La firma de Daniel Alberto Rivera, ex alto cargo de la Junta socialista de Andalucía, figuró en las órdenes de pago de docenas de EREs, pero fue excluido del juicio principal. Ahora está inculpado en 60 piezas separadas de la macrocausa y se enfrenta a una petición fiscal de entre 250 y 300 años de cárcel por el desvío de 54 millones de euros. Viendo que el Tribunal Constitucional indultó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán y revisó las condenas otra decena de socialistas, Rivera pide clemencia por sentirse el cabeza de turco: «Es un disparate procesal».
La Audiencia de Sevilla arrancó este lunes un nuevo juicio contra quien fuera director general de Trabajo y Seguridad Social en la Consejería andaluza de Empleo, epicentro de los ERE. Su situación es, cuando menos, paradójica: apenas estuvo dos años en el cargo (2010-2012, con Griñán al frente de la Junta), pero ahora se pasa la vida entrando y saliendo de los tribunales.
Por el momento acumula dos condenas que suman cinco años de prisión y siete años de inhabilitación: una por las ayudas a Industrias Elizana, empresa con sede en Lucena (Córdoba) dedicada a la fabricación de muebles que recibió ilegalmente 975.000 euros, y otra por las ayudas a Surcolor y Surcolor Óptica, empresas del sector óptico y la serigrafía industrial afincadas en Sevilla a las que el Gobierno andaluz inyectó 985.000 euros.
Además de los ex presidentes Chaves y Griñán, la Audiencia de Sevilla condenó a los consejeros andaluces Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo y cifró el desfalco en casi 680 millones de euros. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, pero el Constitucional de Cándido Conde-Pumpido reescribió el caso y lo devolvió al tribunal de origen.
La Audiencia de Sevilla dictó que los ex altos cargos de la Junta que ya fueron juzgados en la causa matriz no debían sentarse otra vez en el banquillo en cada una de las piezas separadas. Caso contrario es el de Rivera: su defensa considera que sufre una «insoportable exasperación de banquillo» por el «disparate procesal» que supuso apartarlo de la pieza principal del caso.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial afronta ahora otro juicio en su contra por las ayudas que la Junta concedió a la empresa malagueña Fabricantes de Encimeras para Europa. El empresario beneficiario se ha librado porque ni se reunió con Rivera ni sabía que las subvenciones eran (presuntamente) ilegales.
Rivera ve un «trato desigual»
La abogada de Rivera ha solicitado la nulidad de las actuaciones contra su cliente porque fue excluido de la pieza troncal de los ERE y considera que en los juicios que ahora encara se juzgan «estos mismos hechos», pero de forma individual.
Haciendo cálculos (Rivera está inculpado en 60 piezas separadas, con una petición media de pena de entre cuatro y seis años de cárcel), el ex alto cargo de Griñán podría ser condenado a «250 o 300 años» de prisión, según apunta su defensa, que ve un «palmario trato desigual y discriminatorio».
A este respecto, la abogada ha recordado que siguiendo el principio non bis in idem –que impide enjuiciar y castigar dos veces a una persona por los mismos hechos–, otros acusados en la causa matriz del caso ERE están siendo «sistemáticamente excluidos» de las piezas desgajadas. La Fiscalía y las acusaciones (la Junta de Andalucía y el PP andaluz), por su parte, niegan cualquier infracción de este principio.
La defensa destaca que Juan Márquez, antecesor de Rivera en el cargo, firmó ayudas por 80 millones de euros y sí se sentó en el banquillo en la causa principal: fue condenado a siete años de cárcel y el Supremo lo dejó en tres. En el caso que se juzga desde este lunes por las ayudas a la empresa de encimeras, Márquez autorizó la concesión de las mismas en marzo de 2010, aunque fue Rivera, un mes después, cuando cogió el testigo de la Dirección General de Trabajo, quien firmó la «primera orden de pago». La abogada ve una «gestión muy similar» entre ambos, pero un «trato distinto».
Cabe recalcar Márquez sí fue condenado por las ayudas ilegales a Acyco, aunque luego fue absuelto por el Supremo en virtud del citado principio non bis in idem. Actualmente se encuentra en prisión por la red de enchufes del caso Umax.
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