De la interventora al "arquitecto del desvío multimillonario": Moreno Bonilla huye de todo lo que rodea a su "corrupción sanitaria"
Desde que afloraron las acusaciones de "el mayor caso de corrupción sanitaria", la Junta de Andalucía ha dado pasos que la delatan. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, huye sistemáticamente, a base de ceses, de todo lo que rodea a la gestión de sus presupuestos sanitarios. Este miércoles, el Gobierno del PP andaluz destituyó a José Antonio Miranda, gerente de las cuentas del Sistema Andaluz de Salud (SAS), un cese en el contexto del caso de los contratos fraccionados y adjudicados a dedo que investiga la Justicia. Los socialistas andaluces han exigido a Moreno Bonilla que explique "la verdad" sobre el cese del que denominan "el arquitecto del desvío de millones a dedo y sin control". Miranda es el último de una lista que incluye a dos consejeros, dos gerentes del SAS y una docena de altos cargos, que ya han abandonado las filas de la Junta de Andalucía por una colección de motivos. Entre ellos, se incluye el cese en enero de la interventora general, María Antonia González Pavón, quien emitió un informe en 2023 advirtiendo del fraccionamiento de contratos millonarios en el SAS, práctica que se haría para concederlos a dedo a empresas privadas. El ya exdirector general de Gestión Económica y Servicios del SAS ha abandonado el cargo, que ostentaba desde 2019, alegando "un descanso" por la proximidad de su jubilación, según Rocío Hernández, consejera de Salud. Miranda era el encargado de la política presupuestaria del organismo sanitario andaluz, planificando y ejecutando los contratos de miles de millones de euros que se encuentran actualmente bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y dos juzgados, uno en Sevilla y otro en Cádiz. Los tribunales investigan la posible prevaricación en los contratos firmados por el SAS entre 2020 y 2024. La Junta los adjudicó por la vía de emergencia amparándose en un Real Decreto aprobado a raíz de la pandemia, pero lo habría hecho cuando este ya estaba derogado. El ministerio público y los juzgados investigan a tres altos cargos del SAS: Valle García, actual gerente, y Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, sus predecesores. Moreno Bonilla cesó a la interventora que señaló sus contratos troceados A principios de este año, la interventora general de la Junta de Andalucía fue destituida. Menos de seis meses después de su nombramiento como fiscal de las cuentas de la región, González Pavón presentó un informe donde daba cuenta del troceamiento "indebido y masivo" de contratos del SAS que se estaban adjudicando a dedo y sorteaban la Ley de Contratos del Sector Público. Dos años después de ello, la Junta de Andalucía acordó su cese. Esta práctica se habría implantado para descongestionar las desbordadas listas de espera del sistema sanitario andaluz, desviando fondos a la sanidad privada a base de contratos a dedo. El informe de la interventora autonómica actuó de motor para que el resto de interventores provinciales del SAS siguieran su estela y presentaran también informes de fiscalización donde manifestaban abusos, "contratos menores en fraude de ley", así como el cuestionamiento...
Desde que afloraron las acusaciones de "el mayor caso de corrupción sanitaria", la Junta de Andalucía ha dado pasos que la delatan. Su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, huye sistemáticamente, a base de ceses, de todo lo que rodea a la gestión de sus presupuestos sanitarios. Este miércoles, el Gobierno del PP andaluz destituyó a José Antonio Miranda, gerente de las cuentas del Sistema Andaluz de Salud (SAS), un cese en el contexto del caso de los contratos fraccionados y adjudicados a dedo que investiga la Justicia. Los socialistas andaluces han exigido a Moreno Bonilla que explique "la verdad" sobre el cese del que denominan "el arquitecto del desvío de millones a dedo y sin control". Miranda es el último de una lista que incluye a dos consejeros, dos gerentes del SAS y una docena de altos cargos, que ya han abandonado las filas de la Junta de Andalucía por una colección de motivos. Entre ellos, se incluye el cese en enero de la interventora general, María Antonia González Pavón, quien emitió un informe en 2023 advirtiendo del fraccionamiento de contratos millonarios en el SAS, práctica que se haría para concederlos a dedo a empresas privadas. El ya exdirector general de Gestión Económica y Servicios del SAS ha abandonado el cargo, que ostentaba desde 2019, alegando "un descanso" por la proximidad de su jubilación, según Rocío Hernández, consejera de Salud. Miranda era el encargado de la política presupuestaria del organismo sanitario andaluz, planificando y ejecutando los contratos de miles de millones de euros que se encuentran actualmente bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y dos juzgados, uno en Sevilla y otro en Cádiz. Los tribunales investigan la posible prevaricación en los contratos firmados por el SAS entre 2020 y 2024. La Junta los adjudicó por la vía de emergencia amparándose en un Real Decreto aprobado a raíz de la pandemia, pero lo habría hecho cuando este ya estaba derogado. El ministerio público y los juzgados investigan a tres altos cargos del SAS: Valle García, actual gerente, y Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, sus predecesores. Moreno Bonilla cesó a la interventora que señaló sus contratos troceados A principios de este año, la interventora general de la Junta de Andalucía fue destituida. Menos de seis meses después de su nombramiento como fiscal de las cuentas de la región, González Pavón presentó un informe donde daba cuenta del troceamiento "indebido y masivo" de contratos del SAS que se estaban adjudicando a dedo y sorteaban la Ley de Contratos del Sector Público. Dos años después de ello, la Junta de Andalucía acordó su cese. Esta práctica se habría implantado para descongestionar las desbordadas listas de espera del sistema sanitario andaluz, desviando fondos a la sanidad privada a base de contratos a dedo. El informe de la interventora autonómica actuó de motor para que el resto de interventores provinciales del SAS siguieran su estela y presentaran también informes de fiscalización donde manifestaban abusos, "contratos menores en fraude de ley", así como el cuestionamiento...
