“Borrar”, “Reiniciar”, “Reutilizar”. Que hace Presidencia con los móviles de ex altos cargos
Protocolo con los móviles de los altos cargos Procedimiento con teléfonos móviles Se borra la información y se reinician Reseteados para que se puedan reutilizar Riesgo...
- Protocolo con los móviles de los altos cargos
- Procedimiento con teléfonos móviles
- Se borra la información y se reinician
- Reseteados para que se puedan reutilizar
- Riesgo para la seguridad nacional
- Y para los afectados
- Espionaje con Pegasus
- El Gobierno no informó
“Borro porque es mi derecho a disponer de mi intimidad y porque cumplo con las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio”. Álvaro García Ortiz explicó así su actuación con su teléfono móvil, ante la investigación sobre la filtración de los mensajes entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que llevaba el caso.
La investigación judicial al fiscal general del Estado por este asunto ha incluido la revisión de su teléfono móvil, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encontró mensajes de WhatsApp anteriores al día que el Tribunal Supremo abrió la causa contra él. Los mensajes habían sido borrados de forma deliberada.
La Fiscalía General del Estado afirmó que García Ortiz había cumplido un protocolo que obliga a los fiscales a borrar periódicamente los mensajes de sus teléfonos de trabajo. El motivo sería garantizar la seguridad y la protección de datos.
Protocolo con los móviles de los altos cargos
Confidencial Digital ha consultado tres resoluciones de otros tantos ministerios, en los que se aportan datos sobre cómo se actúa con los teléfonos móviles corporativos de los altos cargos de la administración, una vez que cesan.
Las solicitudes de acceso a esa información pública, al amparo de la Ley de Transparencia, se registraron a principios de noviembre, es decir, unos 20 días después de que el Supremo comenzara a investigar a García Ortiz. El 31 de octubre la UCO había registrado el despacho del fiscal general.
ECD ha podido comprobar que al menos cuatro ministerios dictaron resoluciones que concedían acceso parcial a la información solicitada.
Procedimiento con teléfonos móviles
En las peticiones de información se solicitaron “detalles sobre el procedimiento que se aplica en el Gobierno de España con los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de altos cargos cuando son cesados y abandonan su puesto”.
Se plantearon cinco peticiones concretas. La primera consistía en acceder al “documento que establece el protocolo correspondiente, así como su fecha de aprobación y las modificaciones que ha tenido desde 2018”, el año que Pedro Sánchez y el PSOE llegaron al Gobierno.
La segunda apuntaba al “área o unidad que se encarga de recibir los teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, como tabletas o portátiles, cuando un secretario de Estado o ministro abandona el cargo”.
Además, se solicitaba una “explicación sobre el tratamiento que se aplica al hardware y al software de cualquiera de dichos dispositivos electrónicos”; otra “sobre el tratamiento que se aplica a la información contenida en dichos dispositivos electrónicos”; y una más “sobre si dichos dispositivos electrónicos son reutilizados posteriormente para otro alto cargo o se dan de baja definitivamente”.
Se borra la información y se reinician
Presidencia del Gobierno, dependiente para estas cuestiones del Ministerio del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Félix Bolaños, dio una respuesta.
La directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica informó de que “en lo referido al tratamiento que se aplica al hardware y al software, se comunica que todos los dispositivos son borrados y reiniciados a fábrica, al igual que la información contenida en los mismos”.
Añadió que, “como norma general, los dispositivos se reutilizan tras haber sido borrados y reiniciados a fábrica, sin perjuicio de que sean retornados a la Secretaría General de Administración Digital, titular de los mismos, en caso de encontrarse en mal estado”.
Es decir, que, cuando un ministro, un secretario de Estado u otro alto cargo cesa en el puesto, y entrega el teléfono móvil corporativo que se le entregó al tomar posesión, se borra toda la información del aparato y se reinicia el aparato “a fábrica”.
Después de ese borrado total, se entrega a otro alto cargo o funcionario al que le corresponda tener teléfono corporativo.
Reseteados para que se puedan reutilizar
Una respuesta similar dio el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
El subsecretario de Educación contestó que, “cuando las personas titulares de altos cargos cesan en su puesto en el Ministerio, devuelven todos los dispositivos electrónicos que se les han proporcionado para el desempeño de sus funciones (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, etcétera)”.
Los dispositivos devueltos “son recogidos por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que los resetea para su posible reutilización”.
Se hace así con los altos cargos, de designación política, y “lo mismo ocurre en el caso de todos los empleados públicos del departamento que disponen de dispositivos electrónicos por razón de su puesto de trabajo”.
