por lo que consideraba necesaria la valoración de ingreso en una unidad de salud mental. En ese escrito se alertaba de un déficit de autocuidado en el baño, en el vestido y en la alimentación, además de una “autogestión ineficaz de su salud” o una tendencia a “adoptar conductas de riesgo”. 

En ese periodo y tras las sucesivas altas en las urgencias hospitalarias (en algún caso permaneció apenas veinte minutos ingresada, en la mayoría estuvo horas en el servicio y, en una ocasión, la estancia para su estabilización en el área psiquiátrica se prolongó dos días), su única hija presentó tres reclamaciones ante el Servicio Canario de Salud (SCS) por el “peligro manifiesto y grave” en que se encontraba Juana. En ellas, exponía que no contaba con los recursos necesarios para atender a su madre, ya que requiere de vigilancia y cuidados “las 24 horas del día” y es dependiente “para todas las necesidades diarias”. 

Los informes de urgencias incidían exclusivamente en la necesidad de reajustar el tratamiento farmacológico que recibía Juana. “Sentimos que la elevada presión asistencial que afecta a este servicio nos impida, por el momento, dar respuesta a su solicitud”, contestó en una ocasión el SCS a la reclamación de la hija, que se quejaba, entre otras cuestiones, del trato dispensado a su madre una vez dada de alta en las urgencias. “La colocan en un taxi y la envían a casa o la dejan abandonada en la puerta del centro”, decía.

El caso acabó en los juzgados. La familia solicitó en febrero de 2024 el ingreso urgente de Juana en un centro asistencial con el objetivo de que estuviera “controlada por personal capacitado para evitar un mal mayor” y de que se le proporcionaran “los cuidados necesarios hasta lograr una mejoría en su salud” y la desaparición de la ideación suicida.

En junio, cinco meses después de que entrara ese escrito en los juzgados, Juana fue valorada por primera vez por una médica forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. En su informe, la profesional constató la depresión “crónica” de la paciente y el “alto riesgo de repetición de gesto autolítico, con posibilidad de que alguno de ellos se consume en un desenlace fatal”. Por ello, “y teniendo en cuenta su negativa a recibir asistencia familiar y social en su propio domicilio”, la médica forense consideraba “conveniente” su ingreso en un centro adecuado a sus necesidades asistenciales. Era, por tanto, la tercera persona en aconsejarlo, tras el psiquiatra privado y la médica de familia. 

Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia 15 de Las Palmas de Gran Canaria denegó la autorización judicial para el internamiento no voluntario de Juana, con el argumento de que estaba “en condiciones de prestar consentimiento” al ingreso en un centro.  

En ese mismo auto, el juzgado sí acordó, de forma cautelar, una medida judicial de apoyo a las personas con discapacidad, la denominada curatela, para que un tercero (en este caso, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, a través de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social) supervisara “todos los aspectos básicos de la vida diaria relativa al autocuidado, el ámbito de la salud, el manejo de medicamentos, el seguimiento de las pautas alimentarias y de tratamientos” durante un plazo de treinta días. 

Transcurrido este plazo, la Fiscalía solicitó la provisión definitiva de esa medida de apoyo judicial. El juzgado pidió entonces un segundo informe al Instituto de Medicina Legal y es en ese momento (octubre de 2024) cuando Juana expresa su deseo de ser ingresada. 

En la comparecencia judicial celebrada el pasado 5 de diciembre para resolver esa solicitud, el Gobierno de Canarias sólo le dio la opción de esperar. Para el ingreso en un centro de atención a la salud mental, es necesario un informe favorable del psiquiatra de la red pública, con quien Juana tuvo la primera consulta en septiembre de 2024 (después de pedirlo durante un año) y con el que tiene cita cada cuatro meses, para después pasar a una lista de espera. Para el internamiento en un centro sociosanitario, una vez reconocido el grado dos de dependencia (dependencia severa), se topa con otra barrera: el déficit de 9.400 camas residenciales en las Islas. Por lo tanto, tiene que esperar (durante años) a la asignación de una plaza de la red pública “en caso de que no se sufrague un centro privado”, recoge el auto en el que se expone la versión del Gobierno de Canarias. 

