El Defensor del Pueblo urge a Andalucía a enviarle el expediente de la balsa de residuos en Huelva que investiga la UE
El órgano que dirige Ángel Gabilondo reclama a la Consejería de Medio Ambiente la "remisión urgente" de los permisos para construir un almacén de desechos mineros junto al pueblo de Cortegana. El Defensor ya lo solicitó hace tres meses sin que la Junta respondiera La UE abre una investigación al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos tóxicos de una minera en Huelva El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, envió hace tres meses un escrito a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz solicitando el expediente de autorización ambiental unificada para construir una balsa de residuos mineros próxima al municipio onubense de Cortegana. Pero, hasta hoy, la Junta no ha respondido. Aquella solicitud venía a atender la queja de un vecino contrario al emplazamiento elegido por el posible impacto en el medioambiente y la afección de los vertidos tóxicos en la población colindante, a unos 700 metros de allí. Gabilondo consideró “procedente” abrir una investigación sobre el asunto y proceder a un “estudio más profundo”. Para ello, la Oficina del Defensor reclamó al Gobierno andaluz toda la información sobre los permisos para construir el almacén de vertidos, uno del departamento de Medio Ambiente, y otro de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Tres meses después, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno sigue sin responder al requerimiento de Gabilondo. El pasado miércoles, “ante la tardanza en recibir la información que solicitó a la Junta, el Defensor volvió a enviar un escrito a la consejera del ramo, Catalina García, para reclamarle por segunda vez la ”remisión urgente“ de toda la documentación referente a la autorización ambiental unificada otorgada a la empresa Sandfire-MATSA, el pasado 28 de agosto, para construir un almacén de residuos mineros con capacidad para 15 millones de metros cúbicos, reza la carta de Gabilondo. La Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva confirma que ha recibido el segundo requerimiento del Defensor del Pueblo este mismo jueves, y asegura que no existe ningún “ánimo de entorpecer o no colaborar” con Gabilondo. “Todo lo contrario, se enviará copia del expediente con la mayor celeridad posible”, advierten fuentes del departamento de García a este periódico. Una investigación en ciernes de Bruselas Entre el primer y el segundo requerimiento del Defensor del Pueblo, el asunto ha dado un vuelco enorme, principalmente, porque hace dos semanas la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), un órgano que atiende denuncias de ciudadanos ante las instituciones europeas, solicitó a la Comisión Europea que “llevara a cabo una investigación preliminar” al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos mineros a 700 metros del pueblo onubense. En estos tres meses, los primeros vecinos de Cortegana que enviaron quejas a Gabilondo -y a la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu- se han constituido como asociación (el pasado 19 de noviembre), con el nombre de la barriada más expuesta al vertido tóxico de la mina: Valdemusa Viva. En diciembre, la asociación recogió 5.000 firmas de rechazo al proyecto, no sólo de vecinos de Cortegana, también del entorno más próximo -El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora- y las presentó ante la Diputación de Huelva y ante una sede del Gobierno andaluz en esta provincia, ambas instituciones gobernadas por el PP. En paralelo, la misma asociación elevó su denuncia ante el Parlamento Europeo, alegando que la empresa responsable del proyecto prevé almacenar residuos de metales pesados que “exceden de los niveles de referencia permitidos por motivos de salud, como plomo, arsénico o talio, con riesgo para la población y con un impacto permanente sobre las aguas, las tierras y el aire”. Tres meses La Comisión Europea tiene ahora tres meses de plazo para iniciar formalmente la investigación propuesta por la Eurocámara, que entiende que la balsa de residuos en Huelva puede colisionar con dos directivas marco de la Comisión Europea: una sobre contaminación del agua y otra sobre gestión de residuos. Los desechos mineros que contempla MATSA tienen la clasificación A, es decir, están considerados como “peligrosos” para la población. El Gobierno andaluz ha tratado de minimizar la importancia de esta investigación y asegura que ya tuvo en cuenta todas las reservas medioambientales y su impacto en la población en el proceso de deliberación y alegaciones previo a autorizar el emplazamiento del almacén de residuos. “No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”, advierten desde la Junta. También recuerdan que los terrenos en los que se ubicará la instalación minera fueron adquiridos en 2015 por la empresa MATSA a p
El órgano que dirige Ángel Gabilondo reclama a la Consejería de Medio Ambiente la "remisión urgente" de los permisos para construir un almacén de desechos mineros junto al pueblo de Cortegana. El Defensor ya lo solicitó hace tres meses sin que la Junta respondiera
La UE abre una investigación al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos tóxicos de una minera en Huelva
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, envió hace tres meses un escrito a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno andaluz solicitando el expediente de autorización ambiental unificada para construir una balsa de residuos mineros próxima al municipio onubense de Cortegana. Pero, hasta hoy, la Junta no ha respondido.
Aquella solicitud venía a atender la queja de un vecino contrario al emplazamiento elegido por el posible impacto en el medioambiente y la afección de los vertidos tóxicos en la población colindante, a unos 700 metros de allí. Gabilondo consideró “procedente” abrir una investigación sobre el asunto y proceder a un “estudio más profundo”.
