Los testigos descartan que el exconseller de Cultura desoyera la orden para entregar las obras de Sijena
El TSJ catalán juzga en ausencia al exconseller Puig por el conflicto por unos bienes que todavía no se pueden visitar en Aragón ocho años después de su trasladoEl TSJ catalán envía a juicio a dos exconsellers de Cultura por las obras de Sijena Casi ocho después de los hechos, el primer juicio por la entrega de las obras de Sijena a Aragón se ha celebrado en poco más de cuatro horas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha juzgado, en ausencia, al exconseller de Cultura catalán, Lluís Puig, que permanece en Bélgica. La mayoría de los testigos han rechazado que el extitular de Cultura desobedeciera la orden judicial que le requería para entregar las piezas, lo que no ha impedido que la Fiscalía se reafirmara en pedir su inhabilitación. Ante el TSJC ha quedado visto para sentencia este jueves el juicio contra Puig, acusado de desobedecer una orden de un juzgado de Huesca, que la Generalitat había recurrido, para que devolvieran bienes y obras al Monasterio de Sijena que permanecían en el Museo de Lleida. La causa ha tenido derivadas penales para Puig y su antecesor, Santi Vila, cuyo juicio será en junio. Las obras terminaron entregadas a Sijena por la Guardia Civil en diciembre de 2017 tras un despliegue sin precedentes para sacarlas del Museo de Lleida. A día de hoy, el Monasterio sigue en obras y los bienes de la discordia no se pueden visitar. La Fiscalía pide una condena de 5.940 euros de multa y de dos años de inhabilitación, para Puig, a quien acusa de un delito de desobediencia, igual que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa. En un vídeo distribuido por Junts, Puig ha expresado su deseo de que el juicio por los bienes de Sijena “acabe bien” y pueda regresar al salón de plenos del Parlament como diputado. El exconseller ha sido juzgado en ausencia porque así lo permite la ley cuando el acusado se enfrenta a penas de menos de dos años de inhabilitación, como es su caso. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado que el juicio “vaya bien”, en una muestra de apoyo al exconseller. Durante el juicio, varios cargos del departamento de Cultura de la Generalitat en el 2017 han asegurado que Puig quería cumplir la orden judicial de trasladar las obras de Sijena al monasterio aragonés, pero que quiso estudiar con profundidad la “complejidad” de la situación jurídica de los bienes. Su jefe de gabinete, la jefa de los servicios jurídicos, el director general de Patrimonio Cultural y el jefe de coordinación museística de la Generalitat han respaldado la tesis de la defensa, que reclama la absolución. Según la versión de estos testigos, Puig recibió el requerimiento nada más ser nombrado conseller, en julio de 2017, y se interesó por los pasos a seguir para cumplirlo, pero no dependía de él porque el Museo era un consorcio del que también formaba parte el Obispado de Lleida. Hasta su cese no recibió otro requerimiento. Josep Maria Boya Busquet, exdirector general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, ha declarado que el conseller recibió la citación judicial para devolver a Sijena las obras del Museo de Lleida dos días después de ser nombrado. Boya ha recordado que Puig le comentó que “quería estudiar con todo cuidado y detalle el dossier porque era de una grandísima complejidad y para intentar conciliar ambas legislaciones” y, en ningún caso, dijo, le manifestó una voluntad de desobedecer. El exalto cargo ha destacado que tanto Vila como Puig “querían hacer las cosas conforme a derecho”, y ha recordado que todavía se podía recurrir la decisión judicial. Busquet ha subrayado que los bienes de Sijena estaban catalogados y que la Ley de Patrimonio Cultural es“muy clara sobre la unidad de la colección”. Joan Rosàs, jefe de coordinación museística de la Generalitat, ha explicado que el día que llegó el requerimiento judicial, Puig le citó y hablaron durante una media hora. Aparte de las dificultades técnicas del traslado, el principal escollo era el jurídico, por la Ley de Patrimonio Cultural y por la ubicación de las obras. “El conseller quería saber cómo cumplir la orden y le dije que no era fácil”, ha relatado. “Él me pedía qué debía hacer para devolver las piezas”, ha explicado. Por último, el jefe de gabinete de Puig al frente de la conselleria, Joaquim Bohils, ha explicado que al recibir el requerimiento del juzgado de Huesca, Puig pidió a los servicios jurídicos del departamento que la cuestión se arreglara y le fueran informando. Xavier Muñoz Puiggròs, abogado de la Generalitat que ha llevado todos los pleitos civiles de Sijena, ha argumentado que éste era un conflicto patrimonial en el que argumentaron de forma reiterada ante los tribunales aragoneses que la Generalitat no poseía las piezas y que quien lo hacía era el Museo de Lleida, una “entidad con personalidad jurídica propia”.

El TSJ catalán juzga en ausencia al exconseller Puig por el conflicto por unos bienes que todavía no se pueden visitar en Aragón ocho años después de su traslado
El TSJ catalán envía a juicio a dos exconsellers de Cultura por las obras de Sijena
Casi ocho después de los hechos, el primer juicio por la entrega de las obras de Sijena a Aragón se ha celebrado en poco más de cuatro horas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha juzgado, en ausencia, al exconseller de Cultura catalán, Lluís Puig, que permanece en Bélgica. La mayoría de los testigos han rechazado que el extitular de Cultura desobedeciera la orden judicial que le requería para entregar las piezas, lo que no ha impedido que la Fiscalía se reafirmara en pedir su inhabilitación.