Desde principios de diciembre, por tanto, Juana tiene una medida judicial de apoyo, una curatela no representativa (se limita a la supervisión y el acompañamiento en el autocuidado, sin que la entidad curadora pueda adoptar decisiones en nombre de la persona), pero sigue sin un recurso asistencial en el que permanecer ingresada. 

El auto que autorizó esa curatela ordenó, además, remitir el informe de la médica forense al psiquiatra de la unidad de salud mental para su valoración. Sin embargo, ese escrito no había llegado aún al profesional que atiende a Juana en la última cita, la de enero, por lo que sigue esperando. Mientras, su situación “sigue empeorando”, según la familia, que refiere otro intento de autolisis a finales de noviembre. “La curatela no debe limitarse a visitas a domicilio por una trabajadora social (cada quince días desde octubre), se debe priorizar en poner todos los recursos necesarios para garantizar la salud y seguridad de Juana (ingreso, supervisión y tratamiento psiquiátrico)”, señalaba en su último escrito. 

“Lo que se esconde detrás de todo esto es que no hay recursos para atender a estas personas”, resume la abogada Fanny Barreto, que lleva el caso y que dice que, pese a que existe un Plan de Salud Mental o un Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias, los medios siguen siendo insuficientes y que, dado el limitado número de plazas en centros, se prioriza el ingreso de otro tipo de pacientes con trastornos mentales graves. 

“Las unidades están colapsadas. Los intentos autolíticos repetitivos no revisten criterios de gravedad suficiente para ellos”, denuncia Barreto. “Es verdad que hay un protocolo por el que, en menos de 72 horas del alta tras un intento de suicidio, un profesional de atención primaria llama al paciente para ver su evolución”. Sin embargo, “por mucho protocolo o por muchas llamadas de teléfono que hagas, no vale de nada si no hay plaza para una persona que no puede vivir sola y no tiene recursos para un ingreso en un centro privado”.

Barreto incide en las barreras con las que se ha topado Juana en tres vías. En el Servicio Canario de Salud, con la falta de personal especializado (tuvo que esperar un año para que le asignaran un psiquiatra de la red pública al que ve cada cuatro meses) y la falta de plazas en los centros de atención a la salud mental. En el área de Bienestar Social, por los problemas históricos del sistema de Dependencia en el Archipiélago, con los retrasos en la tramitación de las solicitudes de reconocimiento y el déficit de plazas residenciales que ocasiona unas abultadas listas de espera. Y, por último, en sede judicial, con una curatela que, a pesar de implicar “un importante avance” en materia de protección a las personas con discapacidad, en el caso de Juana resulta insuficiente para sus necesidades. 

El triple de psicólogos

Javier Sánchez Eizaguirre, decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, señala que en los últimos tiempos se ha puesto el foco y se han producido avances importantes en la atención a la salud mental. Destaca, en este sentido, la creación de una dirección general específica dentro del Servicio Canario de Salud (SCS) en esta legislatura. Sin embargo, admite que se siguen arrastrando “importantes carencias, principalmente por la falta de personal especializado para poder atender todas las problemáticas que hay”. 

Sánchez Eizaguirre señala que la ratio debería ser de unos 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Canarias, al igual que el resto de España, está “muy lejos” de esa cifra. El Gobierno regional no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico y, por tanto, no ha aportado datos actualizados sobre el número de profesionales que ejercen en la actualidad dentro de los recursos públicos de atención a la salud mental. Las últimas cifras publicadas corresponden a diciembre de 2023 y han sido las que ha aportado la consejera de Sanidad, Esther Monzón, en sus comparecencias en el Parlamento este año. 

A finales de 2023, había 678 profesionales dedicados a la salud mental en Canarias: 128 en especialistas en Psicología, 177 en Psiquiatría, 317 en Enfermería y 53 en Trabajo Social. Con esos números en la mano, las Islas tendrían una ratio de 5,71 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, habría que triplicar el número para llegar a la ratio recomendada. Según el último informe anual del Sistema Nacional de Salud, el Archipiélago es la comunidad con mayor prevalencia de trastornos mentales y de comportamiento registrados por cada 1.000 habitantes, con 518,5 frente a una media de 331.

