Errejón recurre la última decisión del juez para evitar que los datos de su móvil acaben en la prensa
El exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha recurrido una de las últimas diligencias acordadas por el juez que le investiga por presunta agresión sexual , Adolfo Carretero, contra la actriz Elisa Mouliaá, para evitar que datos íntimos de su móvil acaben en la prensa. La acusación popular de la causa, ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (ADIVE) solicitó al instructor pedir a la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional analizar los «terminales informáticos» de la denunciante y el denunciado para comprobar pantallazos y conversaciones entre ambos aludidos en sus comparecencias en sede judicial. Para la defensa de Errejón, la decisión del juez de dar el visto bueno a dicha diligencia implica el «volcado y clonado» del móvil del exparlamentario, una medida que consideran nula por innecesaria, injustificada y desproporcionada para el fin que se busca en la causa. Su abogada, Eva Gimbernat, que recurre la «invasiva» diligencia ante el propio juez, considera que la medida afectará a la intimidad del investigado y advierte de que puede implicar que sus conversaciones personales, que afectan a terceras personas, acaben en la prensa. Más aún, después de la «mediatización» de las declaraciones de Mouliaá y Errejón en sede judicial. «Es evidente que el volcado del dispositivo de mi representado implicará el copiado de mensajes, fotografías y demás archivos que versen sobre asuntos familiares, amistades, personales, políticos, o incluso médicos, que ninguna relación tienen con la presente causa. Y, sin embargo, el volcado convertirá estos datos en totalmente accesibles a agentes policiales y a las partes intervinientes en este proceso», avanza. La abogada ve una «absoluta ausencia de justificación en el escrito de ADIVE, la gravísima filtración producida de las declaraciones judiciales practicadas en esta sede judicial y la constante presencia televisiva del letrado de la acusación popular (y particular) que interesa esta medida hiper-invasiva, hacen sospechar de si el verdadero fin de la diligencia probatoria que solicita es el esclarecimiento de los hechos investigados o la continua mediatización y revelación pública de intimidades del presente proceso y de la vida de mi representado».
El exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha recurrido una de las últimas diligencias acordadas por el juez que le investiga por presunta agresión sexual , Adolfo Carretero, contra la actriz Elisa Mouliaá, para evitar que datos íntimos de su móvil acaben en la prensa. La acusación popular de la causa, ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (ADIVE) solicitó al instructor pedir a la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional analizar los «terminales informáticos» de la denunciante y el denunciado para comprobar pantallazos y conversaciones entre ambos aludidos en sus comparecencias en sede judicial. Para la defensa de Errejón, la decisión del juez de dar el visto bueno a dicha diligencia implica el «volcado y clonado» del móvil del exparlamentario, una medida que consideran nula por innecesaria, injustificada y desproporcionada para el fin que se busca en la causa. Su abogada, Eva Gimbernat, que recurre la «invasiva» diligencia ante el propio juez, considera que la medida afectará a la intimidad del investigado y advierte de que puede implicar que sus conversaciones personales, que afectan a terceras personas, acaben en la prensa. Más aún, después de la «mediatización» de las declaraciones de Mouliaá y Errejón en sede judicial. «Es evidente que el volcado del dispositivo de mi representado implicará el copiado de mensajes, fotografías y demás archivos que versen sobre asuntos familiares, amistades, personales, políticos, o incluso médicos, que ninguna relación tienen con la presente causa. Y, sin embargo, el volcado convertirá estos datos en totalmente accesibles a agentes policiales y a las partes intervinientes en este proceso», avanza. La abogada ve una «absoluta ausencia de justificación en el escrito de ADIVE, la gravísima filtración producida de las declaraciones judiciales practicadas en esta sede judicial y la constante presencia televisiva del letrado de la acusación popular (y particular) que interesa esta medida hiper-invasiva, hacen sospechar de si el verdadero fin de la diligencia probatoria que solicita es el esclarecimiento de los hechos investigados o la continua mediatización y revelación pública de intimidades del presente proceso y de la vida de mi representado».
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