El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo el pasado 27 de febrero un operativo de cumplimiento laboral en Jumbo Meat Market, un supermercado en Filadelfia. Como resultado, cuatro ciudadanos brasileños fueron arrestados bajo cargos administrativos por no contar con estatus legal para ingresar o permanecer en EE.UU., o por haber violado los términos de su admisión legal en ese país.

Las declaraciones de ICE sobre la redada en Jumbo Meat Market de Filadelfia

Edward V. Owens, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Filadelfia, señaló en el comunicado oficial que estos operativos son esenciales para garantizar la aplicación de las leyes laborales de EE.UU.

“La aplicación de la ley en lugares de trabajo no solo refuerza la normativa, sino que también protege los derechos de los trabajadores legales y fomenta la equidad para las empresas que cumplen con las regulaciones”, afirmó Owens. Además, enfatizó el compromiso del ICE en identificar a empleadores que contratan a personas sin autorización para trabajar.

La política de ICE sobre inmigración y seguridad nacional: ya no persiguen solo a criminales

El ICE indicó que, si bien su prioridad aún es la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional, cualquier persona en situación migratoria irregular que sea encontrada durante una operación de cumplimiento podrá ser detenida y procesada para su remoción, conforme a lo establecido por la ley migratoria de Estados Unidos.

Los requisitos legales para los empleadores en EE.UU.

De acuerdo con la normativa federal, los empleadores en Estados Unidos están obligados a verificar la identidad y la elegibilidad laboral de cada persona que contratan. Además, deben llenar el Formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo. El ICE implementa inspecciones del I-9 como parte de su estrategia para garantizar el cumplimiento de las leyes de empleo y prevenir la contratación ilegal.

Sanciones para empleadores que contratan inmigrantes ilegales en Estados Unidos

De acuerdo con el Manual para Empleadores M-274 del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), los empleadores que contraten a personas que no cuentan con autorización para trabajar en EE.UU. pueden enfrentar diversas sanciones civiles y penales.

El DHS puede imponer como sanciones civiles multas económicas en los siguientes casos:

• Por contratar o continuar empleando a sabiendas a un trabajador no autorizado: se emiten sanciones monetarias por cada infracción.
• Por incumplimiento con los requisitos del Formulario I-9: las empresas que no completen, retengan o pongan a disposición los formularios para inspección pueden ser multadas. El monto se determina considerando factores como el tamaño de la empresa, la gravedad de la violación y el historial de infracciones.
• Por exigir indemnización a empleados: si un empleador obliga a un trabajador a pagar una multa derivada de una infracción migratoria, puede ser sancionado con otra multa monetaria y la obligación de devolver el pago indebido.

Además, si un empleador incurre en infracciones de manera repetida, el fiscal general puede solicitar medidas judiciales como órdenes de cese y desistimiento o sanciones adicionales.

Los empleadores pueden enfrentar consecuencias más severas si incurren en las siguientes prácticas:

• Participar en un patrón o práctica de contratación ilegal: quienes sean declarados culpables de hacerlo después del 6 de noviembre de 1986 pueden enfrentar multas y hasta seis meses de prisión.
• Cometer fraude documental: el uso de documentos de identificación falsificados o expedidos legalmente a otra persona, así como hacer declaraciones falsas para la verificación de elegibilidad de empleo, puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión.

El DHS emite una Notificación de Intención de Multa (NIF, por sus siglas en inglés) a los empleadores antes de aplicar sanciones. Si no se solicita una audiencia en un plazo de 30 días, la decisión ya no puede ser apelada.