Los amaños de la trama Gürtel en Arganda llegan a juicio 27 años después
La Audiencia Nacional acoge desde hoy el juicio a la trama Gürtel por el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey. Una trama de corrupción que se habría desplegado, según la investigación que el anterior instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, envió a juicio en 2019, entre 1998 y 2009, hace ya casi treinta años. Todavía queda, además de esta línea de investigación, otra última pieza de la causa por juzgarse, aunque sólo referida a delitos fiscales. Además de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, que acumula condenas por 92 años de prisión, también se sientan en el banquillo de los acusados el exalcalde popular de Arganda del Rey, Ginés López, empleados públicos de la localidad y el empresario de la construcción y expresidente de Martinsa, Fernando Martín. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que en 2019 presentaron Concepción Sabadell e Ignacio Stampa, el cabecilla de la red, Correa, habría convenido con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento desde 1998 y «mientras gobernaba el PP» en el municipio amañar la adjudicación de contratos para llevarse una comisión de los contratos, mismo procedimiento que habría seguido en otros municipios madrileños y valencianos. Tanto Correa como su mano derecha o número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, no llegarán esta vez a la Audiencia Nacional desde prisión, pues a ambos se les concedió el tercer grado penitenciario después de cumplir 10 años de cárcel por otras condenas. Según la Fiscalía, Correa, Crespo y el cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco, habrían convenido con el exalcalde llevarse una comisión de 25 millones de euros que habría abonado el empresario Martín por recibir unas parcelas en el municipio. En los años a la espera del juicio, el Ministerio Público ha llegado a conformidades con la mayoría de los 21 acusados de la causa, por lo que reconocerán los hechos para evitar entrar en prisión o reducir el tiempo de las condenas. Se espera que este hecho permita acortar el tiempo del juicio, cuyas sesiones se planificaron, en principio, hasta el mes de abril.
La Audiencia Nacional acoge desde hoy el juicio a la trama Gürtel por el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey. Una trama de corrupción que se habría desplegado, según la investigación que el anterior instructor de la Audiencia Nacional, José de la Mata, envió a juicio en 2019, entre 1998 y 2009, hace ya casi treinta años. Todavía queda, además de esta línea de investigación, otra última pieza de la causa por juzgarse, aunque sólo referida a delitos fiscales. Además de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, que acumula condenas por 92 años de prisión, también se sientan en el banquillo de los acusados el exalcalde popular de Arganda del Rey, Ginés López, empleados públicos de la localidad y el empresario de la construcción y expresidente de Martinsa, Fernando Martín. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que en 2019 presentaron Concepción Sabadell e Ignacio Stampa, el cabecilla de la red, Correa, habría convenido con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento desde 1998 y «mientras gobernaba el PP» en el municipio amañar la adjudicación de contratos para llevarse una comisión de los contratos, mismo procedimiento que habría seguido en otros municipios madrileños y valencianos. Tanto Correa como su mano derecha o número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, no llegarán esta vez a la Audiencia Nacional desde prisión, pues a ambos se les concedió el tercer grado penitenciario después de cumplir 10 años de cárcel por otras condenas. Según la Fiscalía, Correa, Crespo y el cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco, habrían convenido con el exalcalde llevarse una comisión de 25 millones de euros que habría abonado el empresario Martín por recibir unas parcelas en el municipio. En los años a la espera del juicio, el Ministerio Público ha llegado a conformidades con la mayoría de los 21 acusados de la causa, por lo que reconocerán los hechos para evitar entrar en prisión o reducir el tiempo de las condenas. Se espera que este hecho permita acortar el tiempo del juicio, cuyas sesiones se planificaron, en principio, hasta el mes de abril.
