Bruselas lleva a España ante la Justicia europea por no aplicar la Directiva sobre préstamos dudosos

Toque de atención de Bruselas al Gobierno. La Comisión Europea ha decidido llevar a España y a otros seis países (Bulgaria, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber aprobado los cambios legales necesarios para transponer la Directiva sobre préstamos dudosos. En este tipo de créditos existe el riesgo de que las empresas o los particulares que los solicitan no puedan devolver el dinero en el plazo convenido.

La norma europea pretende que se desarrolle un mercado secundario de préstamos dudosos que funcione correctamente. Para ello, se fijan normas sobre la autorización y supervisión tanto de los compradores, como de las entidades que los otorgan. Además, la Directiva recoge un conjunto de pautas comunes a todos los países europeos que permiten a las entidades comercializar este tipo de préstamos en otros estados de la Unión Europea.

El plazo que tenían los Estados miembros para transponer esta Directiva concluyó el 29 de diciembre de 2023 y hasta la fecha, la mayoría la ha incorporado de forma plena. Sin embargo, Bulgaria, España, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia todavía no han notificado a la Comisión los cambios necesarios en su ordenamiento jurídico nacional para poder hacerlo.

La Comisión envió cartas de emplazamiento a estos Estados miembros el 24 de enero del año pasado y posteriormente dictámenes motivados el 25 de julio de 2024. La Comisión considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades nacionales de esos Estados miembros han sido insuficientes y, en consecuencia, los lleva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al llevar a Bulgaria, España, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión solicitará al Tribunal que imponga sanciones financieras a cada uno de esos Estados miembros. El importe de cada multa se ha calculado teniendo en cuenta la gravedad, la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pagar del Estado miembro.

La Directiva (UE) 2021/2167 concede una gran importancia a los prestatarios y contempla salvaguardias para reforzar la protección de los consumidores, tales como medidas de reestructuración o refinanciación y requisitos de información para aumentar el nivel de transparencia en la relación con el prestamista. La Comisión considera esencial la Directiva porque facilita la venta y el servicio transfronterizos de préstamos dudosos, con lo que aumentan la liquidez y la eficiencia del mercado.