El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones de inmigrantes que, según su administración, representan una amenaza para la seguridad nacional. Esta norma permitiría expulsar a personas sospechadas de pertenecer a pandillas y cárteles sin necesidad de pasar por el sistema judicial de inmigración.

Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798

La Ley de Enemigos Extranjeros es parte de las Leyes de Extranjería y Sedición de 1798, promulgadas en un contexto de tensión entre Estados Unidos y Francia. Según su texto, el presidente de EE.UU. tiene la autoridad para detener y deportar a ciudadanos de países enemigos si se considera que representan una amenaza durante un conflicto bélico.

A lo largo de la historia, esta ley se invocó en tres ocasiones: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En esos momentos, según destacó Ahora Mismo, la norma se utilizó para restringir las libertades y deportar a inmigrantes alemanes, austrohúngaros, japoneses e italianos.

El plan de Donald Trump para acelerar las deportaciones

Desde su regreso al poder, Trump busca reflotar esta ley como parte de su estrategia de deportaciones masivas. Su argumento principal es que el sistema actual es lento y burocrático, mientras que la Ley de Enemigos Extranjeros permitiría eliminar a presuntos criminales de manera inmediata, sin necesidad de juicios migratorios.

“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro Gobierno que utilice el poder inmenso de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales”, declaró Trump en su segundo discurso inaugural, tal como consignó CNN.

Ley de Enemigos Extranjeros: quiénes pueden ser deportados

El principal grupo que podría verse afectado por esta medida es el de personas sospechadas de integrar el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que el gobierno de EE.UU. designó recientemente como organización terrorista extranjera. Según un funcionario de la Casa Blanca, “etiquetar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera fue el primer paso” para proceder con su expulsión de Estados Unidos.

Además de esta pandilla, Trump busca aplicar la ley a presuntos miembros de carteles de la droga y otras organizaciones criminales latinoamericanas. Sin embargo, expertos legales advierten que la medida podría utilizarse para deportar a inmigrantes sin antecedentes penales, basados únicamente en sospechas.

Juristas y defensores de los derechos civiles cuestionan la legalidad de esta estrategia. Argumentan que la ley fue concebida para tiempos de guerra y que, en la actualidad, Estados Unidos no se encuentra en conflicto con ninguna nación extranjera.

“No hay una invasión militar o una incursión depredadora militar perpetrada por una nación o gobierno extranjero”, explicó el abogado David Ebright a CNN. Por este motivo, consideró que utilizar la ley en este contexto incurriría en un abuso de autoridad.

Otro punto de debate es cómo debe considerarse a los cárteles y pandillas. Según analizó Jean Lantz Reisz, profesora de la Universidad del Sur de California, “un miembro de un cártel, un miembro de una pandilla no es un gobierno extranjero”.

Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la ley permite al presidente deportar a personas basado en su país de origen sin necesidad de pruebas ni juicio previo, lo que podría generar expulsiones arbitrarias y violaciones constitucionales. Por este motivo, legisladores demócratas presentaron un proyecto para derogar la norma, que en el pasado violó derechos civiles.