El nuevo PER que mide el precio de una acción según Política, Exposición y Riesgo

Hoy en día, la política ya no es solo algo que ocurre en los despachos gubernamentales. Se cuela en las redes sociales, influye en los titulares financieros y empuja o hunde los índices bursátiles. Y lo más relevante para los inversores es que la política cada vez determina más cuánto vale una empresa en bolsa. Casi con la misma intensidad que los tipos de interés y los resultados trimestrales.

Hasta hace poco, las siglas PER eran tres letras sencillas que definían una de las fórmulas más repetidas en el mundo financiero. Price to Earnings Ratio. Una herramienta clásica para saber si una empresa está cara o barata en relación a sus beneficios. Si una compañía cotiza a 20 euros y genera un beneficio de 1 euro por acción, su PER es 20. Cuanto más alto, más expectativas de crecimiento o más cara se considera una acción respecto a su rentabilidad. Sin embargo, este indicador parte de la base de que el crecimiento, los márgenes y la estabilidad son razonablemente predecibles. Algo que ya no se puede dar por hecho.

Política, Exposición y Riesgo

Esas son las tres palabras que hoy mejor describen los nuevos ejes sobre los que gira la valoración de muchos activos. Tres dimensiones que se han convertido en parte estructural de la valoración empresarial. Porque una empresa ya no vale solo por lo que gana, sino por dónde lo gana, bajo qué condiciones políticas opera y cuán vulnerable es a los cambios regulatorios o a las decisiones estratégicas de gobiernos y bancos centrales.

Según Bloomberg, las perspectivas de crecimiento del PIB de la eurozona para 2025 se han recortado debido a riesgos geopolíticos y políticos locales. Esto refleja cómo la política influye directamente en las expectativas económicas. Esta presión se traduce en decisiones de inversión y modifica directamente al apetito por el riesgo de los inversores institucionales.

Los ejemplos abundan y las últimas semanas lo han dejado claro. Desde el famoso “Día de la Liberación” proclamado por Donald Trump el 2 de abril, los mercados han vivido una montaña rusa. El índice VIX llegó a 60, las bolsas cayeron más de un 20% y el bono a 10 años tocó el 4,3%. En solo un mes, el paisaje ha cambiado por completo. El S&P 500 y el Nasdaq han borrado las pérdidas y están cerca de sus máximos. No fue por resultados corporativos. Fue una reacción directa a la incertidumbre política.

Pero Trump no es un caso aislado. En abril, el ataque de Israel a instalaciones en Irán disparó el crudo más de un 15% en dos días. Las aerolíneas sufrieron, el oro subió y los bonos europeos se tensionaron. En Francia, el auge de partidos euroescépticos amplió los diferenciales de deuda. En Asia, las sanciones cruzadas entre China y Taiwán tumbaron acciones de TSMC o Alibaba. Todo en cuestión de días.

Desde Apple hasta ASML, pasando por Inditex o Nestlé, cada vez más empresas ven su valor condicionado por normas, aranceles o subsidios que cambian con cada ciclo electoral. Un recorte a las ayudas verdes puede tumbar a firmas de renovables. Una ley de privacidad puede frenar el crecimiento de las grandes empresas tecnológicas. Un cambio de gobierno puede reordenar prioridades presupuestarias y dejar fuera a proveedores clave.

Cuando el mercado cotiza decisiones de Estado

Esta nueva normalidad obliga a repensar cómo se mide el valor. La política afecta al crecimiento de los ingresos, a la estructura de costes, a las decisiones de inversión y hasta al riesgo de quiebra. Los márgenes ya no dependen solo de la eficiencia operativa. También del lugar donde se fabrica, las relaciones comerciales entre países y la normativa que impone cada regulador.

Una empresa que decide trasladar su producción de Asia a Estados Unidos puede ganar estabilidad geopolítica. Pero también asume mayores costes laborales y fiscales. Esa inversión no es necesariamente una apuesta por la rentabilidad. Puede ser una decisión de supervivencia estratégica ante posibles bloqueos o sanciones.

El riesgo de quiebra tampoco responde solo a balances. Empresas consideradas estratégicas pueden recibir rescates incluso con cifras rojas. Otras, fuera del foco político, pueden verse abandonadas pese a su solidez financiera. La narrativa importa tanto como los números.

El riesgo político impacta en carteras y fondos

Esto tiene consecuencias para cualquier inversor. Evaluar una acción sin contemplar su exposición política puede dejar fuera una parte crucial del riesgo. Y ese riesgo no está solo en países emergentes. Está también en las decisiones de Bruselas, en los presupuestos del Congreso de Estados Unidos o en las medidas del Banco Popular de China.

Entre el 2 y el 14 de abril, los inversores europeos retiraron 4.800 millones de euros de ETF (fondos cotizados) centrados en renta variable estadounidense. El capital se desplazó hacia activos con menor riesgo político percibido. Y en el primer trimestre, los fondos sostenibles sufrieron salidas netas de 8.600 millones de dólares, en parte por la reacción contraria a las políticas ESG.

Según Morningstar, el número de ETF que integran factores geopolíticos ha crecido un 34% respecto al año pasado, incorporando criterios políticos en sus modelos de gestión. Estos productos ajustan su exposición a países y sectores en función de índices de riesgo como el Global Political Risk Index. Por otro lado, gestoras como BlackRock y Amundi ya incorporan indicadores de riesgo político en sus filtros de selección. Las carteras bien construidas en 2025 no solo diversifican por geografía o industria. También por sensibilidad regulatoria.