El asesor municipal que quiso hacer de Salamanca un 'nuevo Dubái' con teleférico y planetario, al banquillo por falsedad

Más de dos años después de la celebración del congreso de ‘Peace City World’ en Salamanca, que quería convertir la ciudad en una 'nueva Dubai', nada se ha materializado y nada ha cambiado. De ese gran proyecto estaba encargado el asesor del Ayuntamiento de Salamanca José María Fuentes, quien fue cesado cuando la fastuosidad de las propuestas presentadas saltaron a los medios por extravagantes y se expuso que falsificó un título universitario de Licenciatura en Economía.

José María Fuentes era la cara visible de la empresa Peace City World, una sociedad inactiva y sin capital desembolsado —como publicó elDiario.es— que promovía una supuesta inversión de 15.000 millones de euros en la ciudad planeando nuevos barrios, un teleférico, un planetario y un tranvía. El asesor municipal, que cobraba 57.354 euros anuales según su contrato, actuó de enlace con la empresa ante el Ayuntamiento de Salamanca.

El cese de Fuentes —también el de su principal valedor y amigo, el entonces concejal de Turismo por Ciudadanos, Fernando Castaño— se produjo como consecuencia de haber presentado un título universitario falsificado, como adelantó Salamanca24horas. Este miércoles arranca el juicio oral en la Audiencia Provincial de Salamanca por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial —en concurso medial— y por otro delito de estafa, tipificados en los artículos 390, 392, 248, 249 y 250 del Código Penal.

El Ayuntamiento pide dos años de cárcel

La Fiscalía pide para él dos años por cada delito, mientras que la Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca, que pertenece al Ayuntamiento, solicita un año y dos meses por cada uno. Además, Fiscalía y acusación particular reclaman una multa, afrontar las costas procesales y una cuantía de casi 140.000 euros como responsabilidad civil por el sueldo que no debió haber percibido durante tres años.

Dentro del Pliego de Cláusulas Administrativas, al que elDiario.es ha tenido acceso, se recogía la necesidad de presentar “los títulos académicos y profesionales del empresario individual o empresario jurídico y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato y técnicos encargados directamente de la misma”.

Según la Fiscalía Provincial de Salamanca, el investigado habría creado supuestamente desde cero varios documentos oficiales con el objetivo de simular estar en posesión del título de Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca. Entre los documentos falsificados se incluyen un supuesto recibo de pago de tasas universitarias, fechado en 1997 y con la firma falsificada de una secretaria de facultad, así como un certificado académico manipulado con asignaturas y calificaciones que no había superado.

La acusación sostiene que ambos documentos fueron manipulados y señala que el investigado cambió las calificaciones originales, que incluían “67 asignaturas suspendidas y 191 con la anotación 'no presentado'”, por un listado en el que todas aparecían como aprobadas.

Estos documentos, según señala el escrito de la acusación pública, fueron presentados ante la entidad pública en junio de 2020, como requisito para formalizar su contratación. Fueron compulsados por una directora gerente de la Sociedad de Turismo, quien estampó el sello institucional sobre las fotocopias que afirmaban ser reflejo de los originales, lo que permitió que el acusado iniciara su relación laboral con la entidad pública.

El contrato, adjudicado tras un proceso de licitación pública, se formalizó para el puesto de “asesor externo, especializado en proyectos estratégicos y contacto con posibles inversores para internacionalización”. El acusado ejerció sus funciones desde el 20 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, percibiendo un total de 135.090 euros en concepto de nóminas, cantidad que ahora se reclama como responsabilidad civil.

Devolución íntegra de los 135.090 euros cobrados

La Sociedad Municipal de Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca acusa a Fuentes de falsificar su expediente académico y un justificante de tasas universitarias para acceder de forma fraudulenta a un contrato público como asesor externo. La sociedad, de capital 100% municipal, reclama la devolución íntegra de los 135.090 euros cobrados y pide dos condenas de prisión por falsedad y estafa.