Para ello, la Oficina del Defensor reclamó al Gobierno andaluz toda la información sobre los permisos para construir el almacén de vertidos, uno del departamento de Medio Ambiente, y otro de la Consejería de Industria, Energía y Minas. Tres meses después, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno sigue sin responder al requerimiento de Gabilondo.
El pasado miércoles, “ante la tardanza en recibir la información que solicitó a la Junta, el Defensor volvió a enviar un escrito a la consejera del ramo, Catalina García, para reclamarle por segunda vez la ”remisión urgente“ de toda la documentación referente a la autorización ambiental unificada otorgada a la empresa Sandfire-MATSA, el pasado 28 de agosto, para construir un almacén de residuos mineros con capacidad para 15 millones de metros cúbicos, reza la carta de Gabilondo.
La Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva confirma que ha recibido el segundo requerimiento del Defensor del Pueblo este mismo jueves, y asegura que no existe ningún “ánimo de entorpecer o no colaborar” con Gabilondo. “Todo lo contrario, se enviará copia del expediente con la mayor celeridad posible”, advierten fuentes del departamento de García a este periódico.
Una investigación en ciernes de Bruselas
Entre el primer y el segundo requerimiento del Defensor del Pueblo, el asunto ha dado un vuelco enorme, principalmente, porque hace dos semanas la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), un órgano que atiende denuncias de ciudadanos ante las instituciones europeas, solicitó a la Comisión Europea que “llevara a cabo una investigación preliminar” al Gobierno andaluz por autorizar la balsa de residuos mineros a 700 metros del pueblo onubense.
En estos tres meses, los primeros vecinos de Cortegana que enviaron quejas a Gabilondo -y a la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu- se han constituido como asociación (el pasado 19 de noviembre), con el nombre de la barriada más expuesta al vertido tóxico de la mina: Valdemusa Viva.
En diciembre, la asociación recogió 5.000 firmas de rechazo al proyecto, no sólo de vecinos de Cortegana, también del entorno más próximo -El Cerro de Andévalo, La Zarza, Calañas y La Mora- y las presentó ante la Diputación de Huelva y ante una sede del Gobierno andaluz en esta provincia, ambas instituciones gobernadas por el PP.
En paralelo, la misma asociación elevó su denuncia ante el Parlamento Europeo, alegando que la empresa responsable del proyecto prevé almacenar residuos de metales pesados que “exceden de los niveles de referencia permitidos por motivos de salud, como plomo, arsénico o talio, con riesgo para la población y con un impacto permanente sobre las aguas, las tierras y el aire”.
Tres meses
La Comisión Europea tiene ahora tres meses de plazo para iniciar formalmente la investigación propuesta por la Eurocámara, que entiende que la balsa de residuos en Huelva puede colisionar con dos directivas marco de la Comisión Europea: una sobre contaminación del agua y otra sobre gestión de residuos. Los desechos mineros que contempla MATSA tienen la clasificación A, es decir, están considerados como “peligrosos” para la población.
El Gobierno andaluz ha tratado de minimizar la importancia de esta investigación y asegura que ya tuvo en cuenta todas las reservas medioambientales y su impacto en la población en el proceso de deliberación y alegaciones previo a autorizar el emplazamiento del almacén de residuos. “No se ha desestimado ninguna objeción sin un análisis técnico fundamentado y las decisiones adoptadas se basan en criterios científicos y en la normativa vigente”, advierten desde la Junta.
También recuerdan que los terrenos en los que se ubicará la instalación minera fueron adquiridos en 2015 por la empresa MATSA a propietarios locales, “sin que formen parte de ningún espacio natural o protegido”, y subrayan que se barajaron otros seis emplazamientos alternativos antes de elegir el actual.
“El emplazamiento seleccionado ha sido objeto de un exhaustivo análisis, evaluándose hasta seis alternativas distintas (...) La opción aprobada responde a criterios técnicos que priorizan la menor afección posible a espacios protegidos, hábitats de interés, montes públicos, vías pecuarias, cauces hídricos y núcleos de población”, explican desde el departamento de García.
La queja que los vecinos remitieron al Defensor del Pueblo es muy similar a la denuncia que hicieron llegar al Parlamento Europeo, y que ha motivado la apertura de una investigación preliminar. La ubicación autorizada para construir la balsa de residuos tóxicos obligará a talar 36.000 pinos en las cercanías de la pedanía onubense de Valdelamusa, cuyos vecinos ven un alto riesgo en que la construcción “se ubique encima de un pantano de rescate que suministra agua a poblaciones del entorno y que llega al río Odiel”.
Este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, volvía a defender la autorización que su departamento dio a la balsa de residuos, apelando a la normativa autonómica que fija un mínimo de 700 metros de distancia de la población más cercana. Es la distancia que, según la Junta, hay entre el emplazamiento de la construcción de Matsa y las viviendas de Valdelamusa.
Sin embargo, hay algunos vecinos que esgrimen que sus casas están más cerca, a unos 500 metros, y la queja remitida al Defensor del Pueblo y a la Eurocámara apela a las directivas europeas y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que instan “a instalar este tipo de depósitos a más de dos mil metros de distancia de los lugares poblados”.