De nuevo se explica que el protocolo es recoger el móvil, el ordenador, la tableta electrónica, borrar toda la información que contengan, resetearlos, y ponerlos a disposición de otros altos cargos o funcionarios.
El Ministerio de Igualdad, de Ana Redondo, contestó de forma casi idéntica:
-- “Cuando las personas titulares de altos cargos cesan en su puesto, devuelven todos los dispositivos electrónicos que se les han facilitado para el desempeño de sus funciones (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas, etcétera)”.
-- “Estos dispositivos devueltos son recogidos por la División de Tecnologías de la Información y Comunicación, que los restablece para su posible reutilización”.
Riesgo para la seguridad nacional
Presidencia, Educación e Igualdad se negaron a dar más detalles sobre este protocolo de actuación con los teléfonos y dispositivos electrónicos de los altos cargos.
La Moncloa explicó que no podía facilitar el documento que describe ese procedimiento con los móviles de los altos cargos del Gobierno: “El documento a que refiere contiene información cuya difusión podría suponer un riesgo presente y futuro contra la seguridad nacional”.
Por eso, se acogió al artículo 14.1.a) de la Ley de Transparencia de 2013, que permite denegar el acceso a información pública si ello puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Según Presidencia, “el acceso a tal documentación supone un riesgo en la medida en que contiene datos que podrían facilitar la localización y el seguimiento de los dispositivos electrónicos de altos cargos del Ejecutivo, así como de la propia información contenida en los mismos”.
Y para los afectados
Argumenta que “esta situación representaría un elevado, evidente y notorio riesgo en la seguridad de los usuarios afectados, así como en el ámbito de la ciberseguridad y de las infraestructuras tecnológicas del Complejo de la Moncloa y de la Administración General del Estado”.
Los ministerios de Educación y de Igualdad obviaron la petición de acceder al protocolo, y explicaron que no podían dar detalles sobre el procedimiento de borrado y reseteo de los teléfonos móviles corporativos.
Con redacciones prácticamente iguales justificaron que “no es posible informar de una manera precisa sobre los tratamientos que se aplican al hardware, al software y a la información contenida en los dispositivos de los altos cargos, pues ello afectaría a lo previsto en el artículo 14.1, letras a), b) y d) de la Ley 19/2013”, que permiten vetar información para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública.
“Una explicación detallada de esos protocolos y actuaciones en materia de hardware, software e información, en relación con los dispositivos de los altos cargos, podría revelar vulnerabilidades en los sistemas de comunicación ministeriales”, concluye.
Espionaje con Pegasus
La investigación sobre el fiscal general del Estado y los mensajes que recibió y envió en torno a los días que se publicaron los mensajes del novio de Díaz Ayuso ha puesto el foco en las medidas de seguridad que adoptan altos cargos con los teléfonos móviles.
Ya en 2022 esas medidas de seguridad fueron objeto de interés, pero entonces por los casos de espionaje a móviles mediante programas espías como Pegasus.
El Gobierno reconoció que de los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska se sustrajo información, y que el terminal de Luis Planas sufrió un intento fallido.
También los móviles de Arancha González Laya y Juan Carlos Campo fueron espiados, o recibieron mensajes con los que el virus trataba de colarse.
Esos episodios de espionaje electrónico al presidente y a varios ministros del Gobierno también suscitaron solicitudes de información pública que llegaron a distintos organismos estatales, o preguntas parlamentarias al Ejecutivo presentadas por parlamentarios de las Cortes Generales.
El Gobierno no informó
El Gobierno se negó a facilitar información concreta sobre qué virus se había utilizado, quién estaba detrás de los ataques, cuántos miembros del Gobierno se vieron afectados, qué medidas se tomaron para evitar que los piratas informáticos se colaran en los teléfonos móviles de otros ministros...
Tampoco reveló a qué altos cargos del Ejecutivo se había revisado el teléfono móvil en busca de indicios de haber sufrido un ciberataque. No obstante, Confidencial Digital reveló que se inspeccionaron, por ejemplo, los terminales del rey Felipe VI y del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
Sí se ha sabido, y así se ha contado en estas páginas, que en varias ocasiones el Gobierno ha adquirido nuevas licencias de COMSec. Esta aplicación, desarrollada por Indra, permite intercambiar mensajes y hacer llamadas en un entorno más seguro y protegido que con las aplicaciones comerciales, que están al alcance de cualquiera.
Además, a determinados altos cargos se les entregan teléfonos móviles especiales, con una protección mayor.
Esas precauciones se reforzaron desde que se supo que agencias de inteligencia de Estados Unidos como la NSA habían interceptado las llamadas de jefes de gobierno europeos como la alemana Angela Merkel.
