El Gobierno se reserva la baza del TC para frenar la ofensiva de Sumar contra la tributación del salario mínimo
El pulso entre los socios de Gobierno por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya atravesó los muros de La Moncloa y llegó a la arena parlamentaria, pero el recorrido puede desembocar en la vía judicial. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, insiste en que mantendrá el pulso en el Congreso para que se debatan las iniciativas para evitar que los salarios más bajos paguen IRPF. Para ello Sumar tendrá que recurrir a la pinza con el PP en la Mesa del Congreso y votar junto a populares para levantar el veto que el Ministerio de Hacienda presentará a estas medidas. Esta decisión de la Mesa, creen en las filas socialistas, chocaría con la "competencia constitucional" del Gobierno, con potestad reconocida en la Constitucional de vetar aquellas iniciativas que afecten al presupuesto en vigor. Una situación que pone sobre la mesa la opción de plantear un conflicto de atribuciones ante al Tribunal Constitucional, después de que esta misma semana el Consejo de Ministros haya sentado un precedente con el Senado. Seguir leyendo....
El pulso entre los socios de Gobierno por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya atravesó los muros de La Moncloa y llegó a la arena parlamentaria, pero el recorrido puede desembocar en la vía judicial. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, insiste en que mantendrá el pulso en el Congreso para que se debatan las iniciativas para evitar que los salarios más bajos paguen IRPF. Para ello Sumar tendrá que recurrir a la pinza con el PP en la Mesa del Congreso y votar junto a populares para levantar el veto que el Ministerio de Hacienda presentará a estas medidas. Esta decisión de la Mesa, creen en las filas socialistas, chocaría con la "competencia constitucional" del Gobierno, con potestad reconocida en la Constitucional de vetar aquellas iniciativas que afecten al presupuesto en vigor. Una situación que pone sobre la mesa la opción de plantear un conflicto de atribuciones ante al Tribunal Constitucional, después de que esta misma semana el Consejo de Ministros haya sentado un precedente con el Senado.
