La UCO demuestra al juez que García Ortiz borró sus whatsapps el mismo día que el Supremo le imputó

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un nuevo informe al juez Ángel Hurtado del Tribunal Supremo que demuestra que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró sus mensajes de WhatsApp en dos ocasiones el 16 de octubre de 2023, el mismo día que la Sala Segunda decidió imputarle por un presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con la filtración de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los investigadores de la UCO han descubierto, además, que García Ortiz ha eliminado «recientemente» su cuenta personal de Gmail, un hecho que se suma a la destrucción de las conversaciones de WhatsApp y que podría ser relevante para la investigación en curso.

La causa contra el fiscal general del Estado se centra en la presunta filtración irregular de datos confidenciales relacionados con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El borrado de estas comunicaciones digitales le sitúa como un imputado que, de nuevo, quiere dificultar la investigación judicial. Cabe recordar que no quiere entregar su terminal móvil en desuso que no ha devuelto a la Administración pública.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo estudiará este martes los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el registro efectuado el pasado 30 de octubre en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación por la presunta revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Tres magistrados -Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres- deberán decidir si, como sostiene el Ministerio Público, se produjo una «vulneración de derechos fundamentales» que invalidaría tanto este registro como el realizado el mismo día en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

La decisión es crucial para el futuro de la causa, ya que gran parte de los indicios recabados por el instructor Ángel Hurtado se basan en el material incautado durante estos registros y su posterior análisis por la UCO. Durante la entrada en el despacho de García Ortiz, que se prolongó más de diez horas, los investigadores realizaron un volcado completo de sus dispositivos electrónicos, incluyendo dos teléfonos, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y varios USB.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha calificado el registro como «insólito» y sostiene que los autos que lo autorizaron «no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas». Además, advierte que la documentación incautada afecta a asuntos de «enorme trascendencia» cuya divulgación podría comprometer operaciones en curso.