Así es la nueva ley que obliga a los establecimientos a dar envases para las sobras y vender los productos 'feos'
La ley contra del desperdicio alimentario busca frenar la pérdida de excedentes y alimentos 'imperfectos' que normalmente acababan en la basura, sancionando su incumplimiento.
España ya cuenta con una nueva ley contra el desperdicio alimentario que obligará a los grandes establecimientos de la cadena alimenticia (restaurantes y supermercados) a donar sus excedentes y evitar que los productos acaben en la basura. Fue publicada el 3 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo de reducir los residuos que se generan en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha en el campo hasta su consumo en la hostelería y los hogares.
Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario
El desperdicio de alimentos es un problema global significativo que afecta tanto a la economía como al medio ambiente. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Alimentación (FAO) en el mundo se desperdician alrededor de un 30% de los alimentos que se producen. Sólo en España se tiraron 1.214 toneladas en 2023, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
Buscando contribuir a la reducción de la cifra global de desperdicio, el Congreso ha aprobado el 3 de abril la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que incluye medidas como la obligación de que los restaurantes y bares ofrezcan envases que permitan a sus clientes llevarse las sobras de sus comidas, la exigencia a los supermercados a que donen sus excedentes y la imposición de que todas las empresas de la cadena alimentaria cuenten con planes que eviten que la comida acabe en el bote de la basura.
De igual manera establece diferentes sanciones para los establecimientos que no respeten la normativa. En el caso de las infracciones leves, como por ejemplo no aplicar la jerarquía de usos, se establecen multas que oscilan desde el apercibimiento hasta sanciones de un máximo de 2.000 euros. No contar con un plan de prevención se considera una infracción grave, y se sancionará con multas desde los 2.001 hasta 60.000 euros. La última de las tipologías consideradas infracciones muy graves, refiriéndose a las faltas graves cometidas en un período de dos años, se multarán hasta con 500.000 euros.
Una ley que prioriza la donación de alimentos
Cuando se decida desechar alimentos, la prioridad siempre debe ser el consumo humano, a través de la redistribución o la donación de alimentos a entidades sociales. La norma obliga a los agentes que forman parte de la cadena alimentaria a crear planes de prevención de las pérdidas y el desperdicio, con el objetivo de que las empresas hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos, logren identificar dónde se están produciendo la pérdidas de alimentos, y se fijen metas para minimizarlo y destinen a otros usos antes de acabar en la basura.
Se debe establecer una jerarquía en la que la prioridad sea el consumo humano, bien sea a través de la transformación de alimentos, como por ejemplo zumos o mermeladas en el caso de las frutas, o mediante la donación o la redistribución. La ley obliga a establecer acuerdos entre los grandes establecimientos y entidades sociales o bancos de alimentos para facilitar el proceso de donación. Si los productos no son aptos para el consumo humano, se destinarán en última instancia al reciclado, particularmente a la obtención de biogás, compost o combustibles.
Además, también impone que los establecimientos de hostelería, a excepción de los de bufé libre, tendrán la obligación de ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse la comida sobrante en envases reciclables. El servicio será gratuito, aunque si los envases son de plástico se deben cobrar, tal y como lo establece la ley de residuos.
Un impulso para los productos de temporada
La ley pide a las tiendas y grandes supermercados que tengan una línea de productos 'imperfectos' o 'poco estéticos', siempre que cumplan con las normativas sanitarias que los hagan aptos para el consumo humano, así como que promuevan los de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles. Fomenta que se mejore la información sobre la seguridad del consumo de este tipo de alimentos y que se incentive la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.
Excepciones que evitan la sanción
Con el objetivo de facilitar a las empresas su adaptación a estas nuevas obligaciones, la ley permite cierta flexibilidad, sobre todo en las de menor tamaño. De esta forma, quedan excluidas de la obligación a aplicar la jerarquía, elaborar un plan de prevención y firmar acuerdos de donación aquellas microempresas, con menos de 10 trabajadores, y las pequeñas explotaciones agrarias, con menos de 50 trabajadores.
También exceptúa de la obligación de contra con un plan de prevención y acuerdo de donación a los establecimientos que cuenten con una superficie menor a 1.300 m2, bien sean comercios minoristas, distribución, hostelería o restauración, como por ejemplo, una pequeña tienda tradicional de barrio.