Los problemas se multiplican para Planas: a los aranceles se suman problemas con inspectores de pesca y veterinarios

El giro proteccionista de Donald Trump a la Casa Blanca se ha vuelto un auténtico dolor de cabeza para el sector agroalimentario, que incluye desde la producción agraria hasta la industria de alimentos representando alrededor del 10% PIB español. Sobre el alhambre 3.609 millones de euros en exportaciones agroalimentarias a este país en 2024, aunque los productos más afectados son el vino, el aceite de oliva, las legumbres y hortalizas, los productos de confitería (sin cacao) y el queso. Planas afirmó ayer que "seguía la mano tendida a la negociación para la eliminación mutua de todo tipo de arancel". Es decir, la aspiración de España es que también desaparezca el tipo universal del 10% que aplica el magnate a todas las importaciones. Si esta espada de Damocles no fuera suficiente, para una cartera tan compleja como Agricultura (tractoradas, negocicaciones agónicas en Bruselas...), el ministro Luis Planas debe afrontar también un conflicto laboral con los inspectores de pesca que se remonta al 3 de marzo y las protestas de los veterinarios contra el real decreto 666/2023, que "limita" la expedición de recetas a este colectivo.

Funcionarios en huelga... desde el marzo

Sobre los inspectores de pesca, un cuerpo de funcionarios formado por unos 180 funcionarios que trabajan en puertos de toda España y en Madrid, las fuentes consultadas esperan que la reunión de este martes sea decisiva para lograr una solución a un conflicto que está provocando honda preocupación en el sector pesquero. En concreto, hay preocupación por la marcha de la campaña del atún rojo en las almadrabas - las asociadas a la patronal Cepesca han declinado hacer comentarios a preguntas de este medio - y el proceso de certificación de los nuevos copos (los 3 últimos metros de las redes), necesario para que la flota del Mediterráneo pueda salir a faenar tras los nuevos recortes en los días de pesca impuestos desde Bruselas para 2025.

Las diferencias siguen girando alrededor de la introducción de un complemento específico que reconozca su disponibilidad 24 horas y que, desde sindicatos como Comisiones Obreras (convocante de los paros junto al vasco ELA), creen que apenas supondría un incremento salarial de 500 euros mensuales suponiendo un desembolso total de alrededor de un millón de euros. Las citadas fuentes destacan que la semana pasada representantes de la Secretaría General de Pesca y del Ministerio de Política Territorial (la otra cartera de la que dependen este colectivo) plantearon la creación de "una escala propia de inspectores de pesca" que, en su opinión, facilitaría la introducción del citado complemento aunque podría suponer algún cambio legal más.

Desde instancias sindicales creen que también "ayudaría al reconocimiento como profesión de riesgo y a la incorporación de coeficientes de reducción" adelantando las edades de jubilación. Los términos utilizados desde la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca (APIPES) son similares y coinciden en que la propuesta de una escala propia puede "abrir la puerta a modificar el complemento específico en el que incluir los horarios especiales, así como a que nos nombren profesión de riesgo". Sin embargo, desde APIPES esperan que hoy haya mayor concreción y se aporten cifras de cuánto podría alcanzar el citado complemento. Todos esperan mañana que se ponga sobre la mesa una propuesta concreta.

Polémica por la prescripción de medicamentos

Otro colectivo que también esta haciendo oír su voz en las últimos días, y que exige reunirse directamente con Planas, es el de los veterinarios quienes se concentraron ante el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. En el centro de sus reivindicaciones la eliminación del real decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de los medicamentes veterinarios. Una regulación que, sostienen desde organizaciones como la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) y la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) parte del denominado Comité de Crisis de profesión, limita sus capacidad prescripción y supone la introducción de barerras burocráticas que ven innecesarias como el uso obligatorio del sistema PRESVET "que resulta poco operativo". Lo que, concluyen, les restringe el acceso y distribución de los medicamentes con afectación sobre la salud de los animales y del resto de la sociedad.

Desde Agricultura, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria Ana Rodríguez, va a celebrar en los próximos días reuniones con organizaciones colegiales del ámbito veterinario y farmacéutico, además de con la industria de fabricación de medicamentos veterinarios y la distribución. El objetivo, según expresó el Ministerio a finales de la semana pasada, es "mejorar la apliación del real decreto" y añade que "tanto la legislación comunitaria como estatal permiten al colectivo dar el tratamiento de medicamentes adecuado a los animales". En este sentido, anuncian desde el departamento de Planas, que van a "clarificar el proceso de prescripción de un medicamentO veterinario y cómo resolver los problemas que se presentan en una clínica diaria". Todo ello, a través de una circular y una nota aclaratoria que trabajarán con las comunidades autónomas. En este sentido, defienden que los veterinarios pueden optar por lo que han denominado como "flexibilidades" de la prescripción ordinaria y al excepcional.

Los veterinarios piden cita con Planas

Desde el Comité de Crisis ya han rechazado lo que ven como "un trato injusto e inaceptable hacia nuestro colecivo prfesional". En un comunicado, se han declarado "preocupados y decepcionados" porque en su opinión el Ministerio de Agricultura tiene por prioridad "impedir que los veterinarios puedan suministra medicamentos para el tratamiento de los animales que están a su cargo". Para los representantes de los veterinarios el Ministerio les está apartando "en favor del sector farmacéutico en asuntos clave que afecctan directamente a nuestra profesión" y, añaden, que "solo" aceptarán reunirse directament con Planas "para abordar estos asuntos con la seguiredad y rigor que merecen". En este sentido, exigen que sea el Comité de Crisis Veterinario el interlocutor en este cara a cara y piden al Ministerio que se adopte un modelo homologable a otros países europeos "donde el profesional veterinario puede aplicar el tratamiento completo de medicamentos a los animales bajo su custodia".