Los 29 narcos entregados a EU y las ruinas de la justicia en México

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Los 29 narcos entregados a EU y las ruinas de la justicia en México

La narrativa se transforma. Ya no hay rastros de que aquella resistencia, prolongada en el tiempo, de que los criminales purgaran sentencias en las cárceles mexicanas o enfrentaran sus procesos, antes de ser extraditados a los Estados Unidos. 

Aunque nunca significó una suerte de ley labrada en piedra, ya que muchos capos terminaron ante las Cortes al norte del Río Bravo, con el “traslado” o “entrega” de 29 capos del narcotráfico, es un salto cualitativo de consecuencias aún inciertas. 

A decir del Departamento de Justicia, algunos de los capos, como Rafael Caro Quintero o Vicente Carrillo Fuentes, podrían enfrentar la cadena perpetua y, en su caso, la pena de muerte. 

Esto si es novedoso, aunque quién sabe si viable, porque nunca se extraditó a nadie que pudiera enfrentar semejantes castigos, ya que no están inscritos en las leyes nacionales. 

Se sostiene que, al ser una entrega, no aplicarían los candados respectivos, aunque hay que tener presente que eso se tendrá que determinar en los respectivos juicios que enfrentarán cada uno de los 29 expulsados. 

Hay que destacar que imperó la urgencia, es decir, se optó por invocar a la Ley de Seguridad Nacional para deshacerse de los abigarrados procedimientos jurídicos, dejando suspensiones de amparo sin efecto alguno.

Más allá de que se invoque a supuestas o ciertas liberaciones en puerta, que operarían desde el Poder Judicial, de jefes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Zetas y Familia Michoacana, lo evidente es que se les ofrendó para intentar saciar el apetito voraz de Donald Trump, quien ha sabido utilizar la debilidad de las autoridades mexicanas, en lo que se refiere a seguridad, para obtener prebendas y trofeos. 

En el corto plazo atestiguaremos si los traslados tienen incidencia en la propia estructura de los cárteles y en la emergencia de liderazgos alternativos, aunque muchos de los perfiles enviados a Estados Unidos son de quienes tuvieron una gran relevancia en el pasado, pero que no necesariamente la conservan en la actualidad.

Y ahí está una de las aristas inquietantes, porque el reclamo mayor tiene que ver con lo inmediato, con la producción y contrabando del fentanilo y ahí aún hay que hacer un trabajo extenuante.

Un tratamiento especial es el que merecerá Caro Quintero, buscado durante décadas por la DEA, porque lo responsabilizan del homicidio de Enrique El Kiki Camarena, asunto por el que fue sentenciado en México y por el que pasó una larga estancia en prisión, hasta que, por un tecnicismo legal, debido al fuero en que se le juzgó, alcanzó la libertad y fundó el cártel de Caborca, que comandó hasta resultó detenido de nueva cuenta.

Es factible, además, que, en el juicio respectivo, se reanimen versiones de colusión de altos funcionarios, de hace varios sexenios, no solo con la muerte del agente de la DEA, sino con la conformación de los mercados ilegales y sus redes de protección.  

Algo es seguro, estamos entrando en una nueva fase de la historia del narcotráfico, de su forma de combatirlo y de la presencia, revitalizada, de las agencias de seguridad de Estados Unidos en todo ese entramado.

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Julián Andrade