El Gobierno lleva al Constitucional la negativa de Aragón a aportar sus datos sobre cuántos menores migrantes acoge

El Gobierno central ha dado este martes un golpe sobre la mesa en relación con la reubicación de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo ha llevado ante el Tribunal Constitucional (TC) la negativa de Aragón de aportar datos sobre los niños y adolescentes extranjeros que acoge, tal y como mandata el nuevo decreto convalidado en el Congreso hace un mes. Se trata del primer contraataque de la Moncloa al rechazo de las comunidades gobernadas por el PP al sistema de reubicación de los 4.400 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, según establece la reforma de la ley de extranjería.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia detallan a 20minutos que lo interpuesto este miércoles es un "conflicto de competencias" contra el Gobierno de Aragón, "porque no ha atendido las exigencias derivadas de la aplicación del real decreto". Esta comunidad fue la única que no aportó las cifras que pidió la ministra Sira Rego para dimensionar los sistemas de acogida de cada región y hacer un cálculo de a cuántos menores les corresponderá acoger a cada autonomía para aliviar la situación de Canarias y Ceuta. No lo hizo en el primer plazo marcado, que venció el 31 de abril; y tampoco lo ha hecho después de que el ministerio volviese a solicitar formalmente a las comunidades una corrección de los datos sobre la acogida de niños y adolescentes migrantes en la última Sectorial de Infancia.

Así lo ha denunciado también la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a ese recurso. "El decreto fue aprobado el 18 de marzo y, por tanto, es de obligado cumplimiento para todos los territorios", ha señalado. Para el Ejecutivo, el Gobierno de Aragón está incumpliendo con una ley ya en vigor y también con el "deber de colaboración" entre comunidades que establece la Constitución. Según Infancia, la consejera Carmen Susín ha expresado desde el primer momento su negativa a cumplir con la reforma, ya que reiteró en más de una ocasión que su gobierno "no va a colaborar" en el reparto de menores migrantes no acompañados.

"Esperamos que el Gobierno de Aragón cumpla con sus obligaciones legales y remita el dato del número máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos en el año 2024, así como el resto de datos que derivan del Real Decreto-ley 2/2025 con el objetivo de determinar la capacidad ordinaria del sistema para la adecuada protección y tutela de los menores de edad no acompañados", subrayan desde el departamento de Sira Rego, donde defienden también que "no hay ninguna razón para no cumplir con esta acogida solidaria, más allá de la dependencia de Vox y de su agenda racista".

Mientras tanto, el tribunal de garantías debe pronunciarse también sobre los otros recursos interpuestos por las comunidades autónomas del Partido Popular a este mismo decreto. Aunque, según insisten desde el Ejecutivo, mientras no haya un fallo, la ley sigue en vigor y, por ende, debe cumplirse.

Aragón defiende que le ampara la ley

Por su parte, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha asegurado que el Gobierno central no les ha notificado formalmente la interposición de este recurso de inconstitucionalidad y ha defendido la posición de su ejecutivo. "Creemos que el Gobierno de España está incumpliendo la ley y Aragón se defiende del Gobierno de Pedro Sánchez, que está conculcando el principio de igualdad con los criterios para el reparto de menores no acompañados, delegando la política de inmigración a Junts", ha subrayado en rueda de prensa.

Tal y como ha explicado, el Gobierno de Jorge Azcón no permitirá "que se conculque el principio de igualdad" y por ello ha recurrido también el decreto al Constitucional, con la seguridad de que les ampara la ley. "Estamos esperando las resoluciones", ha concluido.