El Júcar reconoce que la ‘Ley de la Huerta’ de Puig impidió las obras anti-riadas en el barranco del Poyo

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconoce, en el informe remitido a la comisión para la reconstrucción tras la DANA en el Ayuntamiento de Valencia a petición de esta última, que la Ley de Huerta aprobada por el Gobierno del socialista Ximo Puig y Compromís en 2018 impidió llevar a cabo las obras previstas para evitar inundaciones en el barranco del Poyo. El desbordamiento de ese barranco resultó fatal en la dramática riada que el pasado 29 de octubre ha anegado decenas de municipios de la provincia de Valencia.

En concreto, la Confderación del Júcar sostiene que en octubre de 2021 adjudicó la redacción del proyecto de vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce de río Turia. Pero, «debido a la afección al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia», y «valorando los reparos que se estaban poniendo desde el Consell de l’Horta a la redacción del proyecto de barranco de La Saleta», se planteó «la modificación» del proyecto anterior. Si bien el Júcar avanza que ha efectuado las consultas ambientales sobre el nuevo proyecto, matiza que algunas aún están pendientes de respuesta.

El documento de la Confederación ha llegado al Ayuntamiento de Valencia cuatro meses después de que se produjera la catástrofe. En concreto, después de que este 17 de febrero la citada comisión para la reconstrucción diera un ultimátum de 24 horas a la Confederación del Júcar (Ministerio de Transición Ecológica), tras solicitarle la información por vez primera este 9 de enero. Se da la circunstancia de que, mientras otras confederaciones hidrográficas sí habían enviado en tiempo y forma la documentación requerida por esa comisión, la del Júcar no lo había hecho.

Lo que esa comisión había solicitado a la Confederación es que le informase de los trabajos que había llevado a cabo en el barranco del Poyo desde 2015 hasta ahora. Es decir, en la última década.

Un proyecto de hace 15 años

La Confederación proyectó hace más de 15 años las obras para evitar inundaciones en ese barranco y en de La Saleta. En diciembre del año 2011 la Secretaría de Estado de Cambio Climático había emitido, a su vez, informe favorable a esas obras. El primer Plan General de Riesgo de Inundaciones (PGRI) fue aprobado el 15 de enero de ese año. Por tanto, bajo el Gobierno de Marino Rajoy quien, como se verá más adelante, dejó los deberes hechos. El Júcar sostiene que los análisis de coste y beneficio efectuados entre 2018 y 2019, resultaron favorables.

La redacción del proyecto se adjudicó en marzo de 2021. Pero, ya con todos los trámites cumplimentados, el organismo encabezado por Miguel Polo e integrado en el Ministerio que dirigía Teresa Ribera inició la redacción de proyectos distintos a fin de incluir medidas de integración paisajística y «correctoras de los impactos generados en función del análisis paisajístico». El Júcar adjudicó la redacción del nuevo proyecto en octubre de ese año aludiendo a los aspectos antes mencionados.

Hay que recordar que, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el real decreto de evaluación y gestión de riesgo de inundación. Una transposición de la Directiva europea 2007/60 de inundaciones. En ese decreto se preveía, entre otras consideraciones, que las confederaciones hidrográficas debían redactar planes de gestión de riesgos de inundaciones, revisables cada seis años. Y que los primeros planes debían estar aprobados antes de 22 de diciembre de 2015. Así como la necesidad de realizar un estudio de coste-beneficio de las obras estructurales.

En enero de 2016, se publicó el Plan General de Riesgo de Inundaciones de la Confederación del Júcar. En él se definía al bajo Turia como un área de potencial riesgo de inundación y se incluían tres actuaciones que tienen como responsable a la mencionada Confederación del Júcar, que son: barranco de La Saleta –Conducción, derivación y drenaje de Quart de Poblet a Aldaya–; la adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaya y el drenaje de los caudales al barranco del Poyo; y la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera en sus fases I y II.

En junio de 2017, el Gobierno de Rajoy también licitó el contrato de elaboración de estudios coste-beneficio y priorización de obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundaciones y planes hidrológicos. El estudio analizaba 80 actuaciones de los planes de gestión de riesgo de inundaciones y planes hidrológicos de toda España.

Tras la moción de censura de Pedro Sánchez, el Ministerio decreta las actuaciones prioritarias. Y, entre esas actuaciones, están las de los barrancos del Poyo y La Saleta.

A partir de ahí, ya con Sánchez y Teresa Ribera, es cuando el proceso, como se desprende de la propia exposición del Júcar, no avanza, lastrado por la Ley de la Huerta de Ximo Puig.

Frente a ello, este 2 de febrero, el Gobierno valenciano de Carlos Mazón sí ha aprobado el decreto de modificación de esa Ley de la Huerta. Entre otras cuestiones, suprimiendo el Consell de l’Horta. Con ello, el objetivo del presidente valenciano es que los proyectos para el encauzamiento de los barrancos del Poyo y La Saleta puedan llevarse a cabo y acabar así con la paralización que han arrastrado con Sánchez y Teresa Ribera en el Gobierno y con la pesadilla de la posibilidad de que la catástrofe del 29 de octubre pueda repetirse.