El Gobierno y Junts escenificaron ayer su primer choque a propósito de la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso para que la Generalitat de Cataluña disponga de las «competencias estatales» en inmigración. Varios ministros, por un lado, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, por otro, hicieron declaraciones contradictorias en relación a si los inmigrantes que aspiren a regularizar su situación deberán acreditar un nivel mínimo de catalán. Según el texto, la Generalitat se convertirá en «ventanilla única» para autorizar, renovar y extinguir los permisos de residencia o estancia temporal y será esta administración la encargada de velar por los derechos y los deberes lingüísticos. A esta coletilla se agarran los de Carles Puigdemont para...
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