Para la acusación, Fuentes “no pudo obtener el título universitario de Licenciado en Economía”, por lo que el acusado construyó “una ficción documental” para hacerse con el contrato, según refleja asegura el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es. Gracias a estos documentos, el exasesor firmó un contrato de tres años (de 2020 a 2022), por un valor de 47.400 euros anuales, IVA no incluido.

La denuncia partió tanto del Ayuntamiento de Salamanca como de la propia Sociedad de Turismo, y fue motivada por informaciones aparecidas en la prensa que señalaban que el asesor no estaba titulado. La Universidad de Salamanca también colaboró con la investigación y comunicó los hechos a la Fiscalía.

La acusación subraya que el delito no es menor, ya que “la falsedad tuvo una enorme trascendencia en el tráfico jurídico” al permitir una contratación pública basada en documentos no verídicos. Además, la Fiscalía ha solicitado la formación de una pieza separada para investigar el patrimonio del acusado y garantizar el posible pago de las responsabilidades económicas, mediante la exigencia de la fianza de 135.090 euros.

Un sueño efímero de hacer en Salamanca una 'nueva Dubai'

El caso del exasesor supuso el fin de la 'nueva Dubai' y levantó una crisis entre el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos y que el alcalde, Carlos García-Carbayo (PP), pasase de ser defensor del proyecto del 'Peace City World' a mostrarse radicalmente en contra con la vista puesta en las elecciones municipales, que ganó con mayoría absoluta al desaparecer Ciudadanos del consistorio.

El amago de crear una 'nueva Dubái’ en tierra charra venía de la mano de una empresa con supuesto capital de origen árabe. Estos promotores celebraron un congreso para presentar un proyecto de inversión de entre 10.000 a 15.000 millones para dar a Salamanca una segunda ‘edad de oro’. 

Este plan surrealista de supuestos ‘jeques’ —que presentó un modelo con nuevos barrios, teleférico, planetario o 30 paradas de tranvía— se desmontó gracias a la información que se fue conociendo gracias a los medios de comunicación y que acabó precipitándose cuando se descubrió la falsificación del título académico.

El alcalde de Salamanca pasó de señalar la “ilusión” del proyecto cuando se celebró el congreso a pedir que se concretara y “hablar de realizaciones”. Tras saltar el caso, y tras informaciones de elDiario.es sobre que la empresa que había detrás se localizaba en una dirección de Londres donde han figurado otras empresas que han aparecido en investigaciones mundiales sobre sociedades offshore, además de no contar con ningún capital desembolsado pese a fundarse en 2019, comenzaron las dudas en el alcalde Carbayo, que acabó de desmarcarse cargando contra el exasesor y el exconcejal que promovieron el congreso.

Tras conocerse el caso, hubo empresas que se desvincularon de Peace City World pese a que aparecían en su web, como es el caso del grupo constructor y de servicios FCC, que negaba conocer el proyecto y a sus promotores y que requirieron a Peace City World que quitasen su imagen y que expliquen las razones de su colocación.

La otra organización española que aparecía era la Fundación Metrópoli, con sede en Alcobendas (Madrid) y fundada por el arquitecto y urbanista Alfonso Vegara. Su nombre fue deslizado por los promotores del ‘Dubái salmantino' como quien se encargaría de realizar el desarrollo urbanístico. El arquitecto Alfonso Vegara y Fundación Metrópoli aparecían como asesor y socios de desarrollo dentro de la web de Peace City World. Desde la Fundación Metrópoli aseguraron entonces que “debe de haber algún malentendido porque, aunque Alfonso Vegara aparezca en esa página web como asesor, en realidad no está involucrado en ese proyecto”. Asimismo, la compañía también figuraba como socio de desarrollo, algo que también desmintieron.

El Ayuntamiento de Salamanca se vio obligado a crear una comisión de investigación sobre el escándalo, aunque el PP y Ciudadanos le dieron rápido carpetazo mientras la oposición les acusaba de haberla entorpecido y de haberla cerrado “en falso”. Apenas duró tres sesiones sin aclarar prácticamente nada.