La causa que se instruye en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene dos caras, una más judicial y otra más política, aunque ambas tratan de discernir si desde instituciones del Estado se urdió, y en caso afirmativo hasta qué punto, una estrategia para erosionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La primera era inicialmente relativamente sencilla desde un punto de vista procesal, porque trataba de averiguar si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos al difundir datos del novio de la líder autonómica madrileña; sin embargo, la estrategia de la defensa del principal investigado de la causa ha contribuido a enmarañarla. La segunda tiene que...
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