Pedagogía fiscal para pobres
Una nueva confrontación en el seno de la coalición de gobierno ha empañado lo que prometía una semana de buenos titulares para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que confiaba en la subida del SMI como el primer éxito del remate de avances sociales que espera lograr en lo que queda de mandato. Más allá del espectáculo de la pelea de relatos durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, al que asistieron, entre estupefactos y divertidos, los periodistas que habitualmente siguen la actualidad del palacio de la Moncloa, queda un debate de fondo que convendría abordar; la orientación de la política fiscal y social del país. En inglés este debate sería más sencillo porque tienen palabras diferentes para hablar de política en el sentido de ideología y valores, y de política en el sentido de las políticas públicas. Si habláramos de política en términos de ideología y valores, podrían tener sentido quienes defienden que modificar el mínimo exento de tributación porque se ha subido el SMI, es una decisión que podría alimentar la posición liberal en la que los impuestos son la materialización de la intervención del estado en la vida privada, y que cuanto más reducidos mejor, frente a la que sería la posición progresista que entiende al Estado como el gestor de los intereses comunes, a quien le otorgamos poderes y recursos que nos reducimos voluntariamente, convencidos de que proteger lo común es la mejor forma de proteger lo individual. Sin embargo, si habláramos en términos de políticas públicas, es imposible no pensar que, para poder llegar a un modelo de política fiscal progresista, no se puede ignorar la realidad concreta de nuestro país, en lo que a distribución de la riqueza y política fiscal se refiere, porque las políticas públicas, para que sean capaces de transformar de acuerdo a una visión ideológica y aspiracional, no se pueden formular en el vacío, se han de formular sobre la realidad concreta. En la realidad concreta de nuestro país, más de cuarenta años después de que nuestra constitución consagrara el derecho a recibir una remuneración por el trabajo suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares, y el deber de contribuir a sostener los gastos públicos, de acuerdo a la capacidad económica de cada cual, en un sistema fiscal justo y progresivo, seguimos teniendo trabajadores pobres, con hijos e hijas en riesgo de pobreza, y un sistema tributario que está lejísimos de ser justo y progresivo. Es en esa realidad concreta en la que para poder llegar a desarrollar tú política, en términos ideológicos, estás obligado a adoptar decisiones políticas, en términos de política pública, que te ayuden a recorrer el camino desde la situación actual hasta el futuro ideal que aspiras a consolidar como sentido común hegemónico. No darse cuenta de esta realidad, y empeñarse en políticas públicas que no ayudan a cambiar la realidad, es muestra de los prejuicios y herencia del PSOE en la política social. No es nuevo, es sólo una evidencia más de que...
Una nueva confrontación en el seno de la coalición de gobierno ha empañado lo que prometía una semana de buenos titulares para la vicepresidenta Yolanda Díaz, que confiaba en la subida del SMI como el primer éxito del remate de avances sociales que espera lograr en lo que queda de mandato. Más allá del espectáculo de la pelea de relatos durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, al que asistieron, entre estupefactos y divertidos, los periodistas que habitualmente siguen la actualidad del palacio de la Moncloa, queda un debate de fondo que convendría abordar; la orientación de la política fiscal y social del país. En inglés este debate sería más sencillo porque tienen palabras diferentes para hablar de política en el sentido de ideología y valores, y de política en el sentido de las políticas públicas. Si habláramos de política en términos de ideología y valores, podrían tener sentido quienes defienden que modificar el mínimo exento de tributación porque se ha subido el SMI, es una decisión que podría alimentar la posición liberal en la que los impuestos son la materialización de la intervención del estado en la vida privada, y que cuanto más reducidos mejor, frente a la que sería la posición progresista que entiende al Estado como el gestor de los intereses comunes, a quien le otorgamos poderes y recursos que nos reducimos voluntariamente, convencidos de que proteger lo común es la mejor forma de proteger lo individual. Sin embargo, si habláramos en términos de políticas públicas, es imposible no pensar que, para poder llegar a un modelo de política fiscal progresista, no se puede ignorar la realidad concreta de nuestro país, en lo que a distribución de la riqueza y política fiscal se refiere, porque las políticas públicas, para que sean capaces de transformar de acuerdo a una visión ideológica y aspiracional, no se pueden formular en el vacío, se han de formular sobre la realidad concreta. En la realidad concreta de nuestro país, más de cuarenta años después de que nuestra constitución consagrara el derecho a recibir una remuneración por el trabajo suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares, y el deber de contribuir a sostener los gastos públicos, de acuerdo a la capacidad económica de cada cual, en un sistema fiscal justo y progresivo, seguimos teniendo trabajadores pobres, con hijos e hijas en riesgo de pobreza, y un sistema tributario que está lejísimos de ser justo y progresivo. Es en esa realidad concreta en la que para poder llegar a desarrollar tú política, en términos ideológicos, estás obligado a adoptar decisiones políticas, en términos de política pública, que te ayuden a recorrer el camino desde la situación actual hasta el futuro ideal que aspiras a consolidar como sentido común hegemónico. No darse cuenta de esta realidad, y empeñarse en políticas públicas que no ayudan a cambiar la realidad, es muestra de los prejuicios y herencia del PSOE en la política social. No es nuevo, es sólo una evidencia más de que...
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