Sánchez Eizaguirre valora la incorporación en los últimos años de psicólogos clínicos en Atención Primaria. En la actualidad hay cerca de cuarenta. Con esta cifra, el decano considera que se cubre “aproximadamente la mitad” de los que necesitan las Islas en este nivel asistencial. “La atención primaria permite descargar la atención de la especializada para que pueda correr la lista de espera y en la especializada se traten los problemas que tienen que ir orientadas a ella, como son los trastornos graves o muy graves”. 

El decano del Colegio de Psicología de Las Palmas une a la escasez de personal especializado las carencias en infraestructuras. “Hay pocos centros especializados de internamiento o de atención de día. Están las unidades de atención psiquiátrica de los hospitales para gente que necesite estar en vigilancia, pero evidentemente las plazas son escasas y eso genera unas altas listas de espera”, señala. 

“Múltiples barreras de acceso” 

En 2023 fueron atendidas en Canarias 69.550 personas en los servicios de Salud Mental del SCS. De ellas, aproximadamente el 13% (9.090) fue asistido por entidades representativas del movimiento asociativo en las Islas, según la Federación de Salud Mental de Canarias, que en su último informe denunciaba que “las administraciones públicas no destinan los recursos que hacen falta para cubrir las necesidades de esta parte de la población, menos aún para facilitar su inclusión social”. “Las múltiples barreras de acceso a los servicios disponibles impiden el acceso de la mayoría a la atención en salud mental y, cuando lo permiten, se hace de manera poco coordinada, con un seguimiento demasiado distanciado en el tiempo y con una eficacia mínima. Una vez más, se evita profundizar y se elige el camino fácil: medicar y apartar”, incidía ese escrito. 

Miguel Tomé es psicólogo, vicepresidente de la Federación de Salud Mental de Canarias y secretario de ATELSAM, uno de los centros que colaboran con el sistema público. “En la salud mental, la clave siempre es la red de apoyo personal. Si una persona está sola, que desgraciadamente hoy es muy habitual, el problema es mucho mayor”, señala. Sin entrar a valorar ningún caso concreto, Tomé explica que cuando un juez considera que una persona necesita un apoyo judicial, una curatela, a esa persona “hay que darle un recurso, sin duda”. 

“Nosotros atendemos a personas que nos remiten los equipos asertivos comunitarios”, las unidades de salud mental del sistema público, explica. “Y también atendemos, desde el voluntariado, a cualquier persona que lo precise”. 

Tomé señala que hay distintos tipos de recursos. “Nosotros tenemos dos residencias con treinta personas ingresadas de forma permanente, más catorce pisos tutelados, más ayuda a domicilio. Cada persona es un ente absoluto, cada persona tiene un contexto de vida diferente. Es lo que se evalúa. Si las circunstancias, o cómo afecta la enfermedad a su vida, requiere un ingreso, debe estar ingresado 24 horas con atención permanente. Pero también puede ocurrir que pueda estar en un piso tutelado compartiendo vida con otras personas con el mismo trastorno. O puede ocurrir, que es lo más habitual, que esté en casa con su familia y nosotros hagamos una ayuda a domicilio en coordinación con los servicios comunitarios. Depende de cada persona y por eso es tan difícil”, asevera.

El vicepresidente de la Federación de Salud Mental de Canarias también llama la atención sobre el “grave problema de la sobremedicación” en las Islas. “Tenemos un consumo de psicofármacos exagerado. Somos una sociedad medicalizada. No puede ser que la manera que tengamos de abordar la salud mental sea solamente con la medicación”, concluye. 

Los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) revelan que en 2023 se suicidaron 241 personas en las Islas. Es la cifra más alta de una serie histórica que comienza en 1999. Es, además, el quinto año consecutivo en el que se supera la mayor marca. En términos porcentuales, los fallecimientos por autolisis, la causa de muerte no natural más común, han pasado de representar el 1,05% del total de muertes en el Archipiélago a principios de siglo al 1,35% en 2023. En 2021, en plena pandemia de Covid-19, el Gobierno canario aprobó el programa de prevención de la conducta suicida.