Ante el TSJC ha quedado visto para sentencia este jueves el juicio contra Puig, acusado de desobedecer una orden de un juzgado de Huesca, que la Generalitat había recurrido, para que devolvieran bienes y obras al Monasterio de Sijena que permanecían en el Museo de Lleida. La causa ha tenido derivadas penales para Puig y su antecesor, Santi Vila, cuyo juicio será en junio.
Las obras terminaron entregadas a Sijena por la Guardia Civil en diciembre de 2017 tras un despliegue sin precedentes para sacarlas del Museo de Lleida. A día de hoy, el Monasterio sigue en obras y los bienes de la discordia no se pueden visitar.
La Fiscalía pide una condena de 5.940 euros de multa y de dos años de inhabilitación, para Puig, a quien acusa de un delito de desobediencia, igual que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa.
En un vídeo distribuido por Junts, Puig ha expresado su deseo de que el juicio por los bienes de Sijena “acabe bien” y pueda regresar al salón de plenos del Parlament como diputado. El exconseller ha sido juzgado en ausencia porque así lo permite la ley cuando el acusado se enfrenta a penas de menos de dos años de inhabilitación, como es su caso. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado que el juicio “vaya bien”, en una muestra de apoyo al exconseller.
Durante el juicio, varios cargos del departamento de Cultura de la Generalitat en el 2017 han asegurado que Puig quería cumplir la orden judicial de trasladar las obras de Sijena al monasterio aragonés, pero que quiso estudiar con profundidad la “complejidad” de la situación jurídica de los bienes. Su jefe de gabinete, la jefa de los servicios jurídicos, el director general de Patrimonio Cultural y el jefe de coordinación museística de la Generalitat han respaldado la tesis de la defensa, que reclama la absolución.
Según la versión de estos testigos, Puig recibió el requerimiento nada más ser nombrado conseller, en julio de 2017, y se interesó por los pasos a seguir para cumplirlo, pero no dependía de él porque el Museo era un consorcio del que también formaba parte el Obispado de Lleida. Hasta su cese no recibió otro requerimiento.
Josep Maria Boya Busquet, exdirector general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, ha declarado que el conseller recibió la citación judicial para devolver a Sijena las obras del Museo de Lleida dos días después de ser nombrado. Boya ha recordado que Puig le comentó que “quería estudiar con todo cuidado y detalle el dossier porque era de una grandísima complejidad y para intentar conciliar ambas legislaciones” y, en ningún caso, dijo, le manifestó una voluntad de desobedecer.
El exalto cargo ha destacado que tanto Vila como Puig “querían hacer las cosas conforme a derecho”, y ha recordado que todavía se podía recurrir la decisión judicial. Busquet ha subrayado que los bienes de Sijena estaban catalogados y que la Ley de Patrimonio Cultural es“muy clara sobre la unidad de la colección”.
Joan Rosàs, jefe de coordinación museística de la Generalitat, ha explicado que el día que llegó el requerimiento judicial, Puig le citó y hablaron durante una media hora. Aparte de las dificultades técnicas del traslado, el principal escollo era el jurídico, por la Ley de Patrimonio Cultural y por la ubicación de las obras. “El conseller quería saber cómo cumplir la orden y le dije que no era fácil”, ha relatado. “Él me pedía qué debía hacer para devolver las piezas”, ha explicado.
Por último, el jefe de gabinete de Puig al frente de la conselleria, Joaquim Bohils, ha explicado que al recibir el requerimiento del juzgado de Huesca, Puig pidió a los servicios jurídicos del departamento que la cuestión se arreglara y le fueran informando.
Xavier Muñoz Puiggròs, abogado de la Generalitat que ha llevado todos los pleitos civiles de Sijena, ha argumentado que éste era un conflicto patrimonial en el que argumentaron de forma reiterada ante los tribunales aragoneses que la Generalitat no poseía las piezas y que quien lo hacía era el Museo de Lleida, una “entidad con personalidad jurídica propia”.
“Como no estaban en manos de la Generalitat, no se le podía pedir que entregara algo que no poseía”, ha defendido. El letrado ha recalcado que puso en conocimiento del juzgado una resolución de la Audiencia de Huesca que reconocía que el Museo era quien poseía los bienes, pero que la juez de primera instancia lo desestimó.
A preguntas de la defensa, Muñoz ha afirmado que nunca ha recibido instrucciones políticas y que no conocía al conseller Puig. Tras el cese del conseller por 155, ha explicado que informó al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, de la situación del caso de Sijena y que éste le pidió tiempo para analizarlo.
Pilar Bayarri, jefe de los servicios jurídicos de Cultura, ha explicado que cuando recibieron el requerimiento del juzgado de Huesca el 7 de julio para entregar las obras antes del 25 de julio ella misma redactó un escrito entregado a la funcionaria en la que Puig decía que acababa de asumir el cargo y que quería estudiar el tema. En todo momento, ha insistido, Puig dijo que quería cumplir la resolución judicial, y así lo expuso en el escrito en el juzgado. De hecho, añadía que la cuestión era “compleja” y el expediente “voluminoso” y, por tanto, necesitaba tiempo para estudiar el asunto y “buscar la mejor forma de dar cumplimiento” a la orden judicial.
Por el contrario, Icíar Alcalá, la técnica del gobierno de Aragón designada por el juzgado de Huesca como perito responsable de la recepción de la entrega de los bienes de Sijena, ha valorado que la complejidad de efectuar el traslado de las piezas “era escasa” y que solo “se tenía que disponer de gente y de los medios de transporte”.