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Tagus anima a los toledanos a pedir a la Junta bonificaciones por la subida del agua
Toledo ya está cobrando el canon obligatorio de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea que grava el uso y consumo de agua. Por este motivo, la empresa Tagus, concesionaria del servicio municipal de agua potable y alcantarillado, está enviando una carta a los vecinos de la ciudad de Toledo para explicar el incremento de la factura. Así, explican que «desde el 1 de enero de 2025, en cumplimiento de la ley 2/2022, de 18 de febrero, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluye en su factura el canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA)». Este tributo de carácter finalista afecta a la ciudad de Toledo y su aplicación es gestionada por Tagus. Por ello, la empresa explica en su misiva cómo obtener una reducción en la factura y las personas que pueden hacerlo: «Con el objetivo de garantizar la equidad de este impuesto se establecen bonificaciones para familias numerosas, familias monoparentales con mujeres en situación de violencia de género y usuarios en riesgo de exclusión social. Para tramitar estas bonificaciones, los usuarios deberán dirigirse a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha o acceder a la página web informativa habilitada para tal fin: htttps://jccm.es/tramites/1014417 « Además, Tagus se abre a facilitar más información sobre este canon medioambiental y sobre los requisitos para acceder a las bonificaciones en las oficinas de su empresa en avenida de Irlanda, 18, en Buenavista, y en la calle Martín Gamero, 19, en el Casco Histórico. También facilita el número gratuito 900720027 y el 925285007. Desde el Ayuntamiento toledano, su alcalde, Carlos Velázquez, planteó hace unos días que esta parte del impuesto «que la Junta aplica por nada», y que en el caso de la ciudad de Toledo supondrá unos ingresos de más de un millón de euros, revierta en infraestructuras y servicios para la ciudad. En su reclamación, Velázquez ha seguido la pauta de otros muchos alcaldes del PP de la Comunidad que exigen a la Junta de Comunidades que elimine la parte del recibo del agua que llega a los ciudadanos y que supone pagar lo que se denomina canon del agua. Por este motivo, el alcalde acusó de «cinismo e hipocresía» al Partido Socialista cuando señala a alcaldes del PP por una supuesta subida de impuestos. Ante la situación, el PP de Castilla-La Mancha baraja acudir a los tribunales por este «cobro» del canon obligatorio del DMA por parte del Gobierno regional, porque a su entender no supondrá «mejoras ni en infraestructuras, ni en saneamiento, ni en depuración». El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, ha puesto en marcha un servicio de asistencia técnica para la gestión de este canon, al que se ha destinado cerca de 1,3 millones de euros para la licitación del contrato. Este servicio se pone a disposición como una herramienta de apoyo a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y a los ayuntamientos en la gestión de dicho canon. Al respecto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacó la importancia de contar con esta oficina de asesoramiento «para disponer de todos los instrumentos que aseguren una gestión adecuada del canon, ya que, entre las medidas que contempla la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos van a recibir el 25 por ciento de dicho canon para mejora del ciclo integral del agua dentro de sus competencias».
Toledo ya está cobrando el canon obligatorio de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea que grava el uso y consumo de agua. Por este motivo, la empresa Tagus, concesionaria del servicio municipal de agua potable y alcantarillado, está enviando una carta a los vecinos de la ciudad de Toledo para explicar el incremento de la factura. Así, explican que «desde el 1 de enero de 2025, en cumplimiento de la ley 2/2022, de 18 de febrero, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluye en su factura el canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua (DMA)». Este tributo de carácter finalista afecta a la ciudad de Toledo y su aplicación es gestionada por Tagus. Por ello, la empresa explica en su misiva cómo obtener una reducción en la factura y las personas que pueden hacerlo: «Con el objetivo de garantizar la equidad de este impuesto se establecen bonificaciones para familias numerosas, familias monoparentales con mujeres en situación de violencia de género y usuarios en riesgo de exclusión social. Para tramitar estas bonificaciones, los usuarios deberán dirigirse a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha o acceder a la página web informativa habilitada para tal fin: htttps://jccm.es/tramites/1014417 « Además, Tagus se abre a facilitar más información sobre este canon medioambiental y sobre los requisitos para acceder a las bonificaciones en las oficinas de su empresa en avenida de Irlanda, 18, en Buenavista, y en la calle Martín Gamero, 19, en el Casco Histórico. También facilita el número gratuito 900720027 y el 925285007. Desde el Ayuntamiento toledano, su alcalde, Carlos Velázquez, planteó hace unos días que esta parte del impuesto «que la Junta aplica por nada», y que en el caso de la ciudad de Toledo supondrá unos ingresos de más de un millón de euros, revierta en infraestructuras y servicios para la ciudad. En su reclamación, Velázquez ha seguido la pauta de otros muchos alcaldes del PP de la Comunidad que exigen a la Junta de Comunidades que elimine la parte del recibo del agua que llega a los ciudadanos y que supone pagar lo que se denomina canon del agua. Por este motivo, el alcalde acusó de «cinismo e hipocresía» al Partido Socialista cuando señala a alcaldes del PP por una supuesta subida de impuestos. Ante la situación, el PP de Castilla-La Mancha baraja acudir a los tribunales por este «cobro» del canon obligatorio del DMA por parte del Gobierno regional, porque a su entender no supondrá «mejoras ni en infraestructuras, ni en saneamiento, ni en depuración». El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, ha puesto en marcha un servicio de asistencia técnica para la gestión de este canon, al que se ha destinado cerca de 1,3 millones de euros para la licitación del contrato. Este servicio se pone a disposición como una herramienta de apoyo a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y a los ayuntamientos en la gestión de dicho canon. Al respecto, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacó la importancia de contar con esta oficina de asesoramiento «para disponer de todos los instrumentos que aseguren una gestión adecuada del canon, ya que, entre las medidas que contempla la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos van a recibir el 25 por ciento de dicho canon para mejora del ciclo integral del agua dentro de sus competencias».
