Una nueva ola de quiebras en España amenaza con colapsar los juzgados tras el 'terremoto Trump'

La preocupación que ha mostrado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último análisis sobre España por "el riesgo de una congestión de los tribunales" a la par del "incremento de las quiebras individuales" tras la reforma de la Ley Concursal es compartida, con matices, por diferentes profesionales nacionales del derecho. 

Los despachos y proveedores de servicios profesionales consultados por Vozpópuli Legal coinciden en detectar un crecimiento en el número de procedimientos concursales, en especial, de personas físicas que viene desde el año 2022. Una circunstancia a la que desde el pasado mes de enero se añadió, al menos de forma temporal, el fin de la moratoria contable referida a las pérdidas COVID (ejercicios 2020 y 2021) que el Gobierno ha restituido hasta el cierre del ejercicio 2025 en el flamante decreto de respuesta a los aranceles de Estados Unidos.

El seguimiento del Boletín Oficial del Estado que hace Iberinform afloró un repunte del 40% en los concursos durante el mes de marzo, para un 18% en el acumulado anual. Por lo pronto, las cifras del Colegio de Registradores reflejan que el número de concursos se duplicó ya en 2024, pasando de 16.122 a 35.510 casos. Los concursos de empresas crecieron un 22%, al tiempo que la cifra de los individuales -que suponen casi el 90%- se disparó: solo en el cuarto trimestre del pasado curso se produjo el triple que en el mismo período del año anterior.

"El crecimiento de 2024 sigue la tendencia de los últimos años, especialmente desde la reforma introducida por la Ley 16/2022, que concentra ese incremento muy especialmente en los concursos de personas físicas, con la finalidad de obtener la exoneración de pasivo insatisfecho o 'Segunda Oportunidad', y de concursos sin masa, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, derivada de la perniciosa regulación de esta figura introducida por la citada reforma de 2022", señala José Carlos González Vázquez, socio del área concursal y reestructuraciones de Ceca Magán.

La posibilidad de obtener una rápida tramitación del concurso sin masa, sin designación de Administrador concursal y, por ello, sin que se analicen las causas de la situación de insolvencia ni la conducta del deudor en los años precedentes, "incentiva la realización de una liquidación de hecho de los activos de las empresas insolventes antes de solicitar la declaración de concurso para poder acogerse a dicha regulación y soslayar ese análisis en sede concursal", añade González Vázquez.

El socio de Ceca Magán denuncia a su vez que "todo esto está dando lugar a numerosos abusos en la práctica que los juzgados, por desgracia, no pueden impedir sino en una escasa proporción, por lo que urge modificar este aspecto de nuestro Derecho de insolvencia que, en definitiva, está dando como resultado que casi no existan verdaderos concursos de acreedores con su tramitación normal para la aprobación de un convenio o la liquidación ordenada de la masa activa y, en su caso, la depuración de responsabilidades".

La cuestión económica

"Al existir la presencia de un juez, que es quien aplica la ley, es más difícil que haya un abuso. En la mayoría de casos, esto no ocurre e incluso el juez puede pedir documentación adicional para poder verificar que la causa es justa", esgrime por su parte Antoni Galve Tomàs, director del departamento jurídico de Repara Tu Deuda. "La Segunda Oportunidad ayuda a mucha gente que lo está pasando mal a volver a empezar".

"Varios factores económicos han exacerbado esta tendencia", alegan Álvaro Gámez y Claudio Aguiló, socio y director del área de reestructuraciones e insolvencias de Broseta, sobre el incremento en los concursos. 

"La recuperación pospandemia se ha visto lastrada por fuertes presiones inflacionarias y un encarecimiento histórico de la energía, agravados por la guerra en Ucrania. Los precios altos de materias primas, combustibles y electricidad golpearon especialmente a sectores de márgenes ajustados (industria, agricultura, transporte), dificultando su viabilidad. A la par, el Banco Central Europeo emprendió en 2022 una rápida subida de tipos de interés para frenar la inflación, lo que encareció el crédito y complicó la refinanciación de deudas empresariales", señalan desde Broseta.

"La posibilidad de nuevos aranceles por parte de la administración estadounidense introduce un factor adicional de incertidumbre, que podría afectar especialmente a las compañías exportadoras",  enuncia Alejandro Rey Suañez, socio de RSGM abogados. 

Pablo Albert, socio responsable de Reestructuraciones de BDO Abogados, remarca que el nuevo contexto de incertidumbre macroeconómica podría propiciar repuntes en los concursos, en especial los individuales, por cuestiones estrictamente económicas. 

"Desgraciadamente no se prevé un descenso porcentual significativo de estos concursos, por cuanto las dificultades a las que se tienen que enfrentar los autónomos hace que cualquier estancamiento de la economía dificulte enormemente la viabilidad de sus proyectos empresariales/profesionales", afirma Albert, que separa esta casuística de la de las pymes, en especial las medianas, para las que también avista derivadas de "lagunas" de la Ley.

Las medianas empresas están empezando a comprobar las ventajas que ofrecen los Planes de Reestructuración como medio para evitar el concurso de acreedores, no obstante se prevé que aquellas compañías que, aprovechando las lagunas de la Ley, han venido homologando planes excesivamente agresivos no puedan obtener financiación para su día a día y se vean abocadas a solicitar la declaración concursal"

"Las medianas empresas están empezando a comprobar las ventajas que ofrecen los Planes de Reestructuración como medio para evitar el concurso de acreedores, no obstante se prevé que aquellas compañías que, aprovechando las lagunas de la Ley, han venido homologando planes excesivamente agresivos no puedan obtener financiación para su día a día y se vean abocadas a solicitar la declaración concursal", incide el socio de Bdo Abogados, que "espera un aumento de concursos en aquellas compañías que no han contado -o no han buscado- el acuerdo real con sus acreedores".

"La reforma concursal introdujo mejoras como nuevos planes de reestructuración preconcursal y un procedimiento especial para microempresas, buscando agilizar y fomentar soluciones tempranas", explican Álvaro Gámez y Claudio Aguiló. "Aun así, las estadísticas muestran que la tendencia al alza continuó".

José Antonio García Argudo-Mendes, socio de Auren Legal responsable de su área de Reestructuraciones, considera por su parte que "la causa principal" del incremento en los concursos "radica en los numerosos intentos fallidos de homologación judicial de planes de reestructuración, lo que ha llevado a muchas empresas a solicitar el concurso".

Por otro lado, apunta al "uso cada vez más generalizado de crédito financiero público de entidades como ICO, COFIDES, CDTI y otros organismos públicos autonómicos". "Estos créditos, especialmente los concedidos por el ICO durante las crisis de COVID y Ucrania, que vencerán hasta 2028, son menos flexibles y tienen menor margen de negociación, dificultando determinados acuerdos para la reestructuración preconcursal, especialmente los que contemplan quitas o esperas más allá del año 2028".

"Finalmente", añade el socio de Auren Legal ante el contexto de posible guerra comercial internacional, "creemos que la creación de un mercado alternativo de líneas de financiación interina (mientras se negocia el Plan de reestructuración) y de financiación nueva (para el mantenimiento del circulante empresarial cuando se implemente el Plan de reestructuración) podría ser una solución clave para paliar la crisis empresarial, especialmente en sectores como el agrícola (porcino, vino y aceite), el industrial (componentes de automóviles, metalúrgico) y las energías renovables, sectores potencialmente afectados por la nueva coyuntura internacional de aranceles y las nuevas políticas menos exigentes respecto a la sostenibilidad medioambiental".