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Estos son los tres abogados que incomodan a Peinado y a los que busca multar en el 'caso Begoña'
La doble vara de medir del juez Juan Carlos Peinado es apreciable a cualquiera de los niveles que componen el caso. Mientras la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se filtraba hace meses (y no ha sido la única), el magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez apunta a los abogados que prestaron unas breves declaraciones a los periodistas que opinaron de forma mínima; o ni siquiera eso. Los nombres a los que Peinado pone en el centro de la diana se corresponden con la persona que ejerce la defensa de la mujer del responsable del Ejecutivo, Antonio Camacho; Marta Castro -representante de la defensa de Vox- y Javier María Pérez, homólogo en su caso en Hazte Oír. Hace un par de meses, el magistrado ya advertía a Camacho. Ahora vuelve a hacerlo en un resolución que data del 25 de febrero y en la que pide a RTVE que le envíe "todas las grabaciones de los programas emitidos en las cadenas RTVE1 y RTVE2 del día 18 de diciembre relacionadas con las actuaciones judiciales llevadas a cabo en esta sede judicial en dicho día 18, entre las 10:00 y las 17:00, que contuvieron declaraciones" de estas tres persona. Asimismo, el magistrado "apercibe" al ente de que, en el supuesto de que "en caso de no verificar" lo que le pide, podría estar incurriendo en un "delito de desobediencia a la autoridad judicial". Tal y como se ha expuesto, el pasado 13 de enero el juez ya firmó otra resolución para ordenar, en su caso también a Atresmedia y Telecinco que le remitiese "una copia de las grabaciones" que "fueran emitidas y que contuvieran declaraciones" de los tres abogados. En aquel dictamen, el instructor emplazaba igualmente a los letrados a que expusieran si "realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial" el pasado 18 de diciembre. Posible castigo de 100.000 euros El detonante se produjo después de la declaración de Gómez, cuando pasó de reflejar una molestia evidente a con estas personas a la práctica. De esta manera, abrió una "pieza de imposición de multas coercitivas" o, lo que es lo mismo, se abría la puerta a la posibilidad de que los implicados pudieren pagar 100.000 euros. Después de terminar el interrogatorio de la mujer de Sánchez, comparecieron ante la prensa siendo éste el objeto de crítica por parte de Peinado. En lo que respecta a Camacho, éste se limitó a exponer la posición de su cliente, quien negó los cuatro delitos que le atribuye: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Mientras que su abogado siempre ha insistido en su defensa, los defensores de las otras partes consideraron su culpabilidad, pero el volumen parece igualmente insuficiente para lo que pide Peinado. "Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido", dijo Roldán; mientras que Castro apostilló que era la "tercera declaración" y "seguimos con preguntas que no se han contestado". Aquella declaración de Gómez, tras la...
La doble vara de medir del juez Juan Carlos Peinado es apreciable a cualquiera de los niveles que componen el caso. Mientras la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se filtraba hace meses (y no ha sido la única), el magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez apunta a los abogados que prestaron unas breves declaraciones a los periodistas que opinaron de forma mínima; o ni siquiera eso. Los nombres a los que Peinado pone en el centro de la diana se corresponden con la persona que ejerce la defensa de la mujer del responsable del Ejecutivo, Antonio Camacho; Marta Castro -representante de la defensa de Vox- y Javier María Pérez, homólogo en su caso en Hazte Oír. Hace un par de meses, el magistrado ya advertía a Camacho. Ahora vuelve a hacerlo en un resolución que data del 25 de febrero y en la que pide a RTVE que le envíe "todas las grabaciones de los programas emitidos en las cadenas RTVE1 y RTVE2 del día 18 de diciembre relacionadas con las actuaciones judiciales llevadas a cabo en esta sede judicial en dicho día 18, entre las 10:00 y las 17:00, que contuvieron declaraciones" de estas tres persona. Asimismo, el magistrado "apercibe" al ente de que, en el supuesto de que "en caso de no verificar" lo que le pide, podría estar incurriendo en un "delito de desobediencia a la autoridad judicial". Tal y como se ha expuesto, el pasado 13 de enero el juez ya firmó otra resolución para ordenar, en su caso también a Atresmedia y Telecinco que le remitiese "una copia de las grabaciones" que "fueran emitidas y que contuvieran declaraciones" de los tres abogados. En aquel dictamen, el instructor emplazaba igualmente a los letrados a que expusieran si "realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial" el pasado 18 de diciembre. Posible castigo de 100.000 euros El detonante se produjo después de la declaración de Gómez, cuando pasó de reflejar una molestia evidente a con estas personas a la práctica. De esta manera, abrió una "pieza de imposición de multas coercitivas" o, lo que es lo mismo, se abría la puerta a la posibilidad de que los implicados pudieren pagar 100.000 euros. Después de terminar el interrogatorio de la mujer de Sánchez, comparecieron ante la prensa siendo éste el objeto de crítica por parte de Peinado. En lo que respecta a Camacho, éste se limitó a exponer la posición de su cliente, quien negó los cuatro delitos que le atribuye: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. Mientras que su abogado siempre ha insistido en su defensa, los defensores de las otras partes consideraron su culpabilidad, pero el volumen parece igualmente insuficiente para lo que pide Peinado. "Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido", dijo Roldán; mientras que Castro apostilló que era la "tercera declaración" y "seguimos con preguntas que no se han contestado". Aquella declaración de Gómez, tras la...
