El Gobierno remite a Andalucía 85.000 anuncios de pisos turísticos con «indicios de algunas prácticas fraudulentas»

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy , ha anunciado este viernes que ha remitido a la Junta de Andalucía un informe con 85.000 anuncios de pisos turísticos -segmentado por tipos de anfitriones, alojamiento, por números de registro- «de manera que puede contener indicios de algunas prácticas fraudulentas». En una atención a medios con motivo de la reunión prevista con la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández , el ministro ha explicado que «el propósito es aportar toda esta información recabada por la unidad de análisis del Ministerio de Consumo, así como nuestra experiencia, nuestra asistencia técnica y nuestra colaboración con un objetivo que es el mismo en toda España: poner orden en el sector de los pisos turísticos y acabar con esta avalancha descontrolada que, como demuestran distintos estudios, está ejerciendo un papel nefasto tensionando el mercado del alquiler ante la crisis de vivienda». El ministro ha enmarcado esta acción en las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la «avalancha» de pisos turísticos en España y «en Andalucía, de manera especialmente acuciante». El Ministerio de Consumo -tal como ha recordado Bustinduy- tiene abiertos dos expedientes sancionadores, uno a una gran plataforma por publicidad ilícita de pisos turísticos y otro a grandes gestoras de pisos turísticos. «Tenemos investigaciones en curso sobre grandes inmobiliarias que estarían incurriendo en prácticas abusivas como, por ejemplo, exigir fianzas desproporcionadas a los inquilinos, recurrir de manera fraudulenta alquileres de temporada o alquileres vacacionales para sortear las limitaciones que impone la Ley de Vivienda y también hacer pagar a los inquilinos los gastos de formalización de un contrato«, ha detallado el ministro. La intención del Ejecutivo con la entrega de la información a Andalucía es que el Gobierno autonómico pueda también «iniciar actuaciones en varias de estas materias». «Con espíritu de colaboración y cooperación, espero que puedan surgir iniciativas para hacer lo que demanda la ciudadanía y lo que creo que es la obligación de todas las administraciones públicas, que es poner orden en el mercado de la vivienda, específicamente, en el sector de los pisos turísticos». Por su parte, la consejera ha señalado que la campaña de inspección de viviendas de 2024, que se desarrolló entre junio y diciembre, culminó con el levantamiento de 118 actas de inspección y se detectaron incumplimientos en el 57% de los casos . Hasta la fecha, se han iniciado 17 procedimientos sancionadores. Antes del verano comenzará la campaña de este año con el objetivo de «conocer la situación del sector, analizar su evolución y las características de las ofertas, promociones y publicidad que en materia de compraventa y arrendamiento de viviendas se están llevando a cabo», ha informado la Junta. En este contexto, Andalucía ha aprobado recientemente la tramitación del anteproyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía . En ella, se elevan de manera «severa» las sanciones por infracciones turísticas, que incluirá por primera vez a las empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o «clandestinos». Así, las multas graves pasarán de los 2.000 a 18.000 euros de la Ley de 2012 a entre los 10.000 y 100.000 euros en el anteproyecto en el que trabaja la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. En el caso de las muy graves, las cuantías pasarán de la horquilla de 18.000 a 100.000 euros a entre 100.000 y hasta 600.000 euros. El «refuerzo» de la inspección que acompaña a este incremento de las sanciones se complementa con el uso de tecnología y Big Data, según detallaba la Junta en la presentación del anteproyecto. El consejero de Turismo, Arturo Bernal , adelantaba que las viviendas de uso turístico pasarán a estar recogidas como una modalidad más de alojamiento en Andalucía. «Hasta ahora no se recogían y son tan válidas como alojamiento como la demás tipología. Deben ser cubiertas por la Ley para aplicarles el régimen sancionador y para tener los mismos derechos y deberes que los demás», argumentaba Bernal. La Consejería de Turismo busca con la nueva Ley controlar los flujos de turistas para mitigar las «molestias puntuales» que son percibidas en algunos puntos turísticos de Andalucía -caso de las grandes capitales- y «reforzará» los planes turísticos en zonas rurales, un «turismo de interior para dinamizar la economía local». La nueva Ley pone «negro sobre blanco la estrategia de gestión turística» desplegada por el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos seis años, según las palabras del consejero Bernal, para el que Andalucía ha demostrado que «crecer de forma inteligente y sostenible es posible. Esta Ley lo normalizará». Rocío Hernández ha mantenido una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y A2030, Pablo Bustinduy, en la sede de la Consejería en Sevilla para abordar diferentes cuestiones vinculadas al área de consumo, como la inspección de viviendas. Hernández, que ha estado acompañada por el secretario general de Planificación Asistencial y Consumo, Ismael Muñoz; la directora general de Consumo, Milagros de Borbón; Pablo Blanco Galán, jefe de servicio de Procedimiento Sancionador y Normativa, le ha presentado las líneas general de la nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, que prepara la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, a quien corresponde las competencias en esta materia, si bien también establece los derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios y empresas turísticas.