Benalmádena acumula su cuarta condena por ocultar información: el PP sigue costando dinero a los ciudadanos
La información, la transparencia y la celeridad no parecen las virtudes que adornan al equipo de Gobierno de Benalmádena en manos del Partido Popular. Tampoco parece que anden muy sobrados de eficacia en la gestión, pero ese es otro asunto. Dos años. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar el PSOE, capitaneado por el ex alcalde Víctor Navas, para acceder a un documento público. Y una vez más, el ocultismo del Gobierno local del regidor Juan Antonio Lara no sale gratis. Las ligerezas del Ayuntamiento en no informar a su tiempo sobre la documentación que, legítimamente, le solicita la oposición, le han supuesto ahora, tras dos años de dilatar el tiempo, una condena y un pago de 1.815 euros por costas judiciales por su "excesivo e incomprensible retraso". Siendo grave esto, más allá de lo que le cuesta al bolsillo de los benalmadenses, lo preocupante es que se trata ya de la cuarta sentencia en su contra por la misma razón, por simple capricho de no contestar en tiempo. Lo solicitado por el Grupo Municipal Socialista era muy sencillo: la simple entrega de una copia del Plan de Embellecimiento con jardineras verticales, que, para mayor gravedad, ya se le reclamó en 2023. El patrón es siempre el mismo. El equipo de Gobierno ignora las solicitudes de la oposición, fuerza a recurrir a los tribunales y, cuando la Justicia dicta sentencia, los gastos los pagan los bolsillos de la ciudadanía. El magistrado ha sido claro al destacar que la información no tenía "mayor complejidad", pero el Consistorio optó por el silencio y la inacción, obligando a acudir a los juzgados. Y esto es solo la punta del iceberg. Aún quedan casi una veintena de denuncias pendientes por la negativa del PP a facilitar información sobre temas clave, Asuntos de todo tipo, ya que van desde el uso de agua reciclada para baldeos hasta contratos de asesores, plusvalías municipales o talas de árboles. Una opacidad sistemática que ya le está costando caro a las arcas públicas. Un calendario judicial que inquieta al PP andaluz Pero la falta de transparencia no es el único frente abierto que tiene el Ayuntamiento. Los tribunales ya han puesto el foco en otros escándalos, y en la dirección regional del PP comienzan a saltar las alarmas. Día sí y día no, el Ayuntamiento de esta gran localidad de la Costa del Sol genera noticias, pero muy pocas de carácter positivo. A las denuncias por ocultar información se suma la relativa a los presupuestos municipales de 2024, cuestionados por una posible vulneración de la estabilidad presupuestaria. También está en el punto de mira el Puerto Deportivo, por la contratación de una letrada con posibles conflictos de interés; y el bautizado por el diario local OleBenalmádena como "Caso Legionella", que apunta a presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas al marido de una concejala del PP. Y por si fuera poco, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han condenado al Ayuntamiento por...
La información, la transparencia y la celeridad no parecen las virtudes que adornan al equipo de Gobierno de Benalmádena en manos del Partido Popular. Tampoco parece que anden muy sobrados de eficacia en la gestión, pero ese es otro asunto. Dos años. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar el PSOE, capitaneado por el ex alcalde Víctor Navas, para acceder a un documento público. Y una vez más, el ocultismo del Gobierno local del regidor Juan Antonio Lara no sale gratis. Las ligerezas del Ayuntamiento en no informar a su tiempo sobre la documentación que, legítimamente, le solicita la oposición, le han supuesto ahora, tras dos años de dilatar el tiempo, una condena y un pago de 1.815 euros por costas judiciales por su "excesivo e incomprensible retraso". Siendo grave esto, más allá de lo que le cuesta al bolsillo de los benalmadenses, lo preocupante es que se trata ya de la cuarta sentencia en su contra por la misma razón, por simple capricho de no contestar en tiempo. Lo solicitado por el Grupo Municipal Socialista era muy sencillo: la simple entrega de una copia del Plan de Embellecimiento con jardineras verticales, que, para mayor gravedad, ya se le reclamó en 2023. El patrón es siempre el mismo. El equipo de Gobierno ignora las solicitudes de la oposición, fuerza a recurrir a los tribunales y, cuando la Justicia dicta sentencia, los gastos los pagan los bolsillos de la ciudadanía. El magistrado ha sido claro al destacar que la información no tenía "mayor complejidad", pero el Consistorio optó por el silencio y la inacción, obligando a acudir a los juzgados. Y esto es solo la punta del iceberg. Aún quedan casi una veintena de denuncias pendientes por la negativa del PP a facilitar información sobre temas clave, Asuntos de todo tipo, ya que van desde el uso de agua reciclada para baldeos hasta contratos de asesores, plusvalías municipales o talas de árboles. Una opacidad sistemática que ya le está costando caro a las arcas públicas. Un calendario judicial que inquieta al PP andaluz Pero la falta de transparencia no es el único frente abierto que tiene el Ayuntamiento. Los tribunales ya han puesto el foco en otros escándalos, y en la dirección regional del PP comienzan a saltar las alarmas. Día sí y día no, el Ayuntamiento de esta gran localidad de la Costa del Sol genera noticias, pero muy pocas de carácter positivo. A las denuncias por ocultar información se suma la relativa a los presupuestos municipales de 2024, cuestionados por una posible vulneración de la estabilidad presupuestaria. También está en el punto de mira el Puerto Deportivo, por la contratación de una letrada con posibles conflictos de interés; y el bautizado por el diario local OleBenalmádena como "Caso Legionella", que apunta a presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas al marido de una concejala del PP. Y por si fuera poco, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han condenado al Ayuntamiento